Como hizo el municipio de Caguas la semana pasada, el municipio de San Juan demandó anoche a la Junta de Control Fiscal (JCF) en el Tribunal Federal para detener la implantación del acuerdo de reestructuración aprobado por ese organismo para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En el pleito que radicó un grupo de abogados encabezado por el exrepresentante Charlie Hernández, San Juan enfoca sus reclamos en que el acuerdo violenta los intereses de los municipios porque no les reconoce un poder de voto sobre el mismo de una manera separada a los demás acreedores.

San Juan sostiene que son los activos pertenecientes a los municipios bajo la custodia del BGF van a desaparecer o repartirse con el acuerdo de reestructuración. De igual modo, establece que sin embargo, no se le reconoce a los municipios una categoría de votación separada a los demás acreedores lo que, se alega, los pone en posición de perder porque su voto se diluye con los de otros acreedores que lo que van a querer es cobrar algo de su inversión.

Lo que debe suceder, sostiene la demanda, es que a los municipios se les reconozca capacidad para formar un bloque de votación aparte de los demás acreedores y que la votación se realice con un orden de prioridades según el interés que tiene cada acreedor.

San Juan también sostiene que la forma en que la JCF aprobó el acuerdo violenta la ley PROMESA y el propio reglamento de la Junta en cuanto a cuándo y cómo es que se pueden llevar a cabo sesiones ejecutivas, secretas, como la que se usó para aprobar el acuerdo.

Hasta ahora, ningún municipio controlado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha retado las disposiciones del acuerdo en algún foro judicial.

Vea la demanda en enlace abajo.

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Demanda de San Juan contra la JCF por acuerdo de reestructuración en el BGF - NotiCel_26365