A su juicio, se debe revaluar el pago de la deuda.

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, apoyaría frenar el recorte propuesto a las pensiones de los retirados, pues la emergencia ocasionada por el coronavirus ha trastocado la capacidad económica de Puerto Rico.

Aunque la idea es una inclinación del ejecutivo y aún no se ha discutido en el pleno de la entidad financiera, llega acompañada de la decisión del ente de posponer hasta nuevo aviso toda discusión judicial del Plan de Ajuste de Deuda y una evaluación de la cantidad de deuda que la Isla en realidad puede pagar.

“Puerto Rico está viviendo unas situaciones bien fuertes y todo está sobre la mesa. Por eso es que frenamos el tema y estamos revaluándolo todo, incluyendo el recorte a la deuda y, seré sincero, el tema de las pensiones. Yo personalmente me inclinaría a no atender ningún recorte de pensiones en este momento”, aseguró Carrión III en entrevista con WKAQ en horas de la mañana.

Mira también: Ya son 39 los positivos a COVID-19, informa Salud

El Presidente de la JCF justo se enteraba, al igual que el resto del país, que el "task force" médico creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para trabajar con la pandemia del coronavirus, o COVID-19, evaluaba la posibilidad de extender el toque de queda impuesto hace casi diez días. La extensión sería por dos semanas adicionales.

El recorte a las pensiones consiste de una reducción de 8.5% en las pensiones que sobrepasen los $1,200 mensuales, dato contenido en el Plan de Ajuste de Deuda aprobado por el Gobierno de Puerto Rico y la JCF en octubre de 2019. La Gobernadora ha hecho constar que se opone a la sección del plan que aborda el corte a los retirados.

Como resultado del trabajo hecho en el Plan de Ajuste, Carrión III resaltó que se reestructuró la deuda del Gobierno de Puerto Rico en un 70%, de $35,000 millones a $11,000 millones. No obstante, el COVID-19, así como el cúmulo de emergencias registradas en la Isla por los pasados tres años, como huracanes y terremotos, han trastocado la realidad económica.

De acuerdo al ejecutivo, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico destinaba $4.6 billones al pago de la deuda. La emergencia, en cambio, podría beneficiar al país en la medida en que se tendría mayor consideración con las medidas de austeridad que se implementen y el enfoque recaería en dejar más dinero en manos de la gente.

“No estamos viviendo en el mismo Puerto Rico. No es el mismo Puerto Rico con capacidad de pago que vivíamos hace una semana atrás”, expresó Carrión III.

Si bien su postura sobre las pensiones cuenta con el agradecimiento del Comité Oficial de Retirados (COR), el grupo desea que la postura de Carrión III tenga apoyo entre los demás miembros de la Junta.

Lee también: Empleado del Banco Popular dio positivo al COVID-19

“Hemos escuchado las manifestaciones del señor presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión. Él entiende que debemos hacer reajustes y agradecemos la posición de él, aunque es en su posición personal. Queremos escuchar la posición de la Junta como tal. Agradeceríamos que la postura de cero recortes fuera en ningún momento, no solo en este momento”, señaló Miguel Fabre Ramírez, juez retirado y presidente del COR.

El COR fue autorizado y nombrado por la Síndico Federal para representar los intereses colectivos de 167,000 empleados públicos en los casos de Título III bajo la Ley Promesa.

La postura inicial del grupo se reafirmaba en cero recortes a las pensiones, pero ante la insistencia en el ámbito judicial de que eso no era posible, se posicionaron del lado de reducir el máximo de recortes de un 20% a un 8.5%. De acuerdo a Fabre Ramírez, eso aumentaba la cantidad de retirados que no iban a recibir ningún tipo de recorte en sus cheques.

Según Fabre Ramírez, los huracanes en el 2017 Irma y María, así como los terremotos registrados en el sur en enero, sumado al COVID-19 han lesionado la capacidad económica de todo Puerto Rico.

Al perjudicarse la capacidad económica de Puerto Rico, el pago de las pensiones podría verse afectado, pues es dinero que sale del fisco.

“He recibido llamadas de compañeros retirados de que los planes médicos están ayudando, pero el temor de ellos es que se afecte la capacidad del gobierno de pagar las pensiones y más ahora que no están los fondos de reserva de retiro, porque dejaron de existir, sino de las reservas, del pago de contribuciones. Ahora observamos que se extiende el periodo de radicación, cosa que crea ansiedad, pero estamos educando que se van a seguir pagando pensiones y no crear ansiedad entre los retirados y que mantengamos la visión de que vamos a vencer esto unidos”, explicó Fabre Ramírez.

En términos de impacto económico a la Isla, Fabre Ramírez afirmó que los retirados componen del 42 al 46 por ciento de la población.

El recorte a las pensiones ha sido un tema neurálgico entre la JCF y el Gobierno de Puerto Rico desde hace al menos tres años. En ocasiones previas, mientras Ricardo Rosselló Nevares ocupaba la máxima silla Ejecutiva permitida por la Constitución, surgieron múltiples confrontaciones entre ambos entes.

Mira también: Junta aprueba exención del IVU en artículos de primera necesidad

Los planteamientos sobre las pensiones y las declaraciones de Carrión III surgen al cabo de nueve días del toque de queda y cierre de ciertos comercios, así como un día después del anuncio de un paquete de beneficio económico, medidas impuestas por el Gobierno de Puerto Rico ante la emergencia por el coronavirus.

Del mismo modo, llegan casi tres semanas después que se le sugiriera a la jueza Laura Taylor Swain acelerar el proceso similar a la quiebra que supervisa para Puerto Rico.

Como la Isla es un territorio de los Estados Unidos, no puede acogerse a las leyes federales de quiebra, por lo que se creó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que establece un recurso semejante.

En ese entonces, la preocupación mayor entre los abogados de la JCF yacía en que la discusión del Plan de Ajuste podría extenderse hasta luego de las elecciones generales, pautadas para noviembre. Esto a su vez traía la preocupación de que un cambio de gobierno complicaría los acuerdos concretados con la administración actual.

No obstante, Carrión III y la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, anunciaron el 21 de marzo que los abogados de la JCF presentarían una moción ante Swain para “cerrar la consideración del Plan de Ajuste propuesto hasta nuevo aviso”.

“Ante la nueva realidad de Puerto Rico, la Junta entiende que nuestro único enfoque y el del gobierno debe ser sacar a Puerto Rico de esta crisis”, declaró la entidad en un comunicado de prensa.