El desacuerdo entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) tras las especificaciones del Plan Fiscal para Puerto Rico se ha sacado de proporción, según expertos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Del mismo modo, las expresiones disidentes de Ana Matosantos, quien forma parte del ente federal, deben ser tomadas con mayor seriedad por su experiencia en territorios bajo crisis fiscales.

A esta conclusión llegaron el economista Juan Lara y al director del Departamento de Ciencia Política del Recinto de Río Piedras de la UPR, Alex Betancourt, en el programa 'Hilando Fino Desde las Ciencias Sociales', transmitido a traves de Radio Universidad.

'La realidad es que la distancia entre la Junta y el gobernador no es tan grande. El plan que la Junta acaba de certificar es el del gobernador y un poquito más. Por eso creo que se está sacando de proporción la lucha entre ambos', señaló Lara como parte de su intervención.

Como argumento, ambos se sustentaron en que el documento certificado el pasado jueves por la JCF y el presentado por el Primer Ejecutivo en gran medida son la misma cosa.

Las diferencias más marcadas, aludieron, pueden verse en los recortes para la UPR y las pensiones.

En la institución educativa, el ente federal propuso la duplicación del costo de matrícula para el año fiscal 2019, toda vez que se trastoca el sistema de retiro de la institución y se consolidarían recintos y sus operaciones.

En cambio, la UPR pretendía imponer un aumento paulatino a la matrícula que se detendría en $140, contrario a los $157 del ente federal.

En cuanto a las pensiones, la JCF certificó un recorte de 10% a las pensiones mayores de $1,000, cosa con la que el gobierno local nunca estuvo de acuerdo.

Fuera de eso, estimaron los expertos, los planes tenían un 80% de similitud, así que la discrepancia debía ser más que política. No obstante, el moderador del programa, el profesor Jose Javier Colón Morera, cuestionó el hecho de que tanto el Gobierno como la JCF cuentan con diversas estrategias para lidiar con la falta de consenso, pero 'parece que ninguno de los dos quiere llegar al tribunal'.

Desde la certificación del Plan Fiscal elaborado por la JCF, tanto el presidente del ente, Jose Carrión, como Rosselló Nevares han hecho hincapie por separado que no les toca a ellos ir al tribunal para hacer valer las decisiones aprobadas.

Carrión sí mencionó en una entrevista televisada que dejaría el caso en manos de sus abogados, pero en vivo, y tras las reuniones más recientes de la JCF celebradas en el Centro de Convenciones, puntualizó que no le toca ir al tribunal.

Por otra parte, Betancourt destacó que el voto en contra de Matosantos para la aprobación del Plan Fiscal 'rompió fila' con la JCF, pues en ocasiones anteriores se le vio junto a Carrión III como la cara del ente, especialmente ante la prensa.

'Rompió fila en ese momento y en el contexto particular. Lo que hizo allí no son preguntas capciosas, sino preguntas con respecto a esas proyecciones de que no está confiada con esas medidas', afirmó el profesor.

Matosantos tambien se abstuvo de votar sobre los planes fiscales de la UPR y de la Autoridad de Carreteras, lo cual rompió la racha de unanimidad en las votaciones del ente federal.

'Ella está diciendo que esto es demasiado sacrificio para poco beneficio. Lo que yo entiendo es que ella cree que [la ley] Promesa va a fracasar. Fracasar sería tomar medidas estructurales y no lograr los objetivos de la ley. No lograr un acuerdo con los acreedores', ripostó Lara.

A esos fines, Lara alegó que las proyecciones económicas del Plan Fiscal no son razonables, puesto que ningún ente puede desarrollar números precisos, más aún cuando se parte de una economía decaída acabada de salir de una catástrofe natural como lo fue el huracán María el pasado 20 de septiembre.

La mayor cantidad de crecimiento de capital, según el economista, llegará durante el año fiscal en curso por la inyección de fondos federales a propósito del fenómeno atmosferico.

Sin embargo, los números debían constatarse porque la Isla se encuentra en una negociación con los bonistas.

Mientras, para Betancourt, el alcance de esas proyecciones tal como están esbozadas en el documento será determinado por la cantidad de sufrimiento que el pueblo resista.

'Lo más importante y más revelador que tiene [el plan fiscal] respecto al de marzo el año pasado, es que se presenta un excedente sustancial de sobre seis mil millones de dólares sobre los cinco años, que lo hace más atractivo a los bonistas. No creo que se va a cumplir, pero si lo hace, es a costa de la clase trabajadora. Es más severo que el que se aprobó previo al huracán', apuntó Betancourt.

'¿Cómo hacer unas proyecciones de futurología, cuando hay unas variables en las que Puerto Rico tiene poco control? No hace eso el trabajo de la Junta, del Gobierno y la propia sociedad puertorriqueña casi casi uno de adivinanza?', cuestionó.

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