Hasta mayo de este año, la quiebra del Gobierno de Puerto Rico ha costado al pueblo $228,361,835.02, una cuantía que en meses recientes se disparó en la medida que algunos abogados aumentaron sus tarifas.

Según los informes interinos de la firma encargada de examinar las tarifas de los profesionales, Godfrey & Kahn, los aumentos se han concentrado entre los representantes legales y firmas asesoras contratadas por la Junta de Control Fiscal (JCF). El impacto del aumento supone $3.9 millones adicionales en el tercer periodo de facturación interina, que corresponde al periodo entre febrero y mayo de este año.

Del informe más reciente del examinador de tarifas sobre este periodo se precisa que 51% del costo total de las tarifas solicitadas entre todas las partes del caso corresponden a la principal firma asesora de la Junta, McKinsey & Co, y a las cuatro firmas legales que representan al ente. En el caso de McKinsey, las facturas sometidas durante el tercer periodo de facturación ascienden a $27,437,000.

Empero, el examinador resalta que tras consultar a la JCF, tanto el asesor legal principal como la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, han indicado que el trabajo de McKinsey es 'indispensable' además de señalar la satisfacción inequívoca del ente instaurado por la Ley federal PROMESA.

No obstante, la firma examinadora aclaró que estos aumentos 'reflejan la inclusión de varios nuevos profesionales al proceso de evaluación de tarifas, como tambien el aumento general en la intensidad del desarrollo del plan fiscal, mediación, negociación y litigación', que llevan hacia procesos de confirmación para los casos en trámite.

Otro señalamiento hecho por Godfrey & Kahn para este periodo toca los descuentos que algunas firmas se comprometieron otorgar por tratarse de un caso de alto perfil y en consideración de la crisis fiscal de la Isla. Esos descuentos, sin embargo, varían. En el caso de los abogados y asesores del Comite de Acreedores no Asegurados, representados por la firma Jenner & Block, han pedido al examinador que toda deducción sea por el 20% acordado.

Aún así, durante la vista ómnibus del miercoles en el Tribunal Federal, los representantes de Godfrey & Kahn señalaron la falta de uniformidad entre los profesionales envueltos en el caso de Título III, pues mientras algunos de esos contratos permiten aumentos tarifarios otros no especifican si así lo permiten.

A su vez, el informe del examinador reconoce que las directrices emitidas por la jueza Laura Taylor Swain para una facturación estándar y rigurosa no ha sido acogida totalmente por los profesionales. Algunos incluso han sugerido que el proceso podría influenciar la estrategia de su representación, algo que el examinador de tarifas reconoció pero no aceptó.

'Todos los participantes (del caso) deben atenerse a estándares más altos de lo que podría aplicar en el contexto de un caso 'ordinario' de Capitulo 11. Lo que es razonable para un Capitulo 11 de una gran corporación no sería razonable bajo PROMESA, y dada la ausencia de un precedente o hasta una autoridad análoga, la corte, en última instancia, establece los límites', apunta el informe.

A esos efectos, el examinador de tarifas adelantó que objetará algunas facturas presentadas por las firmas contratadas por la JCF antes del 4 de diciembre. Entretanto, sostendrán discusiones con los profesionales de esas firmas para acordar límites a ajustes de tarifas y emplearlos prospectivamente.

Otra de las solicitudes de facturas que atenderán en diciembre será la de Filsinger Energy Partners, asesores de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y cuyo directivo, Todd Filsinger, funge como Principal Asesor Financiero.

A diferencia de otros profesionales, en el caso de Filsinger su trabajo no se presta a los mismos estándares de cantidad o calidad como los otros; más bien se extienden a asuntos que no necesariamente están relacionados al Título III. Esto incluye funciones atadas tanto a la reestructuración de las finanzas de la corporación pública como asesoría para el desarrollo del plan fiscal y coordinación de los fondos federales de recuperación.

Hasta el segundo periodo interino de tarifas sometido por Filsinger, la firma había facturado $7.3 millones en tarifas incurridas por hora. Para el actual periodo de facturación, la firma facturó $5 millones por 8,000 horas de trabajo.

La firma examinadora indicó que sostendrán reuniones adicionales con Filsigner para atender la naturaleza de facturación por hora en aras de desarrollar un proceso de evaluación que pueda ser aprobado por la corte.