Nuevos miembros se integran y comienzan a cambiar la dinámica de la entidad que gobierna las finanzas y gerencia del Gobierno de Puerto Rico.

Los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) iniciaron labores hoy en una reunión de fin de año en la que el presidente del ente, David Skeel, intimó que la semana que viene podría completarse el cuadro completo de siete miembros en propiedad de la entidad que gobierna todos los asuntos fiscales y gerenciales del Gobierno de Puerto Rico.

La Ley PROMESA, que crea la Junta y habilita el proceso de quiebras del gobierno de la isla, provee para siete miembros de la Junta y un octavo sin voz ni voto, que es el representante del Gobernador de Puerto Rico, actualmente el director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero. De los miembros originales, sólo quedan Skeel y David Biggs, quien ya fue redesignado. Hoy se unieron John Nixon y Betty Rosa. Otro designado, Antonio Medina Comas, no estuvo en la reunión porque no ha sido formalmente nombrado todavía. Resta por ver si Skeel es redesignado y quién sería el séptimo miembro que completa la composición estatutaria.

La ley dividió el poder de nominación entre el Presidente y el Congreso como alternativa a que el Presidente las designaciones y el Senado las evalúe. Todos los miembros de la Junta hasta ahora han llegado al cargo por el mecanismo alterno de división de poderes. En la composición actual, eso se manifiesta de la siguiente manera: Justin Peterson es el nombramiento personal del presidente Donald Trump; Skeel y Biggs ocupan posiciones que la ley concede al líder de la mayoría del Senado, actualmente el republicano Mitch McConnell; Medina Comas y la posición todavía vacante vienen de la Speaker de la Cámara de Representantes federal, la demócrata Nancy Pelosi, y la de Medina Comas específicamente es la posición que la ley requiere que sea de un residente de Puerto Rico; Rosa es un nombramiento del líder de la minoría en el Senado, el demócrata Charles Schumer; y Nixon es nombramiento del líder de la minoría en la Cámara, el republicano Kevin McCarthy.

Una vez la Junta tenga sus siete miembros estatutarios, podría darse un voto para cambiar a Natalie Jaresko como directora ejecutiva de la entidad lo cual, a su vez, podría provocar cambios en otras posiciones y contrataciones del ente.

Nixon y Rosa tuvieron oportunidad de plantear sus propósitos como nuevos miembros durante la reunión que no tuvo momentos controversiales ni decisiones contenciosas.

“Soy y siempre seré puertorriqueña... el valor de la educación ha sido el principio fundamental que ha gobernado gran parte de mi vida profesional y personal y mis esfuerzos aquí en la Junta estarán guiados mayormente por este mismo principio”, dijo Rosa, quien nació en Puerto Rico y actualmente es la comisionada interina de Educación en el estado de Nueva York y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York.

“Siempre tuve el deseo de contribuir a mi tierra natal con todas mis destrezas, experiencias y empeño y ser nombrada a esta junta de supervisión me brinda esta oportunidad dorada”, añadió Rosa, quien se mostró preocupada por las oportunidades limitadas de financiamiento que tienen las pymes en la isla durante la presentación de una encuesta que realizó la Junta sobre Facilidad de Hacer Negocios en Puerto Rico.

Por su parte, Nixon enfatizó su experiencia en finanzas de gobierno adquirida como jefe de Presupuesto en Utah y Principal Oficial Financiero y Administrativo de Michigan, así como con la quiebra de Detroit, donde no participó en negociaciones pero fue parte de la junta que inicialmente supervisó al Gerente de Emergencia de la ciudad. “Yo soy uno que realmente mira toda la data y todos los hechos”, planteó.

Marrero aprovechó para plantearle a los nuevos miembros la filosofía de la Administración Rosselló Nevares de que la Junta solo debe dictaminar cuál es el tamaño del cuarto y que solo el gobierno debe decir dónde va a poner los muebles, lo que provocó comentarios empáticos de Peterson, Rosa y Nixon, pero un recordatorio de Skeel de que es la “disfuncionalidad” del gobierno lo que ha obligado que el ente entre a dictaminar detalles de implantación.

Al observar el flujo y la dinámica de la reunión, se perfila que Rosa y Nixon aportan dos criterios que solía traer la ahora exmiembro del ente, y también nacida en Puerto Rico, Ana Matosanto, la pericia para entender los detalles más traicioneros de un presupuesto gubernamental a nivel estatal y la conciencia social de los efectos que tienen las decisiones de dónde se pone el dinero y qué programas existen para la ciudadanía. Con la salida del juez de quiebras Arthur Gonzales, el conocimiento más íntimo del proceso de quiebra desde un punto de vista imparcial ahora se limita a Skeel, quien es un académico en esa área. Peterson tiene experiencia en quiebras gubernamentales, pero de parte de los acreedores. Peterson, de paso, sigue tratando de afirmar liderato frente a Skeel en estos cónclaves.

En su infome, Jaresko puntualizó los retos económicos y demográficos que todavía enfrenta Puerto Rico, ahora exacerbados por los efectos de la pandemia, pero declaró que “el 2021 debe ser el punto de partida de un gran período de inversión”, debido a la llegada de fondos federales. De hecho, la Junta aprobó el Plan de Acción del Departamento de Vivienda para el uso del tercer tramo -$20,000 millones en fondos federales de reconstrucción CDBG-DR-, con la recomendación de que “establezca un Portal de Transparencia para promover la transparencia y la rendición de cuentas al brindarle al público visibilidad de dónde fluyen los fondos y dónde se retrasan los desembolsos”. Jaresko indicó que el 46% de los empleos perdidos en abril se recuperó en octubre, en comparación con el 67% en los Estados Unidos.

En cuanto a la encuesta de clima de negocios, la Junta encuestó a 649 negocios, de los cuales 551 son pymes, la mayoría siendo negocios de prácticas profesionales. Solo 7% dijo que la pandemia les había dejado resultados positivos, mientras que 50% anticipa la necesidad de financiamiento y 67% se siente pesimista sobre las limitadas alternativas de financiamiento para pymes en la isla.

En cuanto a servicios de gobierno, el 68% encontró “muy difícil de usar” el Single Business Portal, un proyecto digital controversial que requirió millones de inversión, pero ha sido ampliamente criticado. Manuel Laboy, el actual secretario de Desarrollo Económico y Comercio que pasará a la oficina de COR3 en la Administración Pierluisi, estuvo a cargo de esa iniciativa.

Además, 78% de los encuestados necesitaron servicios de gobierno durante el encierro por la pandemia, 54% dijo que los servicios obtenidos eran “malos”, solo 25% pudo obtener los servicios en línea y 4% los obtuvieron en persona.

El estudio estuvo a cargo de Lizzie Rosso, Gerente de la Junta para la reforma de Facilidad de Hacer Negocios.

Para ver los materiales y presentaciones de la 23ra reunión de la Junta de Control Fiscal, pulse aquí,

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