El gobernador Ricardo Rosselló respaldó incondicionalmente a su hombre de confianza Elías Sánchez como su representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF), a la vez que el abogado permanece con su práctica legal privada que incluye cabildeo.

Sánchez pasó de ser el director de campaña de Rosselló, con injerencia en todos los aspectos, incluyendo la recaudación de fondos, a ser el representante del Gobernador ante la JCF, una posición con voz pero sin voto que, por disposición de ley, no está sujeta a cernimiento por el Presidente o el Congreso de los Estados Unidos, como lo están los miembros con voto de la Junta.

El representante del Gobernador no está sujeto a la Ley de Ética de Puerto Rico ni al escrutinio de la Asamblea Legislativa. Su único mecanismo de rendición de cuentas vino en la más reciente versión del reglamento de la JCF, en la que se le obliga a someter divulgaciones financieras como a los demás miembros del organismo. Sánchez no cobra por su trabajo y no es contratista ni empleado regular del gobierno. Para todos los efectos, opera por la exclusiva confianza del Gobernador.

Contrario a otros miembros de juntas de gobierno, que pasan por evaluación legislativa aunque sean ciudadanos privados, el representante del Gobernador no tiene un nombramiento público; por lo que continúa ejerciendo su práctica privada teniendo la responsabilidad de ser la voz del interés público, y no de intereses particulares, ante el organismo que tiene la última palabra sobre las decisiones fiscales y contractuales del gobierno.

Este arreglo particular, y su aplicación a una figura con negocios privados activos como Sánchez, ha causado preocupación en sectores políticos y empresariales, por lo que NotiCel le hizo el planteamiento directo a Rosselló si no le parece que su representante necesita más mecanismos de rendición de cuentas o si no se constituye en un 'blind spot', o punto ciego, que puede desembocar en problemas de conflictos de interés o corrupción.

'Bueno, me responde a mí. Él (Elías Sánchez) tiene un deber moral al igual que cualquiera, aunque lo estén mirando o no, que tenga que actuar de la manera adecuada. O sea, si estamos hablando de la perspectiva moral yo concurro que él va a estar actuando de la manera adecuada'', dijo Rosselló en una mesa redonda con NotiCel.

'Los parámetros de fiscalización se los administro yo y yo soy responsable por ese nombramiento que hice, es parte de la estructura que ahí estaba y estoy confiado que va a hacer un trabajo excelente', insistió Rosselló al cuestionársele si podría ser peligroso tener una figura del sector privado en funciones de representación del Gobernador.

Para el Gobernador, las disposiciones aplicables por el reglamento de la Junta, y las opiniones que indicó fueron emitidas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental, así como su supervisión personal, son suficientes.

'Más vale que sea suficiente porque está actuando en representación del pueblo de Puerto Rico y yo confío plenamente que está haciendo lo correcto de otra forma no lo hubiese nominado. Mire, yo no puse las reglas de cómo se diseñaba esto. Yo procuro buscar las mejores personas para llenar los distintos espacios', reiteró el Primer Ejecutivo cuando NotiCel le planteó si su supervisión personal sobre Sánchez realmente era suficiente.

Por su parte, el representante del gobernador ante la JCF anticipó que se someterá a todas las regulaciones que disponen los estatutos aprobados por la Junta y cuestionó los fundamentos de los que se oponen o siembran dudas de su trabajo ante el organismo rector. Sostuvo le aplican las mismas disposiciones éticas que al resto de los miembros, aunque no tiene poder de tomar decisiones en la Junta.

'Estos sectores partieron de una premisa equivocada, falsa. Yo no puedo beneficiar a nadie porque no tengo derecho al voto. A mí me aplican las mismas disposiciones éticas que a todos los miembros de la Junta, a pesar que no tengo poder de voto; ni participo en subcomisiones; ni participo en la toma de decisiones ni establezco política pública. Así que estoy en una posición de mayor desventaja. Estaré cumpliendo con todos los requisitos de ética; con todo lo que se requiera a todos los miembros de la Junta', aseguró Sánchez al ser abordado por NotiCel tras la entrevista con el Gobernador.

Sánchez sostuvo que de no ofrecer toda la información financiera requerida por los estatus de la JCF no podría participar de las reuniones de trabajo. Dijo que, aunque quisiera, el gobierno está impedido de legislar medidas de fiscalización adicionales ya que la Ley PROMESA prohíbe que la Asamblea Legislativa legisle mecanismos de control sobre los miembros de la JCF. Tampoco entiende las críticas a que permanezca con su trabajo privado ya que los miembros de la Junta tampoco son empleados o funcionarios del gobierno ni federal ni del gobierno central.

'Es un trabajo de Junta, no es un trabajo de 8 am a 5 pm. La Junta no está constituida como si fuera un empleado regular. Así que yo creo que hay mucha confusión. No se entiende cómo funciona la Junta', recalcó.

Aseguró que no guarda ninguna relación contractual con el gobierno y que en caso de que tenga algún interés económico o algún cliente que suponga un conflicto de interés deberá inhibirse del tema, como todos los miembros de la Junta.

Dijo desconocer las razones o fundamentos que puedan tener los que ahora critican lo que no le criticaron a su antecesor, Richard Ravitch, que mantenía miles de dólares en contratos con el gobierno mientras representó al gobernador Alejandro García Padilla ante el organismo creado por PROMESA. Ravitch realizó esa labor por apenas unas semanas antes de que hubiera cambio de administración.

'El planteamiento aparentemente es por mí, porque al que estaba antes que yo nunca le cuestionaron nada y teníá otro contrato (con el gobierno) por $200 mil. Todo eso a quien levanta suspicacia es a mí por el discrimen que quieren tener por el hecho de que soy puertorriqueño. Eso es todo', sostuvo Sánchez.

Por su parte, el director ejecutivo interino de la JCF, Ramón Ruiz Comas hizo un llamado general a todos los que forman parte del equipo de la trabajo del organismo a ejercerlo de manera responsable y con los más altos estándares de ética.

'Tenemos que responder a los intereses de todos los puertorriqueños. De todos los ciudadanos. También tenemos una obligación con unos acreedores otros constituyentes que pueden ser afectados por este proceso; así que, desde mi punto de vista, es importante que todos hagamos las cosas cumpliendo con los más altos estándares de ética que tengan que existir… Una responsabilidad ante el país', subrayó.