La Junta de Control Fiscal (JCF) dejó saber su desacuerdo a cuatro proyectos que están siendo considerados por la Asamblea Legislativa.

Estos tres proyectos son el proyecto de la Cámara 1716, el PC 1707, PC 1723 y PC 1724.

El PC 1716 busca dar al Departamento de Justicia el poder para perseguir acción legal en aras de defender el pago completo de las pensiones públicas. Según la JCF, esta determinación iría contra la reforma de pensiones vislumbrada en el Plan Fiscal aprobado para el Gobierno.

Por otro lado, el PC 1707 excluiría a los generadores de electricidad del Impuesto de Venta y Uso (IVU) porque según la JCF le quitaría a la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) y al Fondo General ingresos que se vislumbraban en el Plan Fiscal.

Mientras que los PC 1723 y 1724 buscan eliminar las multas emitidas por pasar un peaje de AutoExpreso sin fondos en la cuenta. Para la JCF, al igual que el IVU, estas multas son ingresos para el Fondo General que ya se tomaban en cuenta a la hora de desarrollarse el Plan Fiscal.

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Por otro lado, afirmaron estar dispuestos aceptar el proyecto del Senado 879 que busca que los municipios no aporten al Plan de Salud del Gobierno (PSG) por dos años con la excepción de que en vez de extenderse hasta el 2020 se acorte al 30 de septiembre de 2019.

'La Junta entiende que los municipios enfrentan realidades financieras difíciles y está comprometida para trabajar en soluciones sustentables a largo plazo para el financiamiento municipal, incluyendo contribuciones municipales a ASES', lee la misiva firmada por la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.

La JCF se expresó dispuesta a enmendar el Plan Fiscal certificado para permitir la exención municipal contemplada en la medida siempre y cuando la legislación sea enmendada para que dicha exención termine el 30 de septiembre de 2019, que es cuando termina el período del reembolso federal total, en lugar del final del año fiscal 2020. Además, señaló que teniendo en cuenta la reducción de los pagos a ASES por parte de los municipios, el Gobierno tendría que identificar una redistribución apropiada dentro del presupuesto si es que quiere mantener inalterado el nivel de gastos de ASES que no cubren los fondos federales.

El proyecto fue propuesto como un alivio financiero para los municipios tras el paso del huracán María por la isla que duraría dos años fiscales.

'A pesar de que se les exime de dicha obligación, esta legislación no tiene impacto fiscal para ASES, debido a que, por virtud de la Ley Federal, Public Law 115-123, el Gobierno de Puerto Rico recibirá una asignación de fondos que asciende a más de $4,800 millones de fondos Medicaid que serán utilizados para financiar nuestro sistema de salud pública por los próximos dos años fiscales', lee el proyecto.

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