La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares se dispone a encaminar una serie de ajustes en los beneficios de empleados públicos, aumentos en impuestos y multas y otras medidas para subsanar un deficit heredado de $7,600 millones.

Entre las propuestas se dispone a modificar la Ley de Tránsito para efectos de aumentar sustancialmente los costos de los boletos de tránsito. En la práctica, las infracciones se duplicarán en su cuantía, por lo que una multa de $25 se aumentará a $50, mientras aquellas multas de $500 suben a $1000. Multas mínimas de $15 también aumentarán a $50.

Además, se contempla un nuevo modelo de descuentos de realizarse el pago antes de un mes. El mismo sería de 30% si se paga dentro de 15 días y de 15% si se paga dentro de 30 días. La administración además autorizará al recién constituido secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) la potestad de implementar otros mecanismos para el cobro de multas inmediato, lo que podría realizarse por medio de una Alianza Público Privada (APP).

Estas medidas se añaden al propuesto aumento de 10% del costo de licencias y marbetes, que fue incluido dentro el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF). Rosario no pudo precisar un estimado de ingresos con estas medidas.

Otras enmiendas, ajustes y aumentos dictados en el Plan

De igual forma, anticipado por el gobernador durante su mensaje de situación del estado, la administración propone equiparar los beneficios que reciben los empleados públicos, tanto del gobierno central como de las corporaciones públicas, a fin de aumentar eficiencia y generar ahorros.

La eliminación del bono de Navidad quedó descartada, pero en adelante se otorgará un bono fijo de $600 a todo empleado público sin importar rango. Según explicó el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, no ofrecerán bonos adicionales por productividad u otros logros, por lo que el bono navideño será el único al que se tendrá derecho en el sector público.

En esa misma línea, la acumulación de licencias por enfermedad y vacaciones se limitarán a 90 días y 60 días respectivamente. La tasa de acumulación para la licencia de vacaciones se modificará para que sea a razón de 1 y días por mes de servicio, lo que equivale a los 15 días de vacaciones que era estándar en el sector privado previo a la reforma laboral. En el caso de la licencia por enfermedad, su tasa de acumulación permanecerá a razón de 1 y por cada mes de servicio para todo empleado contratado antes de la ley 8 del 2017 y de 1 día para todo empleado contratado posterior a ese estatuto.

Rosario indicó además que la liquidación de la licencia de vacaciones se proveerá únicamente cuando el empleado opte por separarse del servicio, mientras que la licencia por enfermedad no se liquidará bajo ninguna circunstancia. 'Los empleados las tienen que coger, no se va a liquidar en efectivo licencias de vacaciones. Todos los jefes de agencias estarán obligados a hacer planes de trabajo para que todos sus empleados puedan coger sus licencias de vacaciones y la agoten disfrutándola no liquidándola', sentenció Rosario.

Los beneficios marginales que reciben los empleados públicos también se equipararán, exceptuando la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios, para así facilitar la movilidad entre empleados bajo el sistema de Empleador Único. En total, la administración espera generar $434 millones con estas medidas.

Por otra parte, la administración empezará a cobrar un arbitrio para los cigarrillos electrónicos de $3. El arbitrio por cada 100 cigarrillos aumentará de $17 a $25.50, mientras que en el caso del tabaco de mascar se le impondrá un arbitrio de $5 por libra (al presente es de $1) y al tabaco en polvo de $4.53 (actualmente de $3.02).

De mismo modo el costo de derechos de licencia para vender estos productos aumentar para mayoristas de $200 a $750 y a los comercios al detal de $100 a $300.