Aunque la Asociación de Pensionados del Gobierno (APG) se dispone a combatir en los tribunales cualquier reducción a las pensiones que se proponga, el camino no luce alentador y la condición económica y fiscal del estado anticipa a los jubilados que tendrán que asumir ajustes.

Con esta perspectiva en mente, el presidente de la APG, Roberto Aquino, apostó en la representación legal del comité de pensionados – encabezado por el abogado Roberto Gordon - que forma parte del pleito de Título III que se tramita en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rio. 'No puedo decir que no vaya a haber ningún ajuste porque todo parece indicar que sí van a haber ajustes. No obstante, es injusto. Totalmente injusto', declaró Aquino a NotiCel.

Los pensionados del gobierno – que para efectos del Tribunal federal son otro sector de acreedores – enfrentan una tétrica situación en la medida que se balancean los intereses suyos con otros grupos de acreedores con reclamos contra el gobierno iguales o mayores que los suyos. En la medida que el proceso de Título III de la ley PROMESA se dilucida entre todos los acreedores del gobierno, también se imponen recortes al principal que el gobierno les debe para hacer más sostenible el pago del gobierno a sus acreedores, lo que para pensionados supone una reducción en sus pensiones.

Aquino, sin embargo, insiste que en el caso de los pensionados, el recorte girará en torno la reducción que reciban otros acreedores que puedan sostenerlo. Esto, pues más allá del hecho de que la pensión que reciben los jubilados representa, en muchos casos, su única fuente de ingreso, al reducir esa cuantía reduces su poder adquisitivo y consecuentemente produces un efecto negativo sobre la economía de la Isla.

'Todo está en la forma en que el abogado convenza a la juez de que quitarles beneficios y dinero a los pensionados va a crear unas situaciones de crisis humanitaria', argumentó Aquino. En ese sentido puso sus esperanzas en la sensibilidad de la jueza a cargo del caso de Título III, Laura Taylor Swain.

El presidente de la APG indicó que la estrategia para lograr convencer a Taylor Swain sobre las consecuencias de un ajuste muy marcado sobre las pensiones se basará en información suministrada por actuarios consultores e ilustrar los parámetros de vida y comportamiento de gastos de los jubilados.

Destacó que, aunque hay pensionados que podrían aguantar un ajuste en sus pensiones, muchos se encontrarían en una situación en la que no podrían subsistir con lo que reciben y tampoco podrían regresar a trabajar por razones de salud.

Aunque Aquino reconoció que hay pensionados que reciben cheques mensuales mayores de $5,000, se mostró reacio a defender un recorte a ellos pues, igual que otros pensionados, cumplieron con su servicio al gobierno y tienen el mismo derecho a reclamar que no se les trastoque lo que en algunas instancias también figura como su única fuente de ingresos.

Rechaza que la Junta use el seguro social como parámetro justificar ajuste mayor a las pensiones

Entretanto, el gobierno se apresta a aprobar una reforma al sistema de pensiones que unificaría todos los sistemas de retiro para efectuar pagos bajo un sistema 'pay as you go'. Mientras que los participantes de estos sistemas de retiro se trasladarán a un sistema en el que sus aportaciones irán a una cuenta individualizada dentro un fideicomiso que sería manejado por un ente administrador – similar a un plan 401k – mientras que sus aportaciones mínimas serían de 8% con posibilidad de que sea mayor.

Paralelo a eso, la Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó al gobierno un mecanismo de ajuste a las pensiones que reducirá todas en un 25%, pero agregando una aportación de $150 a aquellos que reciben seguro social y de $225 a aquellos que no reciben seguro social.

La teoría de la JCF es que de esta manera evitan que aquellos jubilados con pensiones mínimas no caigan a nivel de pobreza, mientras aquellos que puedan costear los ajustes hagan su aportación a la recuperación económica de la Isla.

En general, Aquino no dio mérito a la propuesta de la Junta, insistiendo que la palabra final sobre cualquier ajuste en las pensiones la tendrá la propia jueza Taylor Swain. Sin embargo, indicó que la JCF no presentó información que sostenga sus señalamientos y rechazó que hayan optado por utilizar el seguro social como parámetro para justificar una reducción mayor.

En ese sentido explicó que existen dos versiones para acogerse al retiro: el plan de completa suplementación – que no aportaba al seguro social - o un plan coordinado – que sí aportaba al seguro social. Aquino indicó que en ocasiones el empleado público no tenía opción sobre qué plan podía optar, algo que la propuesta de la Junta no toma en consideración.

'Si tu recibes el seguro social que tú pagaste 30 años y aportaste trabajo porque no fue opcional porque tuviste que hacerlo, no es lógico que utilicen eso como parámetro para ajustarle las pensiones porque son dos leyes completamente distintas, la ley estatal y la ley federal', expresó el presidente de la AIG.