El ente fiscal podría pedir suavizarlo o eliminarlo.

El equipo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ayer evaluaba el presupuesto aprobado por la Legislatura la noche del martes, incluyendo el lenguaje que impone cortapisas al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en el manejo del gasto público.

Previo a la aprobación de la resolución presupuestaria, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, expresó reparos a la enmienda inicial impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que obligaba al Gobernador a procurar el aval de la Legislatura a la hora de realizar reprogramaciones de partidas presupuestarias, como ocurre con la JSF, que evalúa y autoriza esa modificaciones.

Actualmente el Gobernador tiene discreción para realizar reprogramaciones de fondos cuando la Junta se inhibe de intervenir en ese trámite, como pasó cuando asignó fondos para elección de la delegación congresional.

La resolución de presupuesto aprobada por la Cámara y el Senado confiere o restituye facultades a la Asamblea Legislativa para controlar los gastos e ingresos del fisco y despoja a agencias como el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto de facultades para disponer del presupuesto en las instancias en que la JSF no intervenga en el proceso de modificaciones presupuestarias.

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También impide -de manera explícita- que el Gobernador asigne fondos a los seis cabilderos por la estadidad a través de transferencias de partidas de una agencia a otra. La Ley que creó la delegación congresional no asignó fondos para dicho cabildeo. La propuesta de presupuesto de la JSF tampoco estableció una partida para sufragar este gasto.

Jaresko, en una reunión con Hernández Montañez y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago el martes para discutir los cambios a su propuesta de presupuesto, indicó que ese tipo de lenguaje restrictivo amplio añadía burocracia a la gestión gubernamental y que podría chocar con la intención del Plan Fiscal aprobado por el ente fiscal.

Hasta ayer no existía un camino definido para atender las preocupaciones de la JSF, cuyo pleno celebrará una reunión esta semana para evaluar dicha propuesta presupuestaria y decidir si emite una notificación de violación para que la Asamblea Legislativa atienda las inconsistencia presupuestarias.

El problema del lenguaje podría atenderse de dos maneras. Los miembros de la Junta podrían requerir que la Legislatura elimine el lenguaje restrictivo o sencillamente suavice o aclare el alcance de las restricciones.

Pero existen otras rutas.

La Junta podría aprobar el presupuesto de $10,112 millones de manera íntegra, emitir la notificación de violación con los cambios requeridos para su aprobación, rechazar la propuesta de la Legislatura y certificar su presupuesto o incorporar a su presupuesto certificado asignaciones presupuestarias de la Legislatura, como aumentar la partida de la Orquesta Sinfónica o añadir el aumento de salario a los oficiales correccionales.

Solo queda claro que Jaresko, según el calendario enmendado de trabajo, deberá informar su decisión a la Legislatura el viernes.

Ese calendario, sin embargo, no incluye la firma del Gobernador, un elemento de controversia.

La aprobación de la Ley federal Promesa cambió la forma de elaborar el presupuesto del País al concederle a la JSF la facultad de aprobar ese plan de ingresos y gastos. El mes pasado, el ente fiscal rechazó las dos propuestas de presupuesto presentadas por el Primer Ejecutivo porque excedían el límite de $10,100 millones en recaudos que estimó la Junta.

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La carta de Jaresko estableciendo el calendario de trabajo solo menciona que la Junta enviará el presupuesto certificado al Ejecutivo y al Legislativo el 30 de junio luego que reciba la revisión de la Asamblea Legislativa el 28 de junio.

Ayer, Hernández Montañez adoptó esta posición de que era innecesaria la rúbrica de Pierluisi Urrutia, pero el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, argumentó que el presupuesto aprobado el martes debió enviarse para la firma o el veto del Gobernador antes de remitirlo a la JSF.

Reconoció, sin embargo, que Promesa alteró el trámite.

“¿Cuándo se envía el presupuesto al Gobernador, luego que lo aprueban en la Cámara y el Senado o después que lo evalúa la Junta? ¿Esta es la pregunta?”, indicó a NotiCel.

El presupuesto para el año fiscal 2021-2022 entra en vigor el 1 de julio.