El editor senior de NotiCel, Oscar Serrano hace un recuento de la acumulación de promesas incumplidas en las ayudas que se supone aliviaran los efectos económicos de la pandemia.

De cara al inicio de la octava semana del toque de queda en Puerto Rico por la emergencia del COVID-19, el Gobierno de Puerto Rico tiene una acumulación de promesas incumplidas en las ayudas que se supone aliviaran los efectos económicos de esa orden de encierro en los residentes de la Isla, particularmente algunos grupos especiales en sectores como la salud.

A pesar de que recientemente se confirmó que el Departamento del Tesoro federal aprobó el plan del Departamento de Hacienda para comenzar a distribuir el cheque de $1,200 en fondos federales que llegaría a la mayoría de los contribuyentes bajo la Ley CARES, todavía el gobierno de Puerto Rico no ha desembolsado el 66.3% de los $787.4 millones que la Junta de Control Fiscal aprobó para distribución a distintos grupos el 23 de marzo, hace más de un mes. Los fondos solo están disponibles hasta el 15 de mayo.

Ni la Junta ni La Fortaleza han indicado por qué el dinero sigue sin usarse, pero la Junta no perdió la oportunidad esta semana de dejar en evidencia a la Gobernadora con su solicitud para que ese ente fiscal autorice un pago adicional de $500 a cada contribuyente como el que ya Hacienda está desembolsando. La Gobernadora mencionó la idea por primera vez el 16 de abril, en medio del embate contínuo que ha tenido por el mal manejo de las pruebas de detección del COVID-19. Pero no fue hasta el 29 de abril que envió a la Junta los detalles que sustentan la propuesta.

En contraste con la cantidad en beneficios para individuos que todavía queda por desembolsar, está el dato de que ya se han gastado $80.5 de los $84.3 millones (el 95%) asignados para compras y contratos de emergencia bajo distintas partidas, incluyendo fondos y pareos federales.

Con esto de trasfondo, también se suman $2,200 millones en asistencia federal directa para el gobierno que todavía la Gobernadora no ha indicado cómo se va a usar.

Según los informes publicados por la Junta sobre el uso de estos fondos (y que cubren hasta el 27 de abril), la Administración Vázquez Garced ya hizo un giro en la emergencia para comenzar la reapertura económica paulatina sin todavía cumplirle a:

Cuentapropistas

Quedaban por desembolsar $29.1 millones (29.1%) de los $100 millones aprobados para un pago de $500 a un grupo potencial de 200,000 beneficiarios. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ha tenido uno de los desempeños más cuestionados en toda la emergencia, no ha informado cuántas solicitudes han recibido y han completado bajo el nuevo programa federal Pandemic Unemployment Assistance (PUA) que concede un pago de hasta $600 semanales por cuatro meses a los cuentapropistas que han tenido su compensación reducida por la pandemia. El indicador que se tiene hasta ahora para conocer cuántas personas se afectan por los problemas del Departamento con este programa es que se indica que 57,110 han radicado su solicitud “exitosamente”, pero no se sabe a cuántas se les ha aprobado ni cuántas han intentado radicar solicitud.

Pequeños negocios

Quedaban por desembolsar $13.7 millones (22.8%) de los $60 millones dispuestos para el pago de $1,500 a unos 40,000 pequeños negocios a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Desempleados

Por asignación federal, la compensación semanal por desempleo tiene un bono de $600 por hasta cuatro meses que se paga por encima del beneficio de desempleo regular. El DTRH dijo el 30 de abril que 115,416 personas están recibiendo el beneficio de un total de 217,261 solicitudes, para solo un 53% después de siete semanas de desempleo forzado por la orden de encierro promulgada por el propio gobierno.

Además, el Departamento de la Familia entregó al gobierno federal su plan de uso de financiamiento adicional del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) apenas el 29 de abril. Hay $297 millones asignados a la Isla en fondos adicionales del PAN desde el 27 de marzo.

Personal de la salud

A pesar de que la emergencia es, esencialmente, una emergencia de salud pública, solo el 0.7% de los $156.8 millones separados para estos trabajadores habían sido desembolsados. Se han quedado en la estacada enfermeras y personal médico correccional ($1.5 millones), enfermeras del sector privado ($73.3 millones), enfermeras del sector público (han desembolsado $1.2 de $22 millones; un bono de $4,000 para 5,808 personas en esta partida), enfermeros de servicios profesionales ($22.6 millones) y tecnólogos y otro personal médico ($1.5 millones).

Además, en la salud se han quedado sin desembolso también los hospitales públicos ($30 millones).

Empleados de seguridad

Quedaban por desembolsar $12 millones (100%) a 3,428 policías municipales un bono de $3,500 y $175,000 (100%) a 50 bomberos municipales en un bono de $3,500. Por otro lado, quedaban por distribuir solo $1.4 millones (3%) de $46.6 millones destinados a bono de $4,000 para unos 11,650 policías estatales. A 74 agentes del Negociado de Investigaciones Especiales no se les había desembolsado nada de los $259,000 dispuestos para un bono de $3,500 y nada de los $5 millones para un bono de $3,500 a 1,455 bomberos estatales. El informe refleja cero desembolso también de los $16.8 millones en bonos de $3,500 para 4,809 empleados correccionales y $2 millones para un bono de $3,500 a 220 oficiales del Negociado de Ciencias Forenses. En cero está también el desembolso de $20 millones en “inversiones de seguridad pública”.

Manejo de emergencias

De 154 operadores del Sistema 911, 152 han tenido desembolso de un bono de $3,500 ($539,000 en total), mientras que el personal de ambulancia y otros respondedores de emergencia habían registrado cero desembolso de los $2 millones disponibles para un bono de $3,500 a 581 de ellos. Hay otros $392,000 sin desembolsar en bonos de $3,500 para 112 oficiales de Manejo de Emergencias.

Otros empleados públicos

Quedaba por pagar solo uno de los bonos de $2,000 dispuestos para 250 agentes de Rentas Internas ($500,000 en total). Pero quedaba por desembolsar el 100% de los $800,000 dispuestos como bono de $2,000 para 400 empleados de tribunales.

Los que sí han cogido lo suyo en la emergencias

El informe muestra que los 78 municipios ya tuvieron su parte del desembolso de $100 millones que se había separado para ellos. Cada municipio tuvo entre $1 millón y $1,750,000.

La clase médica y las instalaciones de salud han tenido el beneficio de la aprobación de las leyes de ciberterapia, telemedicina y la extensión del Código de Incentivos para una tasa contributiva preferencial a los profesionales de la salud licenciados. Además, la Gobernadora firmó una orden ejecutiva extendiendo la inmunidad del Estado a los profesionales de la salud e instalaciones médicas que asistan al gobierno durante la emergencia y el Senado ya aprobó un proyecto para llevar a estatuto las disposiciones de la orden.

Empleados públicos estatales y municipales se mantienen recibiendo salario completo independientemente de si están ejerciendo funcione so no durante la emergencia.

Para una guía de ayudas disponibles, preparada por Hispanic Federation, pulse aquí.

Para ver el informe de distribución de los municipios, pulse aquí.

Para ver el informe de distribución de las ayudas a individuos, pulse aquí.

Para ver el informe de distribución de compras, pulse aquí.