Mediante demanda radicada el miercoles de la semana pasada, el Tribunal Federal tiene ante sí la primera controversia relacionada con el Plan Fiscal certificado y con el efecto del mismo en los pensionados.

Aunque el juez Francisco Besosa no ha tomado una determinación todavía sobre el interdicto que pidieron los pensionados para que no entre en vigor el Plan, la Junta de Control Fiscal (JCF) realizó una comparecencia para argumentar que ese pleito está prohibido por la paralización de pleitos de la Ley PROMESA y para advertirle a los pensionados que el remedio que piden los puede dejar en peor posición.

A través del sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) y de la American Federation of State, County and Municipal Employees, los pensionados y empleados públicos sostienen que el Plan Fiscal violenta la Ley PROMESA en al menos dos renglones principales: no obedece el mandato de mantener 'fondos adecuados' para las pensiones y siguió un tracto irregular durante su proceso de certificación ya que la JCF sometió enmiendas de una forma que no procedía. Una de esas enmiendas mantiene un recorte de 10% a las pensiones públicas si el Gobierno de Puerto Rico no cumple con ahorros adicionales de $200 millones para el presente año fiscal.

Los pensionados también reclaman que el recorte de 10% de las pensiones es irrazonable porque la Junta no lo ha fundamentado y porque tanto el exgobernador Alejandro García Padilla como el gobernador Ricardo Rosselló habían propuestos ningún recorte, o recortes menores de 10%, a las pensiones, así como que rechazan que los pensionados tengan un nivel de recorte establecido cuando todavía no se ha finalizado la negociación para saber cuánto de la deuda se le recortará a bonistas.

Lo que los demandantes llaman el 'Plan Fiscal Final' que fue certificado incluye un criterio de que los recortes a las pensiones no deben provocar que el pensionado caiga por debajo del nivel de pobreza establecido por el Gobierno federal.

En un escrito el Jueves Santo, la JCF advirtió que si la demanda tiene éxito, los pensionados estarán en peor posición porque, con el Plan Fiscal, se establece que se les pagará 90% de sus pensiones, pero, si se tumba el Plan Fiscal, 'será imposible pagarle a los retirados nada cerca del 90% de sus pensiones'.

'Increíblemente, los demandantes no reconocen que el gobierno sólo será capaz de pagar a los retirados el 90% de sus pensiones si el Plan Fiscal se implementa porque el Plan Fiscal provee para descuentos mucho más profundos en las deudas con otros acreedores', añadieron.