La Junta de Control Fiscal (JCF) expresó claramente en su reciente carta al gobernador electo, Ricardo Rosselló, que, 'hacer menos de lo que hace falta o postergar la solución al problema ya no es una opción', por lo que la administración entrante tendrá que actuar de inmediato sobre 10 medidas recomendadas por ese cuerpo.

Reformas, reestructuraciones, ajustes, alianzas público privadas y privatizaciones son las acciones que la JCF urgió para que el gobierno pueda reducir gastos operacionales y desarrollar su potencial económico. Pero mientras Rosselló asegura que la gran mayoría de las recomendaciones de la JCF están incluidas dentro su Plan para Puerto Rico, lo cierto es que algunas podrían redundar en recortes de beneficios a la ciudadanía, precios más altos para algunos servicios y la venta de activos del estado a la industria privada.

A continuación las recomendaciones de la Junta.

Reformas laborales y de asistencia social

La primera recomendación persigue 'acelerar la creación de empleos y asegurar que menos personas dependan de asistencia social', acción que atenta directamente contra los beneficiarios de iniciativas como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). A grandes rasgos el Plan del gobernador electo contempla mejorar la competitividad industrial de la Isla y establecer un Centro de Oportunidades Federales con el fin de aumentar la tasa de empleo.

Para aquellos beneficiarios de programas de sustento Rosselló propone incorporar Puerto Rico dentro el programa Moving to Work del Departamento de la Vivienda Federal y otra iniciativa llamada Welfare to Work. Ambos programas irían dirigidos a cortar la cultura de dependencia entre beneficiarios del gobierno para reducir la aportación del gobierno y promover la auto sustentabilidad en. tre ellos.

Reforma energética para bajar el costo y aumentar la confiabilidad del sistema de energía eléctrica

Según el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Quintana, para el próximo año la corporación pública estaría llegando a un acuerdo final con sus acreedores para reestructurar su deuda. Sin embargo, esta meta irá acompañada de un aumento tarifario de aproximadamente 3.1 centavos más otros 1.3 centavos producto de un aumento temporero impuesto en agosto que podría tornarse permanente.

La administración entrante contempla la posibilidad de reducir gastos operacionales dentro la AEE, abrir la generación energética al modelo de A-P-P y diversificar fuentes de energía renovable. Aunque para la administración entrante es imperativo reducir el costo de energía para mejorar la competitividad de la Isla, lo cierto es que podría resultar un proceso complicado y extenso que tendrá que pasar por la Comisión de Energía, entidad encargada de dar visto bueno a cualquier proyecto energético.

Reforma tributaria y mejorar la eficiencia del Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda (DH) bajo el mando del secretario Juan Zaragoza logró saltos considerables en áreas de recaudación y fiscalización. Sin embargo el propio Zaragoza ha esbozado que el DH necesita más personal para agilizar sus operaciones y ejecutar iniciativas tecnológicas que facilitarán gestiones para comerciantes y contribuyentes.

Dentro el plan de Rosselló se contempla reducir a 20% la tasa máxima de contribución a corporaciones y abogar por la permanencia del descuento de 9% a ingresos de empresas estadounidenses en Puerto Rico que permite la sección 199 del Código de Rentas Internas Federal. El descuento de la sección 199 se renueva anualmente en el Congreso, por lo que se propone que la Comisionada Residente, Jennifer González, abogue por su permanencia en un proyecto de reforma o un proyecto exclusivo a la Isla.

Reforma regulatoria y de permisos

Para la administración entrante la agilización en el proceso de solicitud y aprobación de permisos figura como una de las prioridades para un desarrollo económico efectivo. En su informe de transición la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) indica que en Puerto Rico toma unos 135 días para cumplir con 20 trámites requeridos para obtener un permiso de construcción, lo que los ubica en la posición 135 de 181 de países con la mejor efectividad para hacer este tipo de gestión según la organización World Bank Group.

Para remediar la lentitud del proceso, la administración entrante propone transformar la OGPe en una Oficina Única de Permisos que agrupará todo permiso, licencia y certificación que emita cualquier dependencia del gobierno.

Alianzas Público Privadas para desarrollar nueva infraestructura y reparar la existente

Una de las críticas más contundentes que ha hecho la administración entrante al gobierno de Alejandro García Padilla ha sido la falta de A-P-P's en otras áreas del gobierno. Más allá de proponer A-P-P's para a generación de energía, Rosselló también ha mencionado implantar este modelo para facilidades de recreación bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales, servicios municipales, estructuras abandonadas del Departamento de Educación e incluso para el Centro Médico de Río Piedras.

El gobernador entrante pretende mejorar el modelo de A-P-P a fin de incluir la participación ciudadana y empresarial con el fin de garantizar una mejoría en los servicios que brindarán estas empresas. Además contemplan incluir a Puerto Rico en el Transportation Finance Innovation Act, fondos que tendrían que solicitarse desde el Congreso para ciertos proyectos de construcción y mejoras de carreteras.

Reestructurar al tamaño correcto el Gobierno para enfocarse en la calidad de servicios básicos mientras se eliminan servicios no-esenciales que el gobierno no puede costear

Precisamente uno de los primeros retos que enfrentaría el gobernador electo es distinguir entre aquellos servicios esenciales y aquellos no-esenciales. Aunque existe una redundancia en servicios que ofrece el gobierno, para Rosselló el proceso debería tener en consideración el rendimiento que produce para el estado como también la posibilidad de delegarlo al tercer sector.

Entre las propuestas del gobierno entrante, la implantación de un presupuesto base cero que detalle cada gasto dentro el gobierno con su justificación llevaría a la sustentabilidad de estos servicios básicos. No obstante, tal como recomendado por la JCF, el término no-esencial estaría sujeto al criterio de la administración entrante.

Ajustar los precios de servicios del Gobierno, alineando lo que cobra por los servicios que ofrece con el verdadero costo, reduciendo o eliminando así los costosos subsidios que el gobierno no puede costear

La semana pasada el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, alertó que la tarifa de transporte marítimo entre Vieques y Culebra podrían aumentar entre $30 y $35 por persona. Aunque el aumento responde a la recomendación de la JCF, la acción sería nefasta para los ciudadanos de las Islas Municipio.

En este renglón se incluye la Universidad de Puerto Rico (UPR), institución para la cual la JCF ya evalúa establecer una matrícula ajustada a los ingresos familiares para permitir aquellos con menos recursos pagar menos y aquellos con mayores recursos a pagar más. Aunque la UPR mantiene autonomía en la toma de decisiones, la institución está bajo la supervisión de la JCF.

Privatizar los activos del gobierno para que puedan ser manejados de forma más efectiva por el sector privado o el tercer sector

En su carta al gobernador electo la JCF enfatiza en la venta de bienes raíces del gobierno y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). A esto se añade que durante el proceso de transición la CFSE admitió que su condición financiera está en precario.

Reestructurar las obligaciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda y la reforma de los sistemas de pensiones

La ley PROMESA provee para un proceso de reestructuración supervisado por los tribunales mediante el Título 3, y otro mecanismo de reestructuración voluntaria mediante el Título 6. La administración entrante ha declarado que, para propósitos de recobrar credibilidad en el mercado, el proceso de reestructuración voluntaria sería preferible.

No obstante, a este proceso se incluye el llamado para auditar la deuda pública para descartar aquella que fuera incurrida de manera ilegal. Además, se considera que a finales de febrero vence la disposición para paralizar litigios por cobro de deuda que impone la ley PROMESA, por lo que el proceso de reestructuración podría darse o de manera agilizada o en común acuerdo con los acreedores para evitar llegar a las cortes.

En cuanto los sistemas de retiro, el plan de Rosselló contempla incluir fuentes de ingreso nuevas mediante el modelo de A-P-P. El compromiso de la administración entrante ha sido a favor de recapitalizar los sistemas de retiro.

Reformar los sistemas de educación y salud

Con un énfasis en áreas de ciencias y tecnología, la administración de Rosselló propone cambiar cambios fundamentales al sistema de educación. La reforma en educación iría dirigida a reducir la burocracia en el Departamento de Educación, revisar el currículo escolar y fortalecer la educación de otros idiomas.

Para el campo de la Salud, el gobernador electo propone enmendar el actual plan estatal de distintas regiones para crear una sola. Además busca ampliar la red de proveedores de salud para permitir al ciudadano elegir una cubierta que cubra sus necesidades específicas.