El profesor universitario David Skeel, quien es miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF), no titubeó en afirmar que el ente federal a cargo de las finanzas de la Isla es antidemocrático, sin embargo, defendió su existencia porque, a su entender, son capaces de tomar decisiones que el Gobierno electo por el pueblo no puede.

Más aún, a diferencia de los procedimientos similares suscitados en las juntas fiscales de Nueva York, Detroit y Washington D.C. --según ejemplificó-- la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) tambien habilitó un proceso de quiebra previamente inexistente para Puerto Rico.

'Las juntas de supervisión son antidemocráticas, estoy de acuerdo, pero tienen su propósito irresistible. Cuando una entidad cae en un estado de dificultad financiera como Puerto Rico, cuando hay problemas de gobernanza y hay disfunción en sistema político, pues la junta está ahí para ser temporera y ha ayudado a resolver más problemas de los que ha creado', señaló Skeel, por videoconferencia.

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'Algunas veces, las juntas toman decisiones que los oficiales democráticamente electos no son capaces de tomar por x o y razón', añadió el profesor de Derecho Corporativo.

Skeel fue uno de los participantes del foro que abordaba la viabilidad de Promesa y los procesos de reestructuración de la deuda y revitalización económica, creado por la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Junto a el se encontraba la exsecretaria del Departamento de Hacienda, la licenciada Melba Acosta Febo, el economista Francisco Catalá, y el presidente del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Fernando Lloveras San Miguel.

En su intervención, reiteró que el alcance de sus poderes, en lo que a la JCF respecta, es limitado en comparación con las entidades que encabezaron la economía de estados como Nueva York.

Sus capacidades principales, entonces, son aprobar planes fiscales y reestructurar la deuda pública bajo el Título III, una que sobrepasa los $70,000 millones.

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'Nosotros no tenemos tantos poderes como otras juntas. El Congreso [de los Estados Unidos] fue muy cuidadoso', aseguró.

El establecimiento en Puerto Rico de una junta, aludió, se debió a dos corrientes populares en los Estados Unidos: el uso de entidades de supervisión como respuesta a una ciudad con dificultades, y el uso de la bancarrota como mecanismo para resolver dichos problemas financieros.

Entre lo demás que Skeel mencionó se encuentra el destaque de la UPR y la Autoridad de Energía Electrica (AEE) como corporaciones públicas claves para el desarrollo económico de la Isla. Por eso, defendió el intento de la JCF de implementar un Oficial de Transformación en la agencia, propuesta que fue denegada por la jueza Laura Taylor Swain.

Al igual que el, Acosta Febo tambien subrayó el lado positivo de la Ley Promesa, al destacar que ha sido la única manera en que Puerto Rico ha tenido acceso a un proceso de quiebra.

'La Junta de Control Fiscal fue el precio que Puerto Rico tuvo que pagar para poder reestructurar su deuda', delineó.

La licenciada vaticinó múltiples visitas a los tribunales por parte del Gobierno y la JCF, puesto que en la actualidad se encuentran en un terreno de amplias diferencias. Su mejor propuesta estriba en que ambos grupos deben buscar áreas de consenso para trabajar por el bien de Puerto Rico.

Igualmente, afirmó que, de no estar Promesa, la AEE no estaría en posición de rendir su servicio principal --proveerle energía electrica a los residentes de la Isla-- por sus problemas fiscales y con los bonistas.

Y es que la ley federal vino acompañada de un 'stay' en los litigios.

'La herramienta está ahí y no es perfecta, solo que hay que aprender a usarla con celeridad', expresó Acosta Febo.