Jueza pide a la Junta de Supervisión Fiscal un “plan B”, mientras se advierte que los costos de la quiebra llegan casi a $1,000 millones.

La jueza que atiende la quiebra del gobierno de Puerto Rico apuntó hoy a que el impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico sobre el tratamiento de las pensiones de los empleados públicos en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) podría provocar que ella no lo confirme con el fundamento de que el mismo no es “factible”.

Desde la primera vista en el caso de quiebras, la jueza Laura Taylor Swain ha exhortado a la Junta y a gobierno a que lleguen a acuerdos cooperando entre sí y cediendo un poco en sus posiciones pero su historial también ha sido que cuando se le presenta una controversia formal entre esas dos partes, casi en todas las ocasiones falla a favor de la Junta.

La expresión de la jueza ocurrió en la continuación hoy de la vista sobre la Declaración Informativa del Plan de Ajuste, un documento relativo al proceso de evaluación del plan por parte de las distintas clases de acreedores para votar sobre el mismo.

Al final del proceso, Swain emitió una aprobación preliminar a la Declaración Informativa, como un primer paso para seguir con la consideración del Plan de Ajuste que la Junta insiste en tener aprobado para este año. Debido al corto tiempo, la jueza emitió una aprobación preliminar y estableció un calendario estricto para el cual advirtió que al menor indicio de dilación festinada va a posponer la vista de confirmación del plan que ahora está para noviembre.

Swain le pidió al abogado de la Junta, Martin J. Bienenstock, cuáles serían los argumentos de un “plan B” para proseguir con la implantación de un Plan de Ajuste si la Legislatura y el Gobernador no pasan la legislación para emitir la nueva deuda bajo el plan. El abogado enumeró la posibilidad de una orden judicial y de discutir con el Servicio de Rentas Internas federal sobre la exención contributiva que tendrían esos nuevos bonos. Entonces la jueza le planteó añadir al análisis que esa postura puede llevar a una determinación de que el plan no es “factible”, por lo que no se podría confirmar. El gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), había planteado en una moción que no conocían de autoridad legal que permitiera a la Junta obligar a funcionarios públicos a legislar y aprobar leyes.

La sección 314 de la Ley PROMESA establece los parámetros para que un plan de ajuste sea confirmable y le otorga discreción al tribunal para determinar si un plan “es factible y está en los mejores intereses de los acreedores, lo cual requerirá que el tribunal considere si los remedios disponibles según las leyes que no sean de quiebra y la constitución del territorio resultarían en una mejor recuperación para los acreedores que la que dispone dicho plan”.

La Ley 7 restablece un sistema de pensiones para el servicio público similar al que había antes, con beneficios para los pensionados adicionales a la pensión. Pero también establece límites en el repago a los bonistas, protección del pago de pensiones y no dispone para recortes a las pensiones, como lo establece ya el Plan de Ajuste en unos términos que aceptó el Comité Oficial de Retirados que interviene en el proceso de quiebra.

La jueza consignó la posibilidad de que el plan no sea confirmado por no haber acuerdos con el gobierno para los actos y estatutos que sean necesarios para ejecutar el plan a la vez que el Examinador de Tarifas del caso de quiebras radicó una moción recordando, otra vez, los altos costos que se han acumulado en el caso y que los pagan los contribuyentes.

El examinador, que es el que evalúa las facturas que someten todas las partes involucradas en el caso, sometió un informe a solicitud del tribunal y de cara a la vista de confirmación del plan que está pautada para ocurrir del 8 al 23 de noviembre de este año.

“Con el final de estos procesos ya a la vista, las tarifas profesionales reportadas se acercan a los $1,000 millones. El Examinador de Tarifas ofrece esta guía porque los gastos profesionales asociados con un proceso de confirmación de 10 días, si no se controlan cuidadosamente, tienen el potencial de añadir significativamente a la ya notable carga de tarifas y gastos que pesa sobre el Gobierno de Puerto Rico”, indica la moción.

La moción específica que se han recibido facturas por $943 millones hasta hoy y reafirma las limitaciones de los servicios que compensará y que, en general se limitan a uno o hasta dos profesionales por cada parte por cada día de vista.

La vista de hoy abrió con la solicitud de que la evaluación de la Declaración Informativa por parte del tribunal se suspenda porque anoche la Junta llegó a un acuerdo en principio con las aseguradoras de bonos Ambac Assurance Corporation y Financial Guaranty Insurance Company (FGIC), un paso de adelanto significativo para la Junta en su trabajo de confeccionar un Plan de Ajuste que pueda contar con el apoyo del mayor número y variedad de acreedores.

El lunes la Junta había sometido su quinta versión del Plan de Ajuste y Declaración Informativa y el acuerdo con estas aseguradoras anticipa la radicación de una nueva versión de estos documentos. Entre los elementos nuevos está una oferta a los maestros que cumplan con cierto criterio de edad y de años de servicio para recibir un bono de $3,000 para acogerse al plan de ajuste de pensiones. También, una partida de $575 millones para pagar reclamaciones que representa el Comité de Acreedores no Asegurados, por ejemplo, suplidores y personas que tienen pendientes el pago de sentencias contra el gobierno.

La jueza accedió a posponer para el 27 de julio, fecha en la que emitiría aprobación final de la Declaración si se le han hecho varios ajustes que instruyó, pero advirtió que hay “poco o ningún espacio para dilaciones o trucos”. Además, estableció que las partes que tengan intención de objetar el PAD tienen que someter aviso de la misma a más tardar el 3 de agosto y el 19 de octubre someterían su objeción final. El proceso de descubrimiento de prueba sería del 3 de agosto al 11 de septiembre y la jueza no atendería testimonios orales durante la vista de confirmación del plan.

Durante el primer día de la vista, el martes, la jueza escuchó objeciones al plan y la declaración, incluyendo de los retirados y acreedores individuales Antonio Martín Cervera, Nancy Negrón López y Yashei Rosario.