El anuncio de la Administración Rosselló Nevares sobre una propuesta de retiro voluntario incentivado va dirigido a cumplir con los requisitos de reducción del tamaño de gobierno a la vez que supone una medida de ahorro que intenta huir de que la Junta de Control Fiscal (JCF) obligue la reducción de la jornada laboral.

Y es que, aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares insiste a diestra y siniestra que el ente rector de las finanzas del país no posee facultad para forzar la reducción de jornada o la eliminación del bono navideño, las enmiendas insertadas por la Junta al presupuesto condicionan estas medidas antipáticas al sostenimiento de las proyecciones de ingresos y ahorros del gobierno.

Según indicó a NotiCel el secretario de la gobernación, William Villafañe, el costo de la nómina pública ronda unos $4,500 millones, por lo que medidas como el empleador único y este programa de retiro voluntario, van dirigidas a reducir ese costo por $1,000 millones en un plazo de 10 años. Aunque la Administración entiende que las medidas exigidas por la Junta tendrían un efecto adverso a la calidad de vida de los empleados públicos y consecuentemente una reducción en los recaudos del Departamento de Hacienda (DH), al momento mantiene una fuerte apuesta a estas medidas para emigrar empleados públicos al sector privado.

No obstante, el Secretario reconoció que reducir el costo de la nómina pública es determinante para cumplir con las proyecciones del presupuesto y evitar las medidas que empuja la Junta. 'Esto se da, sí, mientras ha sido como una de las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal tanto la reducción de la jornada laboral, eliminación del bono Navidad, incluso despidos. Mientras esos planteamientos son hechos por parte de la Junta, el gobierno ha visto esto como una opción para lograr aliviar el costo de la nómina pública sin tener que recurrir a despidos, sin tener que recurrir a esa reducción de jornada porque esos impactos son muchos más nocivos a nuestra economía', dijo Villafañe.

El concepto de reducción de gobierno ('government right sizing' según la JCF) está contenido en los principios del plan fiscal, y el presupuesto en funciones dispone el espacio para ajustes en ese renglón cónsonos con las proyecciones de ingresos y ahorros. De tal modo que la reducción de jornada, la eliminación del bono o el retiro voluntario, figuran como las alternativas del gobierno para cumplir con el plan y el presupuesto.

'Pero la realidad es que el Gobernador y el equipo de trabajo, viendo el impacto negativo de todas esas medidas y de que afectaba principalmente a nuestros servidores públicos y a miles de familias de clase media, pues entonces vimos esta otra opción (retiro voluntario) como una idónea. Lo que pasa es que estaba evaluándose cuál era su impacto económico', explicó el Secretario de la Gobernación.

Aunque el estimado inicial de ahorros de esta medida provisto por La Fortaleza es de $1,000 millones en 10 años, aún es incierto por no contar con un estimado confiable de cuántos empleados se acogerían a este programa. 'Esto depende de la participación de la cantidad de empleados que se acojan al mismo, siendo conservador debe propiciar un ahorro mínimo de alrededor de mil millones de dólares por los próximos 10 años', admitió Villafañe, quien explicó que el retiro voluntario aplicará solo a plazas que son obsoletas o ineficientes o que pueda obtener mejores resultados de ser delegados a organizaciones sin fines de lucro.

La reserva de los $200 millones no suponía evitar recorte a la jornada?

Inicialmente la JCF exigió al gobierno separar una reserva de $200 millones para evitar la imposición del recorte a la jornada laboral o la eliminación del bono navideño. Aunque Villafañe indicó que 'se cumplió y se excedió' la cantidad solicitada, la realidad es que estas medidas son estrictamente dirigidas a reducir el tamaño de gobierno.

'Nosotros cumplimos con los requisitos establecidos en el plan fiscal para que no se implemente la reducción de jornada laboral ni la eliminación del bono de Navidad, así que no es necesario. Ahora bien, de todas maneras, esto es una medida que va cónsona tanto con el plan fiscal y con el programa de gobierno como con la necesidad de urgencia de establecer un gobierno que opere de manera mucho más eficiente, menos costoso y que permita el reenfoque de recursos hacia áreas que brinden servicios directos a la ciudadanía y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos', expresó.

Villafañe insistió que al presente no es necesario reducir la jornada para alcanzar los objetivos ilustrados en el plan fiscal. Sin embargo, son ajustes que de alguna manera tiene que implementar el gobierno de Puerto Rico, cuya administración de gobierno entiende que la JCF no puede obligar sus criterios y recomendaciones.