Junta añade a la lista de ejecuciones incumplidas por el gobierno y apunta a la administración de la UPR por no poder manejarse con su nuevo presupuesto.

El nuevo Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) integra en sus proyecciones unos $120 mil millones en fondos federales que ya están legislados para la isla, pero mantiene que el gobierno volvería a caer en déficit presupuestario en unos 15 años.

Según sus proyecciones, la dinámica de los fondos federales será que los estímulos que van a los individuos, como el reciente cheque de $1,400 a cada contribuyente, impulsan la actividad económica hasta el 2024 y desde el 2025 ocurre una especie de relevo en el que el impulso económico comienza a ser con más fuerza el dinero de recuperación y reconstrucción. En términos generales, la JSF calcula $44 mil millones en ayudas relacionadas a la pandemia y unos $80 mil millones en ayudas por desastre, como huracanes y terremotos.

Las ayudas, incluyendo los estímulos de ingreso personal, llevan el crecimiento económico a 3.8% este año, plantean las proyecciones de la JSF. “La respuesta federal al COVID provee dos años de recuperación económica fuerte”, planteó Jaresko.

Los fondos surten efecto en la economía local hasta 2035 y ya desde 2036 se proyecta un déficit en el presupuesto del gobierno. La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, enfatizó en que los elementos del plan son lo real, y no lo posible, por lo que subrayó que el diluvio de fondos federales “no es sustituto para un verdadero plan de desarrollo económico”.

No hay un plan de desarrollo económico contemplado en el Plan Fiscal, pero sí una serie de reformas que han estado en el plan desde el 2017 y el gobierno no ha ejecutado todavía, como los cambios en las leyes laborales, de ayudas sociales, educación, facilidad de hacer negocios, transformación energética (en la que el contrato de LUMA Energy LLC para encargarse de la red eléctrica es una parte) y reformas de infraestructura y transportación masiva. Sin las reformas, el déficit empieza en 2032 pero, aún con las reformas, comenzaría en 2036 de no tener un plan de desarrollo económico exitoso. Desde otra perspectiva, Jaresko sostuvo que la implantación de las reformas puede provocar casi $31 mil millones en impacto económico entre 2022 y 2051.

A pesar de esto, se añadió una reforma a la lista que la Junta presenta como una concesión al gobernador Pedro Pierluisi, la transformación de los empleados del servicio público, a la cual se le asignan $800 millones a largo plazo.

Jaresko reiteró que la “voluntad política” y la “capacidad gerencial” han sido los dos obstáculos de la reforma pero se cantó “esperanzada en que la nueva ventana de cuatro años con nadie corriendo para elecciones en seis meses” pueda hacer que el gobernador Pedro Pierluisi y la Asamblea Legislativa trabajen en implantar las reformas. En particular, calificó de “señal clara de voluntad política” el que Pierluisi se mantenga firme a favor de la transferencia de la red eléctrica a LUMA para la fecha acordada del 1 de junio.

En cuanto a renglones específicos, Jaresko adelantó que se proveen $15 millones para el esfuerzo de celebrar los Juegos Centroamericanos y el Caribe para 2022 en Mayagüez, y la mayoría de sus propuestas para el Plan Fiscal.

Lo que no integraron fue su intención de devolverle a la Universidad de Puerto Rico los recortes de aportación del gobierno central que ha tenido en los últimos años. Jaresko argumentó que las reducciones de presupuesto al primer centro docente están hechas para no afectar los recursos de enseñanza señalando como falla de la administración universitaria en no realizar los recortes en áreas de compra, finanzas y otros que implicarían una consolidación o reformulación de la estructura de 11 recintos en el sistema universitario. La UPR recibe $466 millones para el año próximo bajo el Plan Fiscal.

El Plan Fiscal proyecta $15,200 millones de sobrante en el presupuesto público del 2022 al 2035, mientras que el Plan Fiscal del año pasado solo proyectaba sobrante de $5,800 millones y déficit desde 2032, pero el plan de 2019, previo a la pandemia, proyectaba $18,400 millones de sobrante y déficit desde 2038.

Además de establecer las prioridades presupuestarias del gobierno, el Plan Fiscal es base del proceso de ajuste de deuda. La JSF anticipó al Tribunal de Quiebras que para el 27 de abril radicaría un Plan de Ajuste enmendado y todos los documentos necesarios para echar a andar el proceso de confirmación del plan que debe culminar en una vista de confirmación que se solicitará que se fije para el 18 de octubre y que se anticipa dure por lo menos dos semanas.

Vea el Plan Fiscal en el siguiente enlace: