'Lo primero que tiene que ocurrir es que un Tribunal determine si el legal o ilegal'. Con estas palabras el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, pareció marcar la ruta que seguirá el gobierno para determinar que deuda, si alguna, dejaría de pagar al momento de renegociar los terminos de pago con los distintos acreedores para reestructurar la deuda pública.

De acuerdo al funcionario, el gobierno esperará por la decisión del juez federal Franscisco A. Besosa en el caso incoado por los tenedores de GO'S Lex Claim LLC que cuestionan la legalidad de la estructura de COFINA, cuya deuda está respaldada por los recaudos del IVU, ya que solo un Tribunal puede determinar si una deuda es legal o ilegal. Esta es la única demanda activa en la que el magistrado federal decidirá si Puerto Rico ha emitido deuda ilegal.

Si el tribunal determina que es ilegal, el gobierno no la pagaría?, preguntó NotiCel al portavoz de Asuntos Públicos de la Fortaleza.

Tras asentir Rosario respondió, 'Bueno, es que tienes una determinación del Tribunal de ilegalidad. Si yo mañana digo que x deuda es ilegal eso vale, lo que vale si lo dices tú: nada. Tenemos que ir al Tribunal y el tribunal es el que determina la legalidad de una deuda particular', sostuvo el secretario de asuntos públicos de la Fortaleza'.

En momentos en que el gobierno se encuentra contrarreloj para lograr acuerdos con los acreedores antes de que venza la moratoria a las demandas bajo la ley PROMESA, la moción radicada por los bonistas de COFINA alegando que el gobierno emitió deuda a partir del 2011 fuera del marco constitucional pondrá al tribunal a pasar juicio sobre la legalidad o no de emisiones públicas.

'Como hemos dicho desde el principio, la auditoría de la deuda y qué deuda es legal o ilegal se va a determinar siempre en un Tribunal. Parte de la lucha que tienen los acreedores en el caso ante el juez federal Besosa es esa. Ante un tribunal que es el único que puede determinar si una deuda es legal o ilegal', insistió Rosario.

Mencionó que aunque originalmente la administración Rosselló Nevares ponderó apelar la determinación de Besosa de ver el caso en sus méritos, finalmente se allanó.

El pasado viernes la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) solicitó al juez que decida en o antes del 30 de abril en aras de iniciar las negociaciones con los acreedores.

'Lo que no hizo el Estado fue acudir al Primer Circuito a buscar la revocación de esa decisión; pero ya, de todas formas, las otras partes han decidido que van a acudir. Así que, lo decidirá el Primer Circuito. Lo que está pidiendo Puerto Rico es que de una vez y por todas se identifique o determine sobre cualquier alegación de ilegalidad sobre la deuda o acreencia del gobierno', añadió Rosario.

El también abogado dijo que diariamente los Tribunales dirimen casos radicados en los que se cuestiona la validez de deudas, ya sea entre corporaciones o individuos y para determinar la validez, el Tribunal realiza una auditoría de la misma.

'Lo hacen todos los días. Si tú me demandas a mí por una deuda, yo le levanto al tribunal que la deuda es ilegal y el tribunal determina', puntualizó.

Indicó que el tribunal, en cada caso, analiza los planteamientos de todas las partes con los números y la evidencia sometida, que es precisamente lo que tiene ante su consideración el juez federal Besosapara 'determinar conforme a derecho si fue legal o ilegal (la emisión de bonos)'.

El funcionario dijo desconocer si el gobierno se encuentra en negociaciones con los acreedores de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), al igual que con los grupos ad hoc de la deuda de obligaciones generales (GO's). Refirió la pregunta a los encargados de la reestructuración en la AAFAF.