El asesor legal de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jaime A. El Koury, cursó una carta al director de la división legal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo J. Rivera, solicitando la revisión del contrato de servicios medicos.

Recientemente, la Junta divulgó su política de revisión de contratos gubernamentales que sobrepasen los $10 millones. Tomando en cuenta que el acuerdo (2018-000042) entre el DCR y Correctional Health Services Corporation (CHSC) pudiera ascender a una anualidad de $15,460,000 tras una extensión firmada el 31 de octubre de 2017, el asesor legal de la Junta solicitó que el contrato que inicia el primero de octubre con Physician HMO Inc. sea sometido para su revisión con mínimo dos semanas de anticipación.

Según el Plan Fiscal del DCR, se deben generar ahorros de $ 3,309,151 mediante la provisión de atención medica para los reclusos y $ 1,690,579 adicionales en ahorros de personal relacionados con la atención medica para el año fiscal 2019. Mientras, para el año fiscal 2020, los ahorros aumentan a $ 13,236,605 para la adquisición de servicios de salud y $ 6,762,317 para personal relacionado con estos servicios.

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'El contrato de salud correccional es particularmente importante para el DCR si quiere cumplir con los requisitos de ahorros contenidos en su Plan Fiscal. Por ello la extensión de este contrato no se considera aprobado por la Junta de Control Fiscal', indica la misiva de El Koury.

El abogado agrega que el DCR debe responder a 3 interrogantes, a saber:

¿Los empleados de difícil reclutamiento están incluidos por el nuevo acuerdo?

¿Cómo logrará los ahorros indicados en el Plan Fiscal, incluida la extensión y el nuevo contrato y otros contratos relacionados?

¿Cómo se lograrán los ahorros proyectados para el año fiscal 2020?

Puede leer la carta a continuación.