La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) continuará como un ente independiente, aún con el interes del Gobierno de cobijarlo bajo una sombrilla que incluya otras áreas de servicio público, según confirmó la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

'A nosotros se nos ha hecho bien claro que en la ley orgánica de la Comisión de Energía dirá que seguirá siendo independiente. No hay nada malo en compartir causas administrativas y alcanzar algunas eficiencias a traves de la consolidación. El problema aquí es la despolitización. Hay un compromiso del Gobierno de hacer que eso pase y se incluya en la ley orgánica', aseguró Jaresko en un aparte con la prensa, luego de una conferencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

La Directora Ejecutiva alegó que existe confusión con el ahora retirado Plan de Reorganización 5 del Gobierno.

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La medida, retirada por La Fortaleza y que no cuenta con el aval de la JCF, proponía la consolidación de la CEPR con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Administración de Energía de Puerto Rico y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en una nueva instrumentalidad que se conocería como la Junta Reglamentadora de Servicio Público.

'Creo que hay confusión cuando se mira el plan de reorganización, porque se asume que la Comisión de Energía bajo esa sombrilla no sería independiente. El Gobierno ha reafirmado que lo incluirá en la ley orgánica. Los comisionados de servicio público no estarán tomando decisiones o revocando decisiones o revisando decisiones sustanciales de la Comisión de Energía. Dicho eso, se beneficiarán del costo de los ahorros que ocurrirán cuando compartes administración', recalcó Jaresko.

El presidente de la JCF, Jose Carrión III, tambien ha expresado su desaprobación con la creación de esa supercomisión.

A principios de mes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó el proyecto de ley que viabiliza la venta de los activos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), uno que relega a un segundo plano el rol fiscalizador de la CEPR.

Es decir, según el documento, se exime a cualquier transacción hecha por la corporación pública de cumplir con requisito alguno de la CEPR, que sirve como ente rector de la AEE.

El proyecto de ley le confiere la supervisión del desempeño y el cumplimiento de los contratantes, además de la aprobación de tarifas a cualquier servicio regulado, a menos que el contrato disponga lo contrario. Sin embargo, no tendrá autoridad para alterarlos o enmendarlos.

Esa misma semana, la CEPR demandó a la JCF para impedir la continuación del análisis y la consideración del plan fiscal de esa corporación pública sin la intervención de la Comisión.