Washington DC - La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, se mostró preocupada por los requerimientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) de que el gobierno en la isla, para lograr ahorros sustanciales en un plan fiscal aún por aprobarse, tenga que hacer unos recortes drásticos en relativamente poco tiempo.

En una carta al gobernador Ricardo Rosselló el miércoles, la Junta especificó recortes y/o reformas en cinco áreas que se deben incluir en el plan fiscal que deberá someterles el 28 de febrero de 2017, seis semanas más tarde que la fecha límite original. Para lograr ahorros anuales de $4,500 millones para el año fiscal 2019, recomiendan ajustes y reducciones para hacer el gobierno más eficiente, y recortes y reformas en los gastos de salud, la educación superior, y el sistema de retiros.

'Nosotros no llevamos ni siquiera un mes para que la Junta no le dé ni un voto de confianza en las nuevas iniciativas programáticas que busca reducir los gastos del gobierno y hacerlo mucho más eficiente,' expresó González, luego de reunirse el jueves con alcaldes 11 alcaldes populares y novoprogresistas en el Capitolio para discutir cómo encaminar varios proyectos ya pendientes y nuevos en la isla. 'No se nos está dando ni siquiera el beneficio de la duda de que estamos cambiando esa política pública.'

La comisionada aclaró que este es su parecer personal, ya que aún no ha conversado con el gobernador luego de que recibiera la carta de la Junta. Recalcó que los recortes de un 30 por ciento en la nómina pública y recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las pensiones, no fue parte de la plataforma de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones pasadas y la Junta no le está dando espacio al nuevo gobierno para 'cambiar lo que ha hecho mal el anterior'.

Afirmó que tratará el asunto cuando se reúna con miembros de la Junta en sus oficinas en el Capitolio en la semana entrante.

'Yo creo que la Junta tiene que saber que recortes de esta magnitud,lo que hacen es agravar más la situación fiscal de la isla, y yo confío que el plan que el gobernador está implantando aceleradamente se pueda dar y se pueda lograr las economías necesarias sin que eso requiera la estrangulación del pueblo de Puerto Rico sobre los empleados', afirmó.

Como otra medida para ahorrar dinero, la Junta también le recomendó a Rosselló eliminar los subsidios a los municipios y al sector privado. Los alcaldes que se reunieron con la comisionada, que se encontraban en Washington para asistir a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos y a la investidura del presidente electo Donald Trump el viernes, manifestaron sus objeciones a esa medida.

Rolando Ortíz, alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, afirmó que eliminar los $409 millones de subsidio crea una situación aun más crítica, particularmente en los municipios pequeños donde el subsidio compone casi todos sus recursos.

Añadió que uno de los principios por el cual el presidente Barack Obama firmó la ley PROMESA para atender la crisis fiscal de la isla, era el evitar una crisis humanitaria, 'se pone en juego y crearía situaciones críticias en los gobiernos locales.'

'En el pasado nosotros los municipios nos hemos tenido que hacer cargo de muchas funciones del gobierno estatal y un recorte de esa magnitud sería atentar contra los servicios que nosotros le proveemos a nuestra gente,' afirmó el alcalde novoprogresista de Aibonito Willie Alicea.

Los alcaldes populares ya le solicitaron una audiencia al gobernador junto con los alcaldes novoprogresistas para analizar el asunto y manifestar sus preocupaciones, particularmente sobre los servicios de salud, mantenimiento, culturales, escolares que ofrecen los municipios.

'No hay forma de levantar a Puerto Rico destruyendo a los municipios,' expresó Walter Torres, alcalde popular de Peñuelas. 'Si los municipios pierden esos recursos, no se le pueden dar a su gente.'

Los gastos de viaje de los alcaldes a Washington para la conferencia de alcaldes, el cual coincidió con la investidura del presidente-electo Donald Trump, son sufragados por los municipios. Los alcaldes afirmaron que el asistir a estas actividades es una inversión para crear los contactos, las relaciones y el conocimiento necesario para ser competitivos al propulsar proyectos de infraestructura, ambientales y de desarrollo económico para sus pueblos.

Casi todos los municipios representados por sus alcaldes en Washington tenían un superávit y los gastos de viajes como estos forman parte de sus presupuestos municipales.

Añadió la comisionada González que 'le sale más barato al pueblo a que paguen para que los alcaldes vengan a Washington que el tener que contratar cabilderos.'

El alcalde novoprogresista Francisco 'Paco' López explicó que su municipio de Barranquitas no tiene fondos para reclutar un cabildero, así que esas funciones las hace él.

'Cualquier gestión la tengo que hacer yo,' afirmó, 'y lo hago con mucho gusto.'