La jueza Laura Taylor Swain determinó consolidar los casos de quiebra del gobierno central y la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), pero solo para los asuntos administrativos. La determinación de la magistrada deberá atender de forma separada los asuntos legales para evitar afectar intereses de todas las partes.

Taylor Swain presidió la primera de vista de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico este miércoles, en la que estableció las bases del manejo de los procedimientos del histórico caso. Anunció se propone realizar otras cinco vistas entre junio y diciembre de este año.

La magistrada federal aprobó con enmiendas el plan de administración del caso propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF).

'Nos sentimos cómodos con el proceso que se está llevando a cabo, el orden que se está estableciendo. Sobre todo, nos sentimos muy confiados que al igual que hoy, [que] las objeciones que se presentaron no tuvieron a lugar, vamos a tener un proceso que va a fluir y va a ser rápido. Más que complacidos', dijo a su salida de la sala el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sanchez.

No obstante, la jueza dejó en suspenso la solicitud del Bank of New York Mellon, fiduciario de COFINA, que solicita la intervención del Tribunal sobre cómo proceder con los pagos a los bonistas de COFINA. El próximo pago vence el 1 de junio.

La jueza tampoco se expresó sobre la moción radicada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico (AAFAF) en la que pide a la jueza autorización para continuar con los pagos a los suplidores de las utilidades del gobierno mientras continúa el proceso en corte.

Para Sánchez Sifonte, las objeciones lanzadas en sala sobre el riesgo de trastocar los desembolsos efectuados a los bonistas de COFINA no necesariamente compromete la estructura de esa entidad. Enfatizó que el plan fiscal separa unos $900 millones de efectivo disponible para pago de deuda, a lo que ese grupo de acreedores se tiene que acoger.

'Lo que se está pidiendo es el espacio para negociar con los tenedores de bono de COFINA un acuerdo con unas concesiones de parte de ellos que se ajuste a la realidad de lo que tenemos en el plan fiscal. Eso no contempla destruir la estructura. Una cosa es la estructura y una cosa es la cantidad de dinero', sostuvo Sánchez Sifonte, al señalar que se le notificará a las partes en caso que ese desembolso se altere.

Sobre los señalamientos hechos en sala en cuanto la posibilidad que el gobierno pueda entrar en un proceso de título III para otras entidades cubiertas por la ley PROMESA, Sánchez Sifonte indicó que al momento se encuentran en negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Carreteras (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones (ADCC), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Universidad de Puerto Rico (UPR), en aras de alcanzar un acuerdo mediante título VI.

Sin embargo, reconoció que, en el caso de la ACT, ADCC y AFI existe una probabilidad que entren en un proceso de título III, mientras que para la AAA y la UPR ven posible alcanzar un acuerdo mediante Título VI.

Mientras, la Síndico de Quiebras deberá someter a la jueza Taylor una recomendación sobre cómo se deben configurar los comités de acreedores.

La jueza anticipó que en su agenda de trabajo se propone realizar vistas en junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Solicitó que para mediados de junio los representantes de la Junta de Control Fiscal sometan un informe de progreso del caso.

Entretanto, Sánchez opinó que las expresiones de la togada ponen en contexto la compleja situación que enfrenta el estado, sus acreedores y el tribunal, tomando en consideración los distintos derechos y reclamos de todas las partes. No obstante, enfatizó que cualquier acción a los efectos de ocasionar daño a la ciudadanía no será una opción.

De mismo modo, comentó que Taylor Swain quiere establecer que este proceso en particular es único. 'Yo creo que lo que ella estaba demostrando es el conocimiento de qué se trata el caso. Porque esto no es un caso capítulo 11, esto no es un caso capítulo 9, esto es otra cosa. En el sentido de que PROMESA provee para una reforma y reestructuración gubernamental y provee para una reestructuración de la deuda también, que típicamente en el capítulo 9 no está', dijo el representante del gobernador ante la JCF.

En la sesión judicial salieron a relucir disputas entre no solo los acreedores de los Bonos de Obligaciones Generales y COFINA; sino además entre los diferentes acreedores seniors y subordinados de COFINA sobre a cuáles le corresponde la prioridad de orden de pagos.

También salió a relucir la queja de acreedores sobre la presunta falta de trasparencia del gobierno en cuanto a la información financiera que ha hecho disponible durante el proceso de negociación voluntaria. La alegación hecha por la representante de National Publica Finance, Marcia Goldstein, fue desmentida por el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez. Dijo que algunos documentos no se pueden proveer por no ser finales; mientras que aún se trabaja en presentar este año los estados auditados de 2015. Insistió que el gobierno les ha ofrecido a los acreedores toda la información que tiene disponible.

'Ellos van a argumentar su caso, pero no necesariamente lo que dicen es la verdad. Lo que pasa es que hay unos grupos que quieren una serie de información que alguna de ella no se puede proveer en un momento dado por cuestiones de privilegio. O no se pueden proveer por ser modelos vivos. Sí tendrán acceso una vez sean productos finales como el plan fiscal', explicó.