El ente fiscal pide información al Secretario de Agricultura sobre el Fondo de Mejoras Municipales que es objeto también de requerimientos de información en la Cámara de Representantes.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, hasta el 31 de marzo para entregar información sobre el uso del controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que es objeto de auditoría, de un referido al Departamento de Justicia y también de requerimientos de información en la Cámara de Representantes.

Como un ejercicio de "transparencia en el manejo de fondos públicos", el ente fiscal pidió certificaciones de los balances acumulados hasta ahora en el fondo, de todas las transacciones y desembolsos hechos en el fondo desde el 1 de enero de 2021, de las solicitudes de distribución pendientes y los hallazgos de la auditoría que Agricultura comisionó a Ufirm LLC (el contable Ricardo Dalmau Santana) sobre el fondo.

El requerimiento del lunes va en la misma línea de uno que realizó el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y que González Beiró todavía no ha cumplido. El presidente cameral también requirió a los representantes que le dieran información sobre sus solicitudes de desembolso pendientes en el fondo, pero todavía no ha radicado una resolución de investigación sobre el asunto que involucra potencialmente a todos los senadores y representantes de todos los partidos del 2021 hasta ahora.

Además del referido que González Beiró hizo a Justicia el lunes pasado, el FMM es objeto de una auditoría de la Oficina de la Contralora en conjunto con la Oficina de la Inspectora General.

Al día de hoy no ha ocurrido todavía una rendición de cuentas completa sobre el manejo del FMM desde enero de 2021 y, aunque es la máxima autoridad sobre la AT como presidente de su Junta de Gobierno, González Beiró ha alegado que no tiene detalles sobre la operación. Una divulgación parcial del secretario a la Cámara refleja que hay $41.8 millones asignados al FMM, que se dividen a razón de de $523,657 para cada representante por distrito y $1.3 millones para cada senador por distrito.

El referido que realizó González Beiró se centra en tres entidades cuyos expedientes de asignaciones bajo el FMM reflejan irregularidades, inconsistencias o falta de información: la Fundación Azriel Corp. (del exreguetonero, ahora predicador, Héctor "El Father" Delgado Román), y la Fundación Deportiva del Oeste y Emass Inc. (ambas incorporadas por Héctor Vega Jiménez). El secretario también canceló tres contratos al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. y le reclamó la devolución de $1.1 millones que recibió para una obra que no parece haber iniciado.

El origen de los cuestionamientos sobre el FMM están en la Ley 173 que se aprobó el 30 de diciembre de 2020, cuando tanto la Legislatura como la Gobernación estaban al mando del Partido Nuevo Progresista y cuando ya se conocía que ese partido había perdido el control político de la Asamblea Legislativa que entraba en enero de 2021. Inicialmente, la ley fue un proyecto que radicó el representante novoprogresista Antonio Soto Torres, quien renunció sorpresivamente en 2021.

En esas circunstancias, se creó el FMM como un barril de tocino que se nutriría de una fracción de los ingresos por el impuesto sobre las ventas y uso y que estaría bajo la custodia de la Autoridad de Tierras (AT), una corporación pública cuya Junta de Gobierno preside González Beiró. El cambio principal que introdujo el esquema nuevo es que, antes, las distribuciones de dinero de los barriles de tocino se tenían que hacer mediante legislación y el público conocía qué cantidad de dinero estaba yendo a qué beneficiario para qué uso. Pero, ahora, las distribuciones económicas pueden ser "determinadas administrativamente" por los senadores y representantes con solo enviar una carta a la Autoridad de Tierras que no tiene que pasar por la votación abierta en el pleno.

Es un esquema que ya la Contraloría le indicó al representante José B. Márquez Reyes que choca con la Constitución. El legislador ha llevado la voz cantante sobre las irregularidades en el FMM y adelantó que iría a los tribunales para impugnar estas distribuciones económicas.

El 17 de febrero pasado, González Beiró destituyó fulminantemente a Dorally Rivera Martínez, la directora ejecutiva de la AT, justo después de que los auditores de la Contraloría visitaran la dependencia y formalizaran el inicio de la auditoría sobre el FMM que había solicitado la directora ejecutiva.

Mientras esto sucede, el Senado mantiene congelado el Proyecto de la Cámara 427, que presentaron Hernández Montañez y Jesús Santa Rodríguez el 15 de enero para que las distribuciones de dinero del FMM sean otra vez mediante legislación en vez de con el mecanismo de determinaciones administrativas de cada legislador. La intención del Senado es mantener el esquema como está ahora, con cada legislador teniendo la capacidad de hacer las distribuciones directamente.