La Junta de Control Fiscal (JCF) contrató a Munger, Tolles & Olsen LLP, bufete de abogados bajo el liderato del exprocurador general de los Estados Unidos Donald Verrilli.

Previo a esta nueva labor, Verrilli mantiene un historial con Puerto Rico ya que, en su empleo gubernamental previo, articuló la posición del gobierno de los Estados Unidos de que los poderes sobre Puerto Rico le corresponden al Congreso estadounidense, lo que significa que el Estado Libre Asociado carece de soberanía.

'Puerto Rico no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos', había establecido Verilli en el 2015 ante el Tribunal Supremo federal en el contexto del litigio Pueblo v. Sánchez Valle, que surgió cuando se planteó que que una persona no se podía juzgar en un tribunal puertorriqueño si ya había sido juzgada en uno federal por el mismo delito.

El Supremo federal, en una decisión que marcó un antes y un despues en la historia legal de Puerto Rico, afirmó que el gobierno de Puerto Rico no tiene soberanía propia alguna y que el poder final sobre la Isla recae en el Congreso.

En ese caso, Luis Sánchez Valle fue acusado en los tribunales de Puerto Rico por vender un arma y municiones sin permiso. Luego, por esos mismos hechos, se declaró culpable a nivel federal. Tras esto, el tribunal local desestimó los cargos locales con el fundamento de que sería violarle su derecho a no ser procesado dos veces por los mismos hechos. En un argumento que el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo, el tribunal inferior dijo que había doble exposición porque Puerto Rico no es una jurisdicción separada de la federal porque es un territorio sin soberanía. Ese procesamiento doble se había estado realizando por uso y costumbre con todo tipo de caso incluyendo algunos notorios como el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, y el exsenador Jorge de Castro Font.

La decisión de Verrilli recibió reacciones de distintas figuras del Partido Popular Democrático, quienes aseguraron que Puerto Rico si mantiene soberanía propia y el Partido Nuevo Progresista, quien asegura que esta determinación era una confirmación de la realidad territorial del país.

'Múltiples tribunales federales, incluyendo tribunales fuera del Primer Circuito de apelaciones al que Puerto Rico pertenece, han resuelto durante decadas que Puerto Rico sí posee soberanía propia, pues las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado emanan del poder del pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de su poder inherente a organizarse políticamente en un gobierno propio. Así lo han reconocido tambien los Estados Unidos durante decadas ante la comunidad internacional', dijo en ese entonces el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

'Esto le da la razón a lo que venimos diciendo por decadas y que el PPD rehúsa a aceptar. El Gobierno Federal nos dice lo que es evidente, el ELA es una colonia y no garantiza la ciudadanía americana de forma permanente. Por eso, Puerto Rico recibe un trato injusto y discriminatorio en relación a los programas federales y no nos permite ejercer el sagrado derecho al voto en la nación a la cual pertenecemos', dijo por su parte la ahora comisionada residente, Jenniffer González.

Verrilli y su firma trabajarán en representación legal de la JCF en los procesos legales de los casos de los deudores de Título III y sus labores concluirían con la resolución de los casos establecidos en PROMESA.

El precio por hora por los servicios de los abogados asignados al caso de Puerto Rico por la firma son: $1225 para Verrilli, $800 para Ginger Anders, $735 para Chad Golder, $660 para Sarah Boyce, y $600 para Adele El-Khouri. A la misma vez deberán costear los gastos de los servicios de los paralegales de la firma, lo cual caen en los $190 a $320 por hora. No obstamte, Verrilli dejó saber que estarían ofreciendo un 15% de descuento a sus tarifas.