La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció hoy que le autoriza al gobierno de Puerto Rico redistribuir hasta $1 mil millones del presupuesto para usarlos como fondo de emergencia para atender los daños desastrosos que el paso del Huracán María dejó en la isla.

El presidente de la Junta Jose Carrión III afirmó que esto le dará más flexibilidad al gobernador Ricardo Rosselló para impulsar la labor difícil de reconstrucción que le espera a la isla, particularmente en las áreas de salud, vivienda, seguridad y el impacto devastador en su infraestructura.

La ley PROMESA, que estableció la Junta en Puerto Rico para imponer mayor disciplina administrativa en aras de salir de una crisis fiscal, le autoriza aprobar modificaciones en el presupuesto de esta magnitud. El gobierno de Rosselló debe proveerle a la Junta detalles sobre cómo se utilizarán los fondos.

Carrión le comunicó la decisión de la Junta un par de horas luego de que viera por sí mismo el jueves la 'zona de desastre' que María dejó lleno de cristales, escombros y postes caídos en la Avenida Ponce de León en Santurce y en otras áreas. A preguntas de un periodista, afirmó que la Junta tendrá que reenfocar las medidas fiscales que está impulsando dado el largo camino difícil hacia la recuperación que enfrenta la isla.

'El país está en cantos y hay que reconcentrarnos en la reconstrucción de Puerto Rico, definitivamente,' expresó Carrión, a cuya casa le entró agua y la terraza se fue con el viento.

Entre las medidas que hay que reconsiderar, explicó, está la exigencia de la Junta de que, a pesar de la negativa del Gobernador, se implemente una reducción del 10 por ciento en la jornada laboral de unos 135,000 empleados públicos.

'Tenemos que reevaluarlo todo y tenemos que reenfocarnos en lo que es evidente. Hay que reconstruir el país. Y con nosotros va a poder colaborar el gobierno y el pueblo de Puerto Rico,' enfatizó Carrión.

Antes de que llegara el Huracán Irma hace dos semanas, ya el gobierno de Puerto Rico le había solicitado a la Junta que retirara la demanda que radicó en el tribunal federal para exigir que el Gobernador implementara la reducción laboral. La Junta sostiene que la reducción laboral y recortes a ciertas pensiones son necesarios para que el gobierno ahorre $218 millones adicionales y garantice liquidez en sus arcas al final del año.

El comunicado de prensa que informó la decisión sobre la redistribución presupuestaria para el Fondo de Emergencia no hizo mención de las medidas de austeridad controversiales que acaparaban la atención del público antes de la llegada de los dos huracanes.

Pero en la carta al gobernador, la Junta informó que aprobarían aumentar el presupuesto si así lo solicita Rosselló, anticipando los fondos federales que son claves para la reconstrucción. Además, se comprometió a unirse a los esfuerzos de Rosselló para conseguir fondos de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias (FEMA) y de otras agencias federales para encaminar la recuperación y reconstrucción de la isla.

'Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y los residentes de Puerto Rico durante estos momentos difíciles,' expresó la carta a Rosselló.

'Estamos en disposición de respaldarlos para asegurar la seguridad y la protección de los residentes de la isla.'