El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Omar Marrero acudió a la reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF) hoy, martes, para solicitar que el ente creado bajo la ley Promesa, intervenga ante el Congreso por la reforma contributiva que se avaló federalmente y que dispone un arancel de 20% a todas las importaciones a la nación estadounidense, y un impuesto mínimo global a ciertos ingresos generados por las multinacionales estadounidenses.

Este particular aumentaría el costo para poder hacer negocios en la isla y pondría, a su vez, cientos de empleo en peligro.

'La ley del Senado pone en prejuicio los entes de manufacturas de Puerto Rico. El Gobierno lo que está intentando es considerar a Puerto Rico como un ente incorporado para estos fines', detalló Marrero durante la conferencia que aún se celebra.

Consecuentemente, el líder de la Autoridad de los Puertos estableció que contrario a lo que parece, la comisionada residente, Jenniffer González y el gobernador, Ricardo Rosselló, llevan rumbos iguales en torno a esta solicitud para desvincular a Puerto Rico de las repercusiones de la

' Yo no creo que la Comisionada tenga una alcance diferente al del Gobernador. Solo queremos que se trate a Puerto Rico de una manera justa', continuó diciendo Marrero.

No obstante, la JCF expuso que es necesario conocer los esfuerzos que ha llevado el gobierno y la Comisionada Residente en Washington, por lo que indicaron que la líder debía acudir a enumerar la vía que persigue para Puerto Rico.

De otro lado, la JCF discutió tambien las particularidades que solicita al Gobierno de Puerto Rico para dar paso a un nuevo plan fiscal, el cual persigue certificar en febrero 2018. En ese sentido, entre otras cosas, el ente creado en el Congreso de Estados Unidos urgió a que el gobierno incluya proyecciones para una respuesta post huracán basadas con fondos federales y otra vertiente que tome en cuanta la posibilidad de que no se desembolsen fondos del Congreso.

Sumado a esto, el ente fiscalizador de las finanzas públicas aludió a los contratos otorgados por el Gobierno post María.

Particularmente, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, sostuvo que ha recibido 11 contratos que suman $496 millones de dólares y de los cuales $416 son por servicios de salud. De igual modo, detalló que los restantes $80 millones en contratos se han otorgado para el recogido de escombros.