Colegio de Médicos Cirujanos aseguran existen fondos de Medicaid para garantizar la cubierta por un año, pero el ente fiscal defiende su decisión.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, culpó ayer a la Junta de Control Fiscal (JCF) de obstaculizar un esfuerzo gubernamental que persigue añadir a unas 200,000 personas al plan de salud gubernamental -conocido como Plan Vital- y cuya cubierta médica sería subvencionada precisamente con los fondos de Medicaid que peligran si no se asignan antes del 31 de septiembre.

Por ello, reclamó al entre fiscal que cambie de postura y que permita que estos miles de puertorriqueños y puertorriqueñas accedan a una cubierta médica en medio de la pandemia del COVID-19.

Ramos explicó a NotiCel que la JCF impide que el gobierno añada a estas personas al Plan Vital porque los fondos de Medicaid no son ingresos recurrentes y sólo permitirían extender la cubierta de salud por un año.

“Es un capricho de la Junta. Los deja fuera en medio de la pandemia… Luego del año se sacan del plan y ya”, afirmó Ramos.

“Los fondos de Medicaid nunca son recurrentes porque la isla tiene un cap (tope) de $390 millones y siempre hay que buscar fondos adicionales”, agregó.

Pero no acaba ahí.

Ramos aseguró que la JCF se ha dejado influenciar por el cabildeo de las aseguradoras, que favorecen otro uso para la asignación de fondos de Medicaid más afín a sus intereses particulares como una propuesta que el gobierno no adoptó, pero que favorecía a los programas Advantage.

La Junta también se resiste a cambiar la forma en que se mide el nivel de pobreza en el país, otro elemento que afecta la asignación de fondos federales destinados a Ia Isla, de acuerdo a Ramos, quien durante el cuatrienio ha participado en diversas iniciativas de cabildeo de fondos en el Congreso federal.

Al incursionar en la polémica de la posible pérdida de los $1,000 millones, una denuncia realizada por el Partido Popular Democrático, el galeno aclaró que solo $700 millones están relacionados al Medicaid y que, en efecto, podrían perderse de no tomarse medidas antes del 30 de septiembre, fecha en que culmina el año fiscal federal y la disponibilidad de los fondos.

A tono con esa preocupación, urgió a la Oficina del Contralor a autorizar el pago retroactivo de unas facturas a los proveedores de servicios para obligar $125 millones de los fondos de Medicaid.

“La Oficina del Contralor prohíbe los pagos retroactivos para evitar corrupción. En este caso, no va a pasar porque las facturas se pagaron, es para hacer ese ajuste de la transferencia para que se pague el 70%”, apuntó.

Ante la cercanía de la fecha límite para usar los fondos, propuso que se continúen las gestiones de cabildeo en el Congreso para intentar lograr una extensión del término.

NotiCel se comunicó con la Oficina del Contralor, quien aclaró que la agencia no ofrece dispensas sino que su trabajo consiste en fiscalizar el uso de fondos públicos.

La Junta responde

La JCF defendió su decisión de no respaldar el ingreso temporero de los 200,000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no pueden costear un plan de salud.

Aseguró también que apoyó importantes ampliaciones del programa Medicaid que se ajustan a la realidad del país.

"Estas ampliaciones se basaron en un análisis financiero sólido de lo que Puerto Rico puede pagar hoy, mientras tenemos un financiamiento federal significativo, y más adelante, cuando este financiamiento temporal adicional expire y que la mayor parte de los costos -una vez más- deben ser cubiertos por el fondo general de Puerto Rico", apuntó el ente fiscal en declaraciones escritas enviadas a NotiCel.

Indicó que la expansión incluyó varios elementos clave destinados a mejorar la salud de los residentes y la fortaleza del propio sector de la salud. Ofreció como ejemplo la cobertura de Medicaid en Puerto Rico que ahora contempla medicamentos para la hepatitis C, una enfermedad que se puede tratar con medicamentos muy costosos que deberían estar disponibles para todos los puertorriqueños.

Señaló que también aprobó la cobertura dental para los beneficiarios de Medicaid y apoyó tasas de reembolso más altas para médicos y hospitales para incentivar a los profesionales a continuar ejerciendo en la isla y ampliar el acceso a la atención.

"La Junta de Supervisión estuvo de acuerdo con estas importantes expansiones sabiendo que el Gobierno de Puerto Rico podría pagarlas incluso si los fondos federales de Medicaid declinaran después de que expira el apoyo federal de Medicaid expandido, el 30 de septiembre de 2021. Esto es en adición a los aproximadamente $500 millones en inversiones en infraestructura en el sistema de salud pública de Puerto Rico", indicó la JCF.

"En contraste, la expansión propuesta de elegibilidad en el programa de Medicaid crearía una carga inasequible después del vencimiento de este financiamiento federal ampliado. Cualquier expansión adicional de los beneficios de Medicaid, basada en financiamiento a corto plazo podría dejar al Gobierno de Puerto Rico responsable de pagar cientos de millones de dólares del presupuesto del fondo general, lo cual tendría que ser retirado de otras agencias o requerir una reversión de la expansión, eliminando a más de 200,000 personas del programa", abundó.

La JCF insistió en que Puerto Rico debe buscar ser financieramente sostenible y debe planificar de manera responsable. "No puede hacer promesas que tal vez nunca pueda cumplir", concluyó.