El Gobierno de Puerto Rico demandó a la Junta Fiscal luego de que el ente impugnara cinco leyes.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, se expresó sobre las contestaciones y reconvenciones a cinco demandas que el Gobierno de Puerto Rico presentó contra la Junta relacionadas con leyes aprobadas en violación de la Ley PROMESA.

“La Junta ha intentado trabajar con el Gobierno para resolver estos problemas y, en algunos casos, intento colaborar por meses para comprender cómo estas leyes afectan el Plan Fiscal y el presupuesto certificado. En cambio, en vez de colaborar con la Junta, según requerido por PROMESA, el gobierno optó por recurrir al tribunal, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“El mandato de la Junta bajo PROMESA es ayudar a Puerto Rico a lograr responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal significa que las leyes deben basarse en estimados fiscales sólidos para garantizar que el Gobierno nunca termine en una posición en la que no pueda pagar por los servicios que prometió proveer. Por lo tanto, todas las leyes tienen que cumplir con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y no pueden obstaculizar o impedir los objetivos de PROMESA”, añadió.

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Según Jaresko, la sección 204 de PROMESA requiere que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced someta a la Junta de cualquier legislación aprobada dentro de los siete días laborables siguientes a su promulgación, e incluya con la misma un estimado formal del impacto de la ley sobre los gastos e ingresos al fisco del Gobierno y una certificación sobre si la ley es o no ‘significativamente inconsistente’ con el Plan Fiscal certificado.

“El Gobierno no cumplió cabalmente con dichas obligaciones legales cuando aprobó e implementó cinco leyes en el 2019 y 2020 las cuales son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal certificado. Las certificaciones de la gobernadora no incluyeron estimados completos y confiables sobre el Plan Fiscal y/o indicaron incorrectamente que dichas leyes no eran significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal”, expresó Jaresko.

La Ley 82-2019 impide que los Administradores de Beneficios de Farmacia controlen los costos de los medicamentos recetados, lo cual pudiera resultar en un aumento en el precio de los medicamentos recetados, el cual será sufragado en última instancia por el Gobierno.

En su reconvención, la Junta impugnó la Ley por distintos fundamentos, incluyendo que la misma es inconsistente con el Plan Fiscal y que el estimado provisto por el Gobierno del impacto fiscal aproximado de la Ley 82 es contrario al testimonio público de la Administración de Seguros de Salud y no identifica los ahorros correspondientes o ingresos adicionales para compensar por los gastos correspondientes.

La Ley 138-2019 obliga las compañías de seguros que ofrecen seguros de salud pública, como las Organizaciones de Administración del Cuidado (MCO, por sus siglas en inglés), a incluir en sus redes proveedores más caros, y cuyo aumento en costos será sufragado, en última instancia, por el Gobierno.

En su reconvención, la Junta impugnó la Ley por distintos fundamentos, incluyendo el que la misma es inconsistente con el Plan Fiscal y que la Ley 138 impactará adversamente la capacidad de las MCO para controlar sus costos.

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La Ley 176-2019 aumenta los días de vacaciones y los días de enfermedad disponibles para los empleados públicos, lo cual afectaría adversamente la eficiencia y productividad de los empleados públicos y/o resultaría en la contratación de empleados públicos adicionales.

En su reconvención, la Junta impugnó la Ley por distintos fundamentos, incluyendo el que la misma es inconsistente con el Plan Fiscal. Además, alegó que la Ley 176 obligaría al Gobierno a elegir entre aumentar el número de plantilla de empleados públicos o reducir los servicios esenciales al Pueblo de Puerto Rico.

La Ley 181-2019 provee un aumento salarial para los bomberos que asciende a casi $3 millones al año, sin asegurar los recursos para costear dicho aumento.

En su reconvención, la Junta impugnó la Ley por distintos fundamentos, incluyendo el que la misma es inconsistente con el Plan Fiscal y porque la Gobernadora no ha indicado como el aumento propuesto sería costeado por nuevas contribuciones. El Plan Fiscal ya provee para un aumento para los bomberos a ser pagado por incrementos en nuevos ingresos.

La Ley 47-2019 amplía el grupo de profesionales de salud elegibles para beneficios contributivos bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico.

En su reconvención, la Junta impugnó la Ley por distintos fundamentos, incluyendo el que la misma es inconsistente con el Plan Fiscal y porque la certificación sometida por la gobernadora carecía de la más mínima especificidad requerida para constituir un estimado formal del impacto de la Ley 47 en los gastos e ingresos del fisco según exige PROMESA.

“La Junta acoge con beneplácito la decisión del Gobierno de retirar su demanda relacionada con la Ley 90-2019. La ley establece un precio mínimo para los reembolsos de Medicare Advantage para que los proveedores de servicios no reciban una tarifa inferior a la cantidad establecida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para los servicios correspondientes.

La Junta inicialmente entendió que la Ley 90 aumentaría los gastos de salud del Gobierno. La Junta de Supervisión entiende sin embargo que el Gobierno no intenta aumentar los gastos fiscales y, por lo tanto, no se opone a la implementación de la Ley 90”, sostuvo.