Ente fiscal alega que aprobar el proyecto atenta contra la inversión privada en la isla.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “urgió” al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a vetar el Proyecto del Senado 450 que convertiría a LUMA Energy LLC en “patrono sucesor” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la obligación de acoger a los empleados de la corporación pública en las mismas condiciones que tenían antes del contrato de operación de LUMA y, particularmente, a reconocer los convenios colectivos vigentes.

Aunque “urge” al Gobernador, la carta del ente fiscal, ayer, realmente reclama la autoridad de la Ley PROMESA para prohibir al Gobernador y a la Legislatura a convertir el proyecto en ley.

De convertirse en ley, el P del S 450 tendría aplicación retroactiva al 1 de enero de 2017 y obligaría a que “cualquier empresa que compre, alquile, opere, que haya comprado, alquilado, operado o de alguna manera utilice activos que han sido manejados u operados por empleados gubernamentales cobijados por un acuerdo de negociación colectiva vigente” esté obligada a “respetar dicho acuerdo de negociación colectiva durante su vigencia y a respetar la unidad apropiada aplicable como patrono sucesor de los empleados gubernamentales cobijados por dicho convenio”.

Añade que “[c]ualquier acción que prive a los empleados públicos de sus convenios colectivos, cuando dicho convenio es de rango constitucional, es nula por ser contrario a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Según la comunicación de la JSF, aunque no se menciona por nombre el acuerdo de operación que LUMA y el gobierno firmaron en agosto pasado y que entró en pleno vigor el 1 de junio con la transferencia de la operación de la red a esa empresa privada “efectivamente alteraría los derechos y obligaciones de las partes (bajo el acuerdo) y puede resultar en su terminación, que parece ser el deseo de la Legislatura”.

El P del S 450 no incluye una prohibición sobre lo que puede hacer la entidad privada que está obligada a acoger los convenios colectivos de la operación pública, por lo que una interpretación legal posible es que abre los términos y condiciones del contrato con las alternativas de activar cláusulas punitivas por cancelación u obligar a renegociación de términos, incluyendo, en este caso, la tarifa que se le paga al operador privado.

Originalmente, el proyecto tenía una exposición de motivos que presentaba el historial de expresiones que Pierluisi hizo como candidato a favor de renegociar el contrato, y que ahora resultan contradictorias por su postura de no renegociar. El retiro de esa parte puede ser indicativo de una negociación con la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para un posible voto para ir por encima de cualquier veto del Gobernador.

“El proyecto no debe ser aprobado o implementado porque está sobreseído por PROMESA y violenta PROMESA, el Código de Quiebras, la ley federal laboral y la Cláusula de Contratos de la Constitución de los Estados Unidos. Además, el precedente de que el Gobierno de Puerto Rico apruebe legislación retroactiva que menoscabe contratos suscrito entre partes privadas es antitético a recobrar acceso a los mercados porque los inversionistas privados no podrán confiar en que el Gobierno no lo hará otra vez”, argumentó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF.

“Mediante imponer unilateralmente a la empresa privada las condiciones de sindicato del sector público, en vez de permitir que las empresas privadas y sus empleados lleguen por sí mismos a acuerdos y condiciones de su relación sin interferencia del gobierno, el P del S 450 solo serviría para que el mercado laboral sea menos acogedor a negocios que quieran expandirse, impidiendo así la recuperación del sector económico privado de Puerto Rico y el regreso a la estabilidad fiscal”, añadieron en la misiva.

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