El caso contra McKinsey & Co. es el primero que expone las tácticas cuestionables en su asesoría a distintos clientes.

Puerto Rico recibirá $4,338,607 como parte de una transacción a la que llegó la empresa de consultoría McKinsey & Co. con 47 estados y los territorios para poner fin a una demanda en la que se imputó que su trabajo de consultoría a la empresa Purdue Pharma ayudó a acelerar la epidemia de opiáceos que ha provocado 450,000 muertes en los últimos 20 años en Estados Unidos.

La transacción se conoció ayer y el secretario de Justicia designado, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó que la parte de Puerto Rico de la transacción de $573 millones representan $4.3 millones que deben ser destinados a aliviar los problemas causados por el abuso de los opiáceos.

“La epidemia de opioides ha provocado daños considerables a personas y comunidades en Puerto Rico. Como consecuencia de esto, han muerto ciudadanos puertorriqueños. A nivel económico, han creado costos considerables para Puerto Rico en forma de atención médica, bienestar infantil, justicia penal y muchos otros programas necesarios para disminuir la epidemia”, dijo Emanuelli Hernández.

En la demanda, se presentó cómo McKinsey aconsejó a Purdue Pharma para maximizar las ganancias de su producto, OxyContin, aún después de que la empresa farmacéutica aceptó culpa criminal en 2007 por engañar a los médicos y reguladores federales sobre los riesgos verdaderos del medicamento. Algunas de las tácticas fue dirigirse a los prescriptores de opioides de alto volumen, usar mensajes específicos para que los médicos prescribieran OxyContin a más pacientes y eludir las restricciones de farmacia para entregar recetas de dosis altas.

Como parte del acuerdo, McKinsey no admitirá culpa, pero aceptará restricciones sobre su trabajo de consultoría relacionado con narcóticos, divulgará conflictos de interés en su licitación por contratos públicos y debe hacer público decenas de miles de páginas de documentos relacionados a su trabajo con opiáceos. Una fuente del New York Times indicó que los $573 millones son una cantidad mayor a la que la empresa recibió de honorarios por su consultoría a Purdue Pharma y sus otros clientes en el área de opiáceos: Johnson & Johnson, Endo International y Mallinckrodt Pharmaceuticals.

Sin embargo, el impacto de la transacción va más allá de solo el caso de opiáceos debido a que McKinsey ha estado bajo escrutinio por sus tácticas de consultoría, específicamente movidas agresivas para crecer su negocio que conllevan que no solamente ofrece recomendaciones sino que cobra por implementar esas mismas recomendaciones. Además, la cercanía que el caso muestra entre McKinsey y sus clientes de opiáceos rompe con la imagen pública que proponían de que su asesoría es independiente y mantiene distancia de los manejos gerenciales de sus clientes. De hecho, en el caso de Purdue Pharma, eran dos socios de McKinsey los que lideraban el equipo de ventas de OxyContin.

En el escenario de Puerto Rico, McKinsey presta asesoría a la Junta de Control Fiscal (JCF) desde los inicios de ese ente en 2016 y ha sido criticada por funcionarios del Gobierno de Puerto Rico debido al control absoluto que tienen sobre los trabajos en la Junta. Uno de los nuevos miembros de la JCF, Justin Peterson esta semana cuestionó en su Twitter, con relación a la transacción del caso de OxyContin, que “¿por cuánto tiempo más la (JCF) le pagará decenas de millones de dólares a estos tipos (McKinsey)?”. “Sus proyecciones siempre están mal, y esto realmente hace daño a Puerto Rico”, añadió.

Además, McKinsey es uno de los demandados principales en un pleito que imputa que en la quiebra de Puerto Rico opera un esquema de crimen organizaco que involucra a asesores y abogados. Según la teoría del pleito, McKinsey es el jugador interno (como asesor de la Junta) que ayuda a coordinar procesos con los jugadores externos (otros abogados y consultores) para el enriquecimiento de todos.

En Estados Unidos, la empresa también ha sido criticada por asesorar a los gobiernos de China, Turquía y otros países con problemas de respeto a los derechos humanos y de intereses encontrados con los Estados Unidos.

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