El cónclave con los miembros del ente fiscal constituye una nueva etapa de trabajo "profesional y de respeto" entre las partes, según el Presidente Cameral.

Un día después de que el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes acordó derrotar dos nombramientos del Ejecutivo por la resistencia del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a aplazar la transición del sistema eléctrico al consorcio de LUMA Energy, el liderato popular se reunió con la jefatura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero no tocó el tema del polémico contrato que el ente fiscal impulsó y avaló, como parte de la reforma energética que propone para el País.

Luego del cónclave en su oficina, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez flanqueado por los presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara Baja y del Senado, Jesús Santa Rodríguez y Juan Zaragoza Gómez, apuntó que se inclinaba a aprobar un presupuesto de $10,100 millones, que incluye un bono de Navidad para los empleados públicos. Esta cifra coincide con el presupuesto recomendado por el ente fiscal y se aparta de la propuesta enmendada del Gobernador, quien la semana pasada abogó por un presupuesto de $10,345 millones.

“La reunión giró en cuanto a la primera transacción que tiene responsabilidad esta Asamblea Legislativa y no de un acuerdo que la posición nuestra es clara y contundente de los acuerdos previos del Gobierno anterior. Ya nosotros no tenemos que probar cuál es nuestra posición”, indicó Hernández Montañez a preguntas de NotiCel.

“No, porque eso no es presupuesto del 2021-2022”, agregó Santa Rodríguez ante una pregunta sobre las razones para no reclamar a la JSF que pospusiera el proceso de transferencia a LUMA Energy.

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La delegación del PPD, que controla la Cámara Baja, rechazó los nombramientos del secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, y de Manuel Torres Nieves como contralor porque Pierluisi Urrutia -entre otras razones- vetó una medida que proponía aplazar la transferencia de la red eléctrica y de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al operador privado hasta el 15 d enero de 2022 para enmendar el contrato. Tanto la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y el Gobernador han rechazado la necesidad de enmendar este pacto, que estipula que ese cambio de mando inicie el 1 de junio, fecha en que arranca la temporada de huracanes.

Pero ustedes plantean que este contrato es malo, ¿por qué no traerlo a la mesa?, insistió este medio digital.

“Eso no trabaja así”, respondió Santa Rodríguez.

“El propósito de la reunión es ir hacia adelante... Hablamos del presupuesto y en el presupuesto lo único que hay de LUMA es que no incluye los $120 millones para los empleados que se moverán a otras agencias”, abundó el Presidente Cameral.

Como parte de la transición al operador privado, el Gobierno aprobó legislación que establece que los empleados de la AEE que no se muevan a LUMA pasarán a otras dependencias del gobierno con el mismo salario y los beneficios marginales. Ese proceso de reubicación ha creado ronchas porque en decenas de instancias no se ha tomado en consideración la educación y el peritaje del empleado o empleada a la hora de colocarlo en una otra agencia.

Hernández Montañez apuntó que esa partida, que se estima en unos $120 millones, no está contemplada en el presupuesto del Gobernador, ni el presupuesto de la Junta. Por tanto, la Cámara tendrá que identificar partidas para realizar recortes.

“En el caso de LUMA, no sabían que el contrato de la AEE se iba a pagar de la corporación pública de las plazas al gobierno central, el presupuesto de la junta no lo tiene, ni el presupuesto del gobernador.

En las cartas que Jaresko ha enviado al Presidente Cameral, el Gobernador y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha explicado que la AEE debe cubrir el llamado plan de movilidad de los empleados de la corporación pública, que pasarán a otras agencias de gobierno y que constituye un pago doble de nómina. La Junta estableció que esos gastos se sufragarán con el ‘cash on hand’ de la corporación pública, que se encuentra en quiebra y que solo cuenta con unos $600 millones -acumulados por la congelación del pago de intereses- para atender la deuda con los bonistas.

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Ayer, Hernández Montañez, Santa Rodríguez y Zaragoza Gómez celebraron esta nueva “apertura” de la JSF y se mostraron optimistas en que el próximo presupuesto, que entrará en vigor el 1 de julio, se aprobará en consenso entre el ente fiscal, el Ejecutivo y el Legislativo y que responderá a las necesidades del País.

“Tengo total esperanza en que lo que hoy (ayer) acordamos de buena fe pueda llevarnos a puntos de encuentro para mitigar esos recortes en el presupuesto”, insistió Hernández Montañez.

“Esto no va a ser de forma arbitraria”, agregó.

Hace dos semanas, la Cámara derrotó una medida exigida por la Junta para destinar $750 millones de las arcas del Gobierno para los gastos operaciones de LUMA. Sin titubeos, la JSF aprobó el dinero al día siguiente del trámite del legislativo.

“Cuando son ellos los que dicen ‘vamos a sentarnos a ver cómo van tus partidas’, oye eso es un avance”, apuntaló Santa Rodríguez.

Como parte de ese ejercicio, el legislador también anticipó que procurará recortar la partida de servicios profesionales de los abogados que litigan el caso del Título III bajo la Ley federal Promesa o la quiebra gubernamental.

“Esos son temas técnicos y lo importante es que hay acuerdos de diálogo, de buscar puntos de encuentro para que eso se pueda resolver, cuando las personas hacen un llamado de diálogo y de puntos de encuentro no es que es lo mío o the ‘highway’”, señaló Hernández Montañez. que incluirá el bono de Navidad. Ese es el mismo monto del presupuesto sometido por la Junta.

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Según el Presidente Cameral, el cuerpo que preside debe aprobar el presupuesto para el 13 de junio, mientras que el Senado debe completar el trámite el 18 de junio.

“Al momento de aprobar el presupuesto se tiene que aprobar con las realidades que tenemos disponibles. El tema de salud que estamos trabajando en Washington (dinero para Medicaid) no es real hoy. Y es una irresponsabilidad que el gobierno de Puerto Rico considere algo que ni siquiera está contemplado en el plan fiscal”, respondió Hernández Montañez a la diferencia entre el presupuesto que aprobará la Cámara y la versión presentada por Ejecutivo.

“Eso tenía que haberse hecho en enero y el Gobernador no pudo modificar su plan fiscal y no pudo convencer a la Junta. Ya pasó esa etapa. El ingreso ratificado por Hacienda es de $10,100 millones. De ahí hay que desglosar cuánto podemos gastar porque ya están alineadas las proyecciones”, abundó.

La semana pasada, Pierluisi Urrutia presentó un presupuesto que incluye $233 millones adicionales a la propuesta de la JSF y que apuesta a una asignación de fondos federales en el área de la salud que todavía no ha sido legislada.

Similar a la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto que recomendará la Cámara propone una defensa de la Universidad de Puerto Rico y de la gestión de los municipios. Pero según Hernández Montañez, diferente al presupuesto propuesto por el Ejecutivo, se apoyará en estimados de ingresos reales.

Pese a que entraron por la puerta principal de la Oficina del Presidente de la Cámara, Jaresko, los miembros de la Junta Justin Peterson, Antonio Medina, John Nixon, y su presidente David Skeel salieron por una salida privada para evitar expresiones a la prensa.

Los miembros de la JSF se encuentran en la Isla para su 28va reunión pública, que se celebrará hoy en el Centro de Convenciones en Miramar.