El 2017, cual cartelera de boxeo, propició enfrentamientos entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, especialmente con el Primer Ejecutivo, Ricardo Rosselló Nevares, y su representante en el ente federal, Christian Sobrino Vega.

A groso modo, las discusiones entre ambos cuerpos de gobernanza giraron en torno a las luchas de poder, ya que el lenguaje de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) --que dio paso a la JCF-- deja vía libre para la interpretación subjetiva.

Más aún, el paso del huracán María por Puerto Rico se utilizó como justificación de la inherencia de un ente externo en la toma de decisiones del Gobierno de Puerto Rico. La polemica, en necesidad de una resolución clara, tuvo lugar en los tribunales.

Ejemplo de ello fueron las visiones encontradas en cuanto a cómo debería operar la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y quien la encabezaría tras el colapso del sistema el pasado 20 de septiembre.

La JCF pretendía designar a Noel Zamot, quien funge como coordinador de Revitalización, como Oficial de Transformación de la AEE --o sea, figura que superaría a la del director ejecutivo de la corporación pública--, pese a la oposición del Gobierno.

En sus tareas se encontraba dirigir los esfuerzos de recuperación con las agencias federales y el desarrollo de un plan de restauración del servicio electrico tras el huracán, que a más de tres meses mantiene a la mayor parte del país a oscuras.

El organismo federal sometió una moción ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para que aprobara el nombramiento, pero fue denegado porque la Ley Promesa, según la magistrada, crea una estructura de poderes compartidos. Como existe la posibilidad de un sabotaje mutuo, ordenó a la JCF y al Gobierno de Puerto Rico a trabajar unidos.

En esa línea, impidió al ente federal que reemplazara funcionarios designados por la administración. Swain destacó, entretanto, que la Ley Promesa faculta a la JCF a evaluar contratos de la AEE y da potestad para obstaculizarlos, si así lo desean.

No obstante, el gobernador Rosselló Nevares catalogó el resultado como una validación de la labor de su administración.

Mientras, la JCF tambien llevó a tribunales la disputa sobre la reducción de jornada laboral que buscaba implementar a partir del pasado 1 de septiembre. En resumidas cuentas, el ente federal propuso disminuir las horas de trabajo dos veces al mes por cada empleado público con el propósito de alcanzar ahorros en el gasto operacional del Gobierno estipulados en el Plan Fiscal certificado.

Ante la negativa de Rosselló Nevares y su equipo de acatar el decreto, aprobado de manera unánime durante la novena reunión de la JCF, el gremio demandó al Primer Ejecutivo para obligar una decisión.

Empero, ante la llegada del fenómeno atmosferico, la JCF retiró su petición y aseguró que retomaría la discusión el próximo año fiscal.

Durante las reuniones ordinarias, Sobrino Vega acostumbraba tomar unos minutos para objetar medidas como la designación de Zamot y la reducción de jornada, aunque las minutas del ente federal no lo reflejen. En ellas, publicadas en la página juntasupervisión.pr.gov, toda intervención de Sobrino Vega es aludida como 'el representante del gobernador hizo unas declaraciones', sin más detalles.

Pese a estos reveses, el ente federal se apuntó varias victorias en el Congreso de los Estados Unidos, su padre fundador. Incluso, el paso del huracán cimentó su rol como uno fundamental en Puerto Rico.

Aún con múltiples reclamos de enmendar la Ley Promesa, los congresistas republicanos se mantuvieron firmes en que el estatuto creador de la JCF no necesitaba cambios. A juicio de Sean Duffy, representante por el estado de Wisconsin y que visitó la isla, es deber del Congreso de los Estados Unidos responder por Puerto Rico de manera inmediata, mientras que es encomienda de la JCF velar por el manejo futuro de la Isla.

Incluso, el autor de la Ley, Rob Bishop, recalcó sobre las palabras de la jueza Swain de que la JCF y el Gobierno debían laborar 'hombro con hombro', esta vez para cosechar la confianza requerida para que la isla continuara recibiendo fondos para operar.

Por eso, en parte, el Congreso aprobó un paquete de ayuda suplementaria de $81,000 millones para las catástrofes de varios estados, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Sin embargo, la asignación de los fondos por el Gobierno está sujeta a que la JCF supervise y establezca las prioridades para su utilización.

Tras el pedido del Gobierno, la JCF extendió la fecha de entrega de los planes fiscales enmendados, unos que deben comprender un período de cinco años con medidas posiblemente más agresivas que sus predecesoras, pensadas a diez años, y consideren los efectos de los huracanes Irma y María.

A esos fines, el Gobierno tiene hasta el 10 de enero de 2018 para entregar el documento junto a un inventario de todas las agencias, corporaciones y fondos incluidos, con miras de aprobar un presupuesto el 19 de junio.