La renovación del contrato de la directora ejecutiva de la JSF le otorga un equipo de seguridad que acumula casi $500,000 anuales.

Natalie Ann Jaresko, quien bajo el esquema legal de la Ley PROMESA es una funcionaria del Gobierno de Puerto Rico que sirve como directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tiene un paquete de compensación de $1.1 millones anuales cuando se toma en cuenta el costo de la seguridad personal que se le presta como una de las condiciones de su contrato.

El salario de Jaresko es $625,000 anuales, equivalente a $52,083 mensuales, e incluye otros beneficios no especificados que están disponibles para los demás empleados del ente fiscal. Pero también incluye servicios de seguridad, un beneficio que es particular para su posición. Según los informes que publica la Junta, los servicios de seguridad para Jaresko tienen separados $480,000 en el presupuesto anual, lo cual, unido a su salario, crea un paquete de compensación con valor de al menos $1,105,000 anuales.

La seguridad de Jaresko la maneja ESC Security Division LLC, una empresa a cargo de un exfuncionario federal que fue creada expresamente para atender esta asignación y cuyo contrato no ha ido a competencia o subasta.

Jaresko firmó contrato inicialmente el 20 de marzo de 2017, en mayo de ese año el acuerdo fue enmendado para extender su vigencia al 17 de septiembre de 2021 y el 30 de julio de 2021 fue enmendado para extender la vigencia al 17 de septiembre de 2023 y para hacer dos modificaciones adicionales. Una fue quitarle la preaprobación para servir como miembro del Foro Económico Mundial, pero añadirle la capacidad de servir específicamente en las juntas directivas de entidades con fines de lucro. Otra fue expandir los servicios de seguridad pagados con fondos públicos para que no se limiten solo a ella personalmente, sino también a “los miembros de su familia inmediata mientras están en Puerto Rico”.

La enmienda al contrato no ofrece detalles ni del servicio que Jaresko prestaría en entidades con fines de lucro, los cuales deben ser autorizados por el presidente de la Junta y otros tres miembros, ni tampoco sobre cuáles son los familiares inmediatos que tendrán seguridad. La Junta refirió preguntas sobre la seguridad de Jaresko a los contratos e informes públicos, pero expedientes judiciales dan un atisbo de algunos de los elementos que pueden caer en el ámbito de estas enmiendas.

La información surge de pleitos que Jaresko tiene, ya cerrados o todavía activos, que involucran a su exesposo, Ihor Figlus, también conocido como Ihor Volodymyr (Vladimir) Figlus, así como una declaración financiera pública que sometió en 2016 cuando cesó su servicio como Ministro de Finanzas en Ucrania.

Según expuesto en una decisión judicial, los asuntos matrimoniales y empresariales se mezclaron en la relación entre Jaresko y Figlus. El matrimonio terminó con la radicación de un proceso de divorcio en Ucrania en 2011, pero las disputas empresariales siguen activas.

Figlus y Jaresko son socios limitados en Emerging Europe Growth Fund, L.P., un fondo de inversiones inscrito en Delaware, y, a su vez, Horizon Capital GP LLC es el socio general de Emerging. Tanto Emerging como Horizon tienen actividad de inversiones enfocada en Ucrania.

Horizon no aparece entre las entidades vinculadas a Jaresko, según su declaración financiera de 2016, pero Figlus y los tribunales han colocado a Jaresko, Emerging y Horizon en el mismo lado de la controversia. Los tribunales de Estados Unidos se involucraron porque Jaresko reclamaba que, como parte de los procesos de divorcio hubo un acuerdo en el que los exesposos se comprometieron a mantener confidencialidad sobre los asuntos empresariales, pero Iglus supuestamente lo violentó al divulgar datos a la prensa ucraniana sobre las interioridades de Emerging. Un juez en Delaware concluyó en 2018 que el acuerdo no incluía esa restricción. Hasta 2018, el proceso de divorcio tenía una controversia activa en la que Jaresko reclamaba pago de pensión de menores a su exesposo.

Relacionado con la ampliación del contrato para incluir servicios de seguridad a la familia inmediata de Jaresko, la declaración financiera da cuenta de que la directora ejecutiva tiene dos hijas. Además, en 2011 Jaresko radicó un caso federal en Colorado contra su exesposo bajo el estatuto de secuestro infantil internacional, el cual luego retiró voluntariamente. Jaresko tiene también un hermano activo en círculos comerciales internacionales y una hermana.

La JSF está definida en la Ley PROMESA como una agencia del Gobierno de Puerto Rico y así lo han sustentado los tribunales, por lo que el acuerdo de Jaresko la convierte en la funcionaria gubernamental más remunerada, tanto en salario directo como en beneficios.

De otra parte, Roberto Escobar Vargas, presidente de ESC, confirmó que su primera vinculación con la Junta fue para la reunión constitutiva del ente, el 18 de noviembre de 2016 en Nueva York. El Centro de Periodismo Investigativo publicó, basado en correos electrónicos obtenidos mediante orden judicial federal, que el expresidente de la Junta, José Carrión III, fue buscando cómo organizar la seguridad del evento hasta que, por intermediarios, llegó a Escobar Vargas, un exalguacil federal que fue jefe de la oficina de la agencia de Seguridad Nacional federal en la Isla (Homeland Security), donde tuvo de subalterno al actual secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Escobar Vargas asegura que al momento de comenzar a trabajar con la Junta estaba retirado y que actualmente el ámbito de su contrato es esencialmente la seguridad de Jaresko. ESC fue creada en 2018 y puede cobrar hasta $325,000 al año, además de gastos reembolsables que pueden aumentar esta cantidad. La tarifa se divide en un pago mensual de $7,500 que cubre la “asesoría” del exfuncionario en materia de seguridad y una escala de costos por hora que van de $40 a $150, con esta última siendo la escala de pago para las hasta 12 horas adicionales que Escobar Vargas puede cobrar al mes. El contratista dijo que Jaresko tiene seguridad presencial asignada permanentemente, pero no divulgó la cantidad de agentes.

El contrato de ESC abarca cinco funciones generales, todas en torno a Jaresko y su oficina: ser enlace con la Policía, ser enlace con la “comunidad de inteligencia”, coordinar con Servicios Protectivos Federales, la seguridad personal de la directora ejecutiva y otras tareas asignadas. Esta última cubre la coordinación de las reuniones que la Junta realiza fuera de Puerto Rico.

“No ha habido nada directo”, dijo Escobar Vargas cuando se le preguntó si en estos años ha surgido alguna amenaza creíble contra Jaresko. En la industria de seguridad, el término “amenaza creíble” se refiere a información sobre la intención de hacer daño a una persona que viene de alguien con apariencia de tener los medios suficientes como para cumplir esa intención.

Una fuente de NotiCel que también está en el mundo de la seguridad indicó que, de surgir información de inteligencia calificada como una “amenaza creíble” contra Jaresko, las propias agencias del gobierno federal le alertarían sin que fuera necesario un contratista de seguridad como intermediario.

El informe que cubre el año fiscal 2020-2021 consigna que la partida asignada al contrato de ESC está sobregirada, ya que de $480,000 asignados, se habían gastado realmente $501,180.

El pago a la empresa de Escobar Vargas es el principal bajo el renglón de seguridad, pero no el único, ya que la Junta también tiene presupuesto separado para hacer pagos de seguridad a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la agencia dueña del local de oficinas donde ubica la sede del ente fiscal en Hato Rey, y la Policía de Puerto Rico.

Para ver decisión de 2018 sobre controversia entre Jaresko e Iglus, pulse aquí.

Para ver el contrato de Jaresko y sus enmiendas, pulse aquí.

Para ver el contrato de ESC, pulse aquí.

Para ver el informe presupuestario de la Junta para junio de 2021, pulse aquí.