Cuatro de los siete miembros de la Junta Fiscal entienden que el ente no puede disolverse antes del tiempo que dispone la ley y especialmente sin lograr reformas estructurales en el gobierno.

Solo uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el cabildero de bonistas Justin Peterson, se expresó a favor de que el ente fiscal termine antes de tiempo su control sobre las finanzas públicas en la isla y otros cuatro hicieron énfasis en que ahora deben concentrar todos sus esfuerzos en lograr las reformas estructurales en el gobierno que evitarían una segunda quiebra.

Esta especie de sesión psicoanalítica en público dominó ayer la conferencia de prensa de la Junta después de que el ente creado por la Ley PROMESA certificó unánimemente el Plan Fiscal que la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, había adelantado a los medios el miércoles destacando las provisiones para atender el retiro de los policías y establecer un programa de aumentos de salario a los empleados públicos.

De los siete miembros de la JSF, ninguno disputó la premisa de que si el Gobierno de Puerto Rico no implanta las reformas, volvería a ocurrir una quiebra pública. La educadora Betty Rosa estuvo ausente y el juez de quiebras Arthur Gonzales guardó silencio durante la conferencia.

Peterson tomó la resistencia del gobierno a tener progreso real en las reformas como una señal de que ya la Junta había extinguido sus posibilidades de ejercer presión bajo la Ley PROMESA y, por eso, debería disolverse y "devolverle la soberanía" a los funcionarios electos de Puerto Rico. Peterson también se mostró desafiante en que la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ajuste de deuda más grande que le queda a la Junta después del gobierno central, va a ocurrir con o sin la cooperación de la Legislatura. Esto pareció ser una referencia a los poderes que la ley habilitadora de la corporación pública de ir al tribunal directamente a pedir la designación de un síndico.

Pero el presidente, David Skeel, y los miembros John Nixon, Andrew Biggs y Antonio Medina pusieron resistencia a la visión de Peterson sobre el futuro de la Junta. Particularmente Nixon, quien es el miembro que más experiencia tiene en procesos presupuestarios públicos.

Sin las reformas, "Puerto Rico va a volver a caer en quiebra" y los retirados "van a tener que volver a pelear por sus pensiones en cinco o 10 años", dijo Nixon al resaltar que, todavía hoy después de más de cuatro años bajo PROMESA y la Junta, "alguna de la legislación que he visto, que la Junta ha tenido que bloquear, es perturbadora". "Yo estoy deseoso de enrollarme las mangas... en mi mente, esto no es el final", apuntó.

"Los asuntos que quedan por atender son extremadamente importantes (y) la posibilidad de que el gobierno los atienda sin la junta es baja", secundó Andrew Biggs, quien es uno de los miembros originales del ente. Mientras, Antonio Medina, el miembro que ocupa la silla reservada para un residente de Puerto Rico, aportó que la Junta debe ahora enfocar esfuerzos en el Título 5 de PROMESA, que es el más inactivo que está y que dispone para la posición de "Coordinador de Revitalización" y para que la Junta empuje en el gobierno proyectos estratégicos.

Skeel recordó que, ahora que el Plan de Ajuste de Deuda está aprobado, el presupuesto que entra en vigor en julio podría ser el primer presupuesto balanceado de los cuatro que PROMESA requiere para que la Junta pueda disolverse. La ley también habla de que el gobierno vuelva a tener acceso a los mercados financieros en condiciones favorables, algo que Jaresko dijo que no está previsto que suceda de inmediato porque la necesidad no está.

Además, no está provisto que suceda tan fácil como antes porque el Plan Fiscal impone también una "Agenda de Gerencia Fiscal", que se proyecta como una condición para que la Junta certifique que el gobierno ha cumplido con los requisitos para que el ente fiscal sea disuelto. La agenda tiene 12 puntos que incluyen la centralización de los procesos financieros bajo la Oficina del Principal Oficial Financiero (posición que tiene actualmente el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea), que el Gobernador establezca un Consejo de Gerencia, poder dar cuenta de todas las propiedades inmuebles del gobierno, establecer "mejores prácticas" en la compra y contratación, crear en la Legislatura un grupo no partidista para darle puntuación a cada legislación desde el punto de vista fiscal (como ocurre en el Congreso federal) y automatizar el registro de asistencia de los empleados públicos para asegurar que se paga nómina solo a empleados reales que están, en efecto, trabajando.

Pero, a preguntas de NotiCel, Jaresko confesó que PROMESA no los dota de herramientas agresivas para poder acelerar la adopción de las reformas por parte del gobierno, más allá de, como hicieron en el caso del aumento a los maestros, crear condiciones que la administración tiene que cumplir si quiere tener acceso a más fondos. En el caso de los maestros, la reforma educativa empieza por lograr que los maestros registren su asistencia y el Departamento de Educación solo pague a maestros activos y, de la misma manera, que los maestros registren la asistencia de los estudiantes para poder medir cuántos de los menores en edad escolar realmente están asistiendo a clases.

Estos incentivos presupuestarios "no siempre trabajan, es una herramienta tosca (en vez de filosa)", comentó. "El incentivo primario para el gobierno no debe ser la Junta, sino el deseo de hacer que esta isla sea un lugar más próspero y mejor para vivir", anotó.

Las cinco áreas de reforma que la Junta empuja en el gobierno son: capital humano y programas de beneficencia (que incluye rediseñar la elegibilidad de programas de beneficencia para incentivar el trabajo y crear programas de desarrollo laboral basados en un estudio de cuáles son las necesidades que habrá en el mercado en los próximos años); educación (que llama a mejorar profesionalmente a maestros y directores, así como rehacer los currículos para más integración de tecnologías); facilidad de hacer negocios (con una lista que abarca mejorar el suplido de energía, cambios a las leyes laborales, simplificar el código contributivo, reducir los requisitos de licencias profesionales y tener una estrategia de desarrollo que no esté basada en incentivos contributivos); energía (que está a medio camino con la entrega al LUMA del control de la red eléctrica); e infraestructura de transportación (que requiere una reingeniería de cómo se adquieren y asignan fondos de transportación).

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