Una subsidiaria de McKinsey & Co. era el mecanismo mediante el que ejecutivos podían beneficiarse financieramente de información confidencial que recibían como consultores sobre la deuda de PR.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) multó por $18 millones a una subsidiaria de McKinsey & Co., el principal consultor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por aprovechamiento ilícito de información, incluyendo en el caso de la quiebra de Puerto Rico.

Sin aceptar responsabilidad, la compañía MIO Partners Inc. pagó el monto de la multa, informó hoy mediante comunicado la SEC. La multa es por $18 millones, McKinsey ha cobrado $150 millones por su asesoría a la Junta en la quiebra y MIO tenía $31,000 millones en activos a diciembre 2020.

El único negocio de MIO es ofrecerle opciones de inversión a ejecutivos, y exejecutivos, de McKinsey. Pero la SEC encontró que, en ese ejercicio no hay ningún mecanismo para prevenir e impedir que la información privilegiada que los ejecutivos obtenían en el negocio de consultoría a distintos tipos de clientes la usaran para tomar acciones a través de MIO que maximizaran sus inversiones. El viceversa también aplicaba, que las decisiones de inversión hechas a través de MIO influenciaran la consultoría que daban a clientes.

El ámbito de la investigación de la SEC cubre de 2015 a 2020 y la agencia resaltó varios casos de abuso de sus posiciones, incluyendo dos que implican a Puerto Rico.

"[E]n enero y febrero de 2017, MIO tenía inversiones en bonos de Puerto Rico a la misma vez qye McKinsey proveía consultoría de restructuración de deuda (a la JSF), la entidad encargada de encabezar la recuperación financiera de Puerto Rico. Durante este periodo de tiempo, el Comité de Inversiones (de MIO), que incluía a socios activos de McKinsey con acceso a información confidencial de los clientes de McKinsey, tenía el poder, (a través del Comité de Inversiones), de supervisar las inversiones directas de MIO, incluyendo la venta de casi $1 millón en bonos de Puerto Rico. Más aún, adicional a las inversiones directas de MIO en Puerto Rico, la empresa tenía también inversiones en la deuda de Puerto Rico a través de sus cuentas manejadas externamente y otros fondos manejados por terceras personas, por lo menos hasta junio de 2017", detalla la orden de la SEC. Este conflicto también había sido resaltado por el Centro de Periodismo Investigativo.

"[E]ntre octubre de 2015 y junio de 2017, los fondos de MIO manejados por terceras personas, incluyendo ciertas cuentas manejadas externamente, compró y vendió instrumentos de inversión de Alpha Natural Resources, Inc., SunEdison, Inc. y el Gobierno de Puerto Rico. Al momento de esas transacciones, ciertos miembros del Comité de Inversiones (de MIO) tenían acceso a información confidencial de estos emisores", añade.

Al explicar en qué consistió la ilegalidad de la conducta de McKinsey a través de MIO, la SEC explicó que "permitir que socios activos de McKinsey, individuos con acceso a información confidencial de emisores en los que estaban invertidos fondos de MIO, supervisaran o monitorearan las decisiones de inversión de MIO presentó un riesgo continuo de mal uso de información confidencial de los clientes (de McKinsey)".

El tipo de información a la que tenían acceso, y que les presentaba una ventaja para decisiones sobre inversiones, abarca resultados financieros, preparación de radicaciones de solicitudes de quiebra, consolidaciones y adquisiciones, programación de desarrollo de productos y de esfuerzos de financiamiento, y cambios significativos en la gerencia.

Por su consultoría a la Junta, McKinsey cobra una tarifa fija que su contrato más reciente, vigente hasta el año que viene, coloca en $198,750 mensuales. En el contrato, McKinsey le representa a la Junta que actualmente MIO no persigue ninguna estrategia de inversión relacionada con la deuda de Puerto Rico y se obliga a notificarle a la Junta de cualquier "conexión directa" de MIO con las partes de interés en el caso, que son todas las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y las demás partes y acreedores que intervienen en el proceso de quiebra. Estos son cientos de entidades e individuos.

Esta no es la primera acción regulatoria que ha tomado el Gobierno de los Estados Unidos con McKinsey. En julio de 2019, un informe de inspector general estableció deficiencias en el contrato estándar de la firma con el gobierno federal que pudieron costarle $69 millones al fisco de los Estados Unidos.

Tan reciente como en las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda que prosiguen ante la jueza Laura Taylor Swain, el trabajo de McKinsey quedó en entredicho cuando, como parte de un interrogatorio, uno de sus ejecutivos admitió que emitieron certificaciones usando datos que la Junta les proveía, pero que ellos no corroboraban o certificaban de manera independiente.

Para ver la orden de la SEC, pulse aquí.

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