El miercoles 30 de agosto miles de personas llegaron hasta el coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan con la esperanza de obtener un vale de sección 8, una importante ayuda financiada por el gobierno federal y administrada a nivel local para dar un hogar a las personas que más lo necesitan.

La necesidad era tal que el lunes 28 ya había una fila formada en la entrada del Coliseo Roberto Clemente con decenas de personas, preparados para esperar los dos días bajo sol, lluvia y sereno. Ante esta situación intervino la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz Soto, instando a los que hicieron una fila y desarrollaron un listado de turnos a que llegaran mañana, pues era el día inicialmente convocado para repartir los vales disponibles.

En ese periodo de tiempo, los altos funcionarios de La Fortaleza – privilegiados con jugosos sueldos, beneficios y empleo garantizado por al menos un cuatrienio – rechazaron ejecutar una movida que hace unos meses plasmaron dentro el Plan Fiscal, documento inapelable que traza la supuesta ruta hacia la recuperación económica. Reducir la jornada laboral a empleados públicos, argumentaron, es nocivo para la economía, empeorará la economía y está sujeto al visto bueno del gobernador, quien aún no lo ha dado, aunque no lo descarta.

'Yo como gobernador, no me voy a limitar a ninguna medida si lo tengo que hacer para el mejoramiento del pueblo de Puerto Rico. Es decir, si uno se encuentra en una situación tétrica, como por ejemplo si no tengo liquidez, pues medidas como esa (reducción en la jornada laboral) se han utilizado como medida de último recurso para poder entonces tener liquidez', dijo el miércoles el gobernador.

Todo se remonta a la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) hace un año con la aprobación del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). La ley derramó sobre un cuerpo de siete personas la autoridad de vigilar y corregir cualquier acción que tome el gobierno de Puerto Rico que vaya en detrimento a su capacidad de pagar deuda existente, y secundariamente para aportar en la recuperación económica de la Isla.

Aunque la Junta ha demostrado ser hábil en recortar el presupuesto de la Legislatura, propiciando a los integrantes de esa élite a realizar sus propios ajustes, han hecho lo mismo para agencias que proveen ayuda a la ciudadanía y para los municipios, que juegan un rol en la prestación de servicios.

Ayudas y servicios de las cual depende las mismas personas que llegaron hasta el Pedrín Zorrilla.

El perfil de estas personas, en su mayoría mujeres con hijos, con trabajos de salario mínimo y con poco conocimiento del quehacer diario de su isla, contrasta diametralmente con aquellos que administran el estado desde oficinas cómodas, trabajando largas horas y adivinando las necesidades urgentes de aquellos dependen de ayudas sociales, como un vale de sección 8.

Sin embargo, tomando en cuenta que a partir de este año las riendas del gobierno ya no estaban en manos de esos altos funcionarios, sino en manos de los siete integrantes de la JCF, decidimos adentrarnos en las mentes de estas almas en fila para saber lo que opinan sobre estos nuevos y poderosos gobernantes.

La voz de la alcaldesa se amplificaba desde una guagua de sonido estacionada frente el coliseíto, llamando nombres desde las 8 de la mañana. Eran ya las 5:00 de la tarde y Claribel Guzmán caminaba de vuelta al estacionamiento con vale en mano y una experiencia satisfactoria de la organización del evento para repartir los vales.

Sobre la JCF, sin embargo, opinó negativamente. 'Ninguno está haciendo un buen trabajo. Yo pienso que en parte es bueno que venga la Junta porque así el gobierno no hace lo que le da la gana y gasta el dinero en lo que lo tiene que gastar', dijo Guzmán.

Dentro el Pedrín Zorrilla cientos de personas de todas las edades permanecían sentados en los bancos, mientras Cruz Soto, sentada frente y centro a ellos ante una mesita con manto rojo, un micrófono y varios papeles, continuaba leyendo los nombres. Otros, como Andrés Concepción, se sentaban en sillas de plástico apartados de los bancos, esperando escuchar su nombre.

No se quejó del evento, recordó que suelen llenarse y ser caóticos todos los años, aunque no descartó que pudo haber sido mejor organizado. Su conocimiento de la Junta se circunscribe a lo que ha escuchado en la radio y en las noticias, pero tampoco expresó una buena opinión sobre ese cuerpo.

'Yo no estoy de acuerdo porque eso está afectando grandemente la economía del país. Ahora mismo con el problema que hay de eliminarle la jornada laboral a los empleados, si no hay personas trabajando como puede crecer la economía porque no tiene para gastar en los pequeños comercios. Así que afectaría grandemente', expresó Andrés.

Ángela Peña y Rebeca Pérez se expresaron en esa línea negativa también, mientras salían del edificio, molestas con las largas horas que esperaron para obtener sus vales. 'No está haciendo un buen trabajo nadie. Tendrían que empezar a coger todos los gobernadores viejos, sacarle las cuentas a todos ellos, que hicieron con los chavos, de donde los sacaron, esto hay que fiscalizarlo completo porque los chavos los estamos pagando todos los demás. Yo creo que la Junta no está haciendo ese trabajo', dijo indignadamente Angela.

'Bien mediocre', opinó Rebeca antes de contestar una llamada que le entró al celular.

Un hombre, que pidió no ser identificado, tuvo una opinión distinta, con esperanzas de que la JCF finalmente reparta castigo a la élite política que provocó la debacle económica. 'Han hecho bien, a la verdad que deberían ya de ponerse la correa en su sitio y mantenerlos en la raya porque hay demasiado de muchos gastos para gente que no está haciendo nada, componiendo nada en el gobierno. No estoy con la Junta, pero tampoco estoy a favor de las cosas del gobierno', dijo el hombre.

Idarmis Rivera esperaba cerca de la entrada del edificio, percibiendo la actividad como incómoda, pero aceptándola como su único remedio para tener hogar. Aunque admitió desconocer a profundidad sobre la Junta y las acciones recientes que han tomado, dijo: 'Yo creo que aquí hace falta unos buenos jalones de oreja a unos cuantos de bien arriba, aunque los de abajo se vean un poco afectados'.

Como ella, fueron varios los abordados que desconocían sobre la Junta, lo que hacía y lo que propone hacer como supervisores y maestros de la administración de gobierno, presente y futura. Rosa Méndez, su rostro reflejando el enojo que se almacena tras más de 8 horas esperando, nos dijo, 'de eso yo no sé'. Michelle Hernández estaba sentada cerca, acompañada de su hijo quien se quitaba sus tenis durante la conversación, y dijo 'Yo no sé nada de eso. No lo entiendo', en referencia a la JCF.

Otro hombre sentado en las sillas de plástico, llamado Miguel, también admitió desconocer sobre el asunto, aunque su perspectiva fue más tétrica. 'Yo casi no estoy al tanto en eso porque en verdad esto ha sido bien cuesta arriba bien fuerte para nosotros. Son americanos, que podemos hacer. El gobierno por más que trate, ellos tienen la autoridad por los Estados Unidos y el gobierno por más que quiera no tiene ni voz ni voto, ellos van a hacer lo que ellos entiendan, eso es lo que yo veo', dijo Miguel.

Afuera, una mujer fumaba un cigarrillo, molesta que su nombre aún no había sido llamado. Nos contó que estaba en la primera lista que se entregó durante la mañana, y todavía no la habían llamado. Sobre la Junta, sin embargo, no sabía nada. 'No sé. La Junta fiscal son la Cámara y el Senado?', preguntó.

Aunque la Ley PROMESA no supone actuar como impedimento en la continuación de servicios ciudadanos financiados con fondos federales, las propuestas de austeridad como los aumentos tarifarios confirmados al servicio del agua atentan contra la ya reducida calidad de vida de aquellos que esperaron largas horas para solicitar una ayuda que le permite un techo. No obstante, la JCF como institución no cuenta con el apoyo de muchos, aunque muchos más abiertamente desconocen del amplio poder que tienen sobre el gobierno, y por consiguiente sobre ellos.

Entretanto, la jueza federal a cargo de resolver las controversias sobre el pago de la deuda – meta principal de la ley PROMESA – tiene ante sí el primer pleito incoado por la JCF contra el gobierno, por negarse a poner en marcha una medida incluida en el Plan Fiscal inapelable, la reducción de la jornada laboral en el sector público. De ser resuelto a favor de la Junta, se establecería un precedente que obligaría al gobierno a ejecutar toda medida incluida en el plan, sin excepción alguna.

De esta manera, la Junta consolidaría su poder sobre la élite del gobierno, llevando la administración a tomar rumbos similares que atravesaron pasados gobierno. Aumentos en impuestos, agua y luz, multas excesivas, recortando ayudas sociales y otras medidas históricas que los políticos han justificado, invocando una crisis en el gobierno y culpando la pasada administración.

Invocándola desde sus oficinas cómodas, trabajando largas horas y adivinando las necesidades urgentes de aquellos que dependen de ayudas sociales, como los que hicieron fila en el Pedrín Zorrilla.