Lamenta que la Junta no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que el acuerdo al que llegó ayer la Junta de Control Fiscal y un grupo de acreedores de obligaciones generales del Gobierno Central y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) es positivo para Puerto Rico.

La Junta Fiscal anunció hoy los términos de un acuerdo de reestructuración de deuda con ciertos tenedores de bono, "un gran avance" para lograr un Plan de Ajuste para resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda.

El nuevo acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la AEP, en resumen:

• Reduce $18,800 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los tenedores de bono de GO y AEP en un 61%, a $7,400 millones.

• Reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).

• Provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones.

• Incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020.

El acuerdo deberá ser presentado ante el Tribunal del Título III el 8 de marzo de 2021, para ser aprobado más tarde este año.

“Los términos económicos del acuerdo anunciado por la JSF y el Grupo de Acreedores son positivos para Puerto Rico. Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno”, dijo hoy el Gobernador.

“El acuerdo, por ejemplo, representa una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%. En comparación con el Plan de Ajuste propuesto por la JSF en febrero de 2020, se reduce enormemente la cantidad de deuda garantizada y sustituye la totalidad de la deuda del Gobierno central con bonos de obligación general no garantizados e instrumentos de valor contingente exclusivamente”, indicó Pierluisi.

El Mandatario reiteró que culminar el proceso de restructuración de la deuda de Puerto Rico es una prioridad de su administración.

“Sin embargo, el Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”, manifestó.

“Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico le ha comunicado a la JSF y al Grupo de Acreedores que no será parte del PSA anunciado hoy”, afirmó el Gobernador.

Satisfecho el presidente de la Junta

"Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico", dijo el presidente de la Junta Fiscal, David Skeel.

El presidente de la Junta agregó que "este nuevo acuerdo coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda".

"El Plan de Ajuste que esperamos presentar el próximo mes se basa -en parte- en este acuerdo con los acreedores, junto con los acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y con ciertos sindicatos, así como el resultado de una mediación que continúa con otros grupos de acreedores. El Plan garantizará que Puerto Rico resuelva la insolvencia de una vez y por todas. Ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión: una vez y ya. Tenemos la intención de lograrlo”, manifestó Skeel.

De igual modo, el abogado experto en quiebras apuntó que “alcanzamos el acuerdo presentado hoy gracias a los esfuerzos en buena fe de todas las partes y el liderazgo de nuestra mediadora. Quisiera agradecer a las juezas Barbara Houser y Roberta Colton, así como a su equipo de mediación por su destacado y vital desempeño en este proceso”, dijo Skeel.

El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración.

El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de $300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno.

Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.

Puede leer el acuerdo aquí:

Reaccionan los acreedores

Los grupos de acreedores, que colectivamente tienen aproximadamente $8,200 millones en reclamos de pago por bonos GO y de la AEP, emitieron la siguiente declaración:

“Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, los acreedores principales han trabajado de buena fe con la Junta de Supervisión para brindarle a Puerto Rico la flexibilidad financiera que necesita para recuperarse de esta crisis de salud pública sin precedentes. El nuevo PSA ofrece esa importante flexibilidad al crear un calendario de repago de deuda reducida e introducir una serie de concesiones significativas de los acreedores. Este compromiso, que está respaldado ampliamente, ayudará a Puerto Rico a evitar años de litigios costosos y que distraen y, finalmente, acelerará la tan esperada salida de la quiebra en el 2021", lee el comunicado de los acreedores.

"El nuevo PSA reduce aproximadamente $ 18,800 millones de bonos Obligación General y con garantía de Obligación General a $7,400 millones, aproximadamente, lo que resulta en una reducción adicional de $2,700 millones del principal de la deuda del gobierno en comparación con el acuerdo de febrero de 2020. El nuevo PSA reduce en $4,700 millones los pagos del servicio de la deuda de bonos GOs y con garantía GO en relación con el acuerdo de febrero de 2020. Los términos también reducen a $1,150 millones el servicio máximo anual de la deuda del Estado Libre Asociado, que es un 22% más bajo que el límite incluido en el acuerdo de febrero de 2020. Los acreedores han acordado asumir más riesgo y alinearse aún más con la revitalización de Puerto Rico al aceptar que una parte de su recuperación sea en la forma de un instrumento de valor contingente que solo paga si el desempeño de la economía del Estado Libre Asociado excede las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de mayo de 2020", agregaron.