La primera demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue presentada esta semana por un grupo de acreedores de bonos del Sistema de Retiro Central de Puerto Rico ante la Corte de Reclamaciones Federales en Washington.

El grupo de bonistas -representado por la firma legal Jones Day- incluye a: Altair Global Crédito Opportunities, Fund (A) LLC, Andalusian Global Designates Activity Co., Glendon Opportunities Fund LP, Mason Capital Master Fund LP, Nokota Capital Master Fund LP, Oaktree Forrest Multistrategy LLC (Series B), Oaktree Oportunites Fund IX LP, Oaktree Oppottunities Fund IX (Paraller 2) LP, Oaktree Value opportunities Fund LP, Ocher Rose LLC y SV Credit LP.

Los demandantes justifican su reclamo contra el gobierno estadounidense ya que la Junta de Control Fiscal (JCF) 'es claramente una parte del gobierno federal, sus acciones son en sí las acciones de los Estados Unidos'. Estos fondos de cobertura culpan a la Junta por someter la reestructuración de las deudas de Retiro -ascendentes a $3 billones- bajo el título III de la Ley federal PROMESA en mayo, según reseñó The Wall Street Journal.

Los demandantes solicitaron una orden que declare la maniobra de la Junta ilegal por 'apropiarse de propiedad privada bajo la Constitución de los Estados Unidos', así como 'una compensación igual al pago del monto principal de los bonos del Sistema de Retiro de Empleados'.

Posterior a la solicitud de reestructuración, no obstante, el Gobierno anunció a finales de mayo el pago de $13.9 millones en intereses por bonos emitidos por Retiro.

Los bonos de Retiro se pagan a partir de las contribuciones pagadas por los empleadores públicos a las jubilaciones de sus trabajadores. Los tenedores de bonos pensaron que serían pagados primero, pero el mes pasado la JCF dio paso a la legislación que transfiere las contribuciones fuera del sistema de pensiones.

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Demanda bonistas Retiro v USA Gov_26295