El gobernador Ricardo Rosselló anunció la designación de $81 mil millones que el Congreso de los Estados Unidos desembolsará para las catástrofes de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Texas, Florida, California y Luisiana.

No obstante, pese a que no se ha detallado la cuantía que corresponderá a la isla, la asignación de fondos está sujeta a que la Junta de Control Fiscal (JCF), ente creado por el Congreso bajo la Ley Promesa, apruebe el uso de fondos por parte del Gobierno de Puerto Rico y establezca las prioridades para la utilización de los mismos.

Esta medida se une a la ya aprobada en el Senado federal, reforma contributiva, que establece un arancel de 12.5% para la isla, y para la cual el Gobernador ha mostrado su total descontento.

'Entendemos que puede haber esfuerzos por parte de líderes congresionales, quienes están dedicados a ayudar a reconstruir a Puerto Rico, para incluir disposiciones en el proyecto de ley de ayuda suplementaria de emergencia, que adelanten y no perjudiquen la capacidad de Puerto Rico para recuperarse económicamente', alegó Rosselló Nevares en declaraciones escritas sobre este particular.

Sin embargo, previo a esto, la JCF el pasado lunes anunció que estará llevando a cabo una investigación forense independiente del dinero depositado en las cuentas del gobierno y que además,

el organismo llevará a cabo una vista pública en enero que se enfocará en las fuentes y el uso de los fondos.

Para esto, la JCF apela a la falta de transparencia gubernamental para con los fondos disponibles y los gastos realizados.

'La falta de informes financieros consolidados publicados a tiempo anualmente ha hecho

imposible lograr total transparencia de la situación financiera sin invertir una cantidad

excesiva de tiempo, esfuerzos y recursos. Hay que modernizar los procesos lo antes posible

si hemos de acelerar el establecimiento de responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados

de capital', alega el ente rector de las finanzas públicas del país.

Al momento, el Gobernador ha enviado varias misivas a líderes congresionales mostrando su negativa a estas medidas y aludiendo a la responsabilidad del Congreso para con la isla sin que se trastoquen los fundatos del Gobierno de Puerto Rico.