La Junta de Supervisión Fiscal busca marcar el inicio de una época más flexible en las finanzas públicas con el Plan Fiscal nuevo.

El Plan Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificaría hoy propone solucionar la crisis del retiro en la Policía e instalar un programa de aumentos fijos a los empleados públicos en un intento por marcar una nueva era en las finanzas pública después de la aprobación reciente del Plan de Ajuste de deuda (PAD).

También, el documento que controla lo que puede hacer el gobierno de Puerto Rico desde el punto de vista fiscal levantó la incertidumbre sobre el bono de Navidad y lo reintegró como una partida anual a partir de este año, en vez de dejarlo condicionado a que cada año el gobierno certifique haber hecho ahorros suficientes para pagarlo.

Las proyecciones en el documento integran la llegada de fondos federales por la recuperación y los cambios federales, de leyes y políticas públicas, en asuntos como el Medicaid para atrasar la fecha en que el gobierno volvería a caer en déficit.

Lo que antes se indicaba que pasaría en 2036, ahora se proyecta que suceda en 2048. Cuando la jueza Laura Taylor Swain aprobó el PAD la semana pasada, apuntó que esta proyección de déficit no impedía la aprobación del plan porque, para esa fecha, el gobierno tendría recursos para atender la deuda sin tener que someterse a una segunda quiebra. Pero grupos opositores han recalcado que el PAD no recortó suficiente deuda y la isla queda expuesta a una segunda reestructuración en unos cinco años. A partir de este año, el gobierno reanuda pagos para cubrir la deuda por $1,500 millones anuales.

Según adelantó a la prensa la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, la perspectiva del ente fiscal es también que la disciplina del gobierno en cuanto al fideicomiso que se va a crear como parte del PAD para garantizar las pensiones de los empleados públicos es un elemento central para atrasar la fecha del déficit y prevenir que un potencial déficit en 2048 no ponga en peligro a los pensionados como lo estaban cuando la Administración de los Sistemas de Retiro quedó descapitalizada, precipitando la quiebra del gobierno central.

El fideicomiso manda para que el gobierno le inyecte $10,300 millones en los próximos 10 años a partir de su creación este mismo año. "Ese fideicomiso de pensiones protege el futuro", subrayó Jaresko.

En cuanto a las disposiciones sobre el retiro de los policías, Jaresko comentó que "esto no es una promesa, es dinero real que va a sus cuentas".

Según los datos adelantados hoy, los policías contratados antes de 2000 recibirán este año y el próximo aportaciones de $30,000 a su cuenta de retiro y, cada año siguiente, $17,500. En total, cada uniformado debe ver aportaciones por $110,000 de ahora a la fecha de su retiro con la meta de que, al momento de separarse de la fuerza, sus ingresos de retiro sean equivalentes al 50% de su salario. Este ingreso de retiro sería sumando aportaciones, Seguro Social y beneficios de sistema de retiro. En total, las aportaciones serían de $850 millones para el retiro de los uniformados y $700 millones para cubrir beneficios médicos hasta que sean elegibles al Medicare.

Otras dos disposiciones establecen que los oficiales obligados a retirarse en agosto de 2020 recibirán $77,500 en sus cuentas de retiro, mientras que los oficiales que estén dentro de tres años plazo de su fecha de retiro recibirán un incentivo si aceptan quedarse dos años adicionales para no afectar la capacidad de respuesta de la Uniformada y para ayudar a adiestrar a oficiales más jóvenes.

El andamiaje sobre el retiro de los policías también le amarra al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia uno de los cabos sueltos más políticamente peligrosos que le quedaban después de negociar con la Legislatura la ley que autoriza la emisión de deuda nueva que era necesaria para que el tribunal de quiebras pudiera aprobar el PAD.

En ese momento, la Junta anuló leyes que garantizaban mejoras al retiro de los policías, lo que provocó protestas de parte de los oficiales. El Plan Fiscal, o el tribunal, son los únicos lugares donde pueden oficializarse mejoras a las condiciones de retiro de los empleados públicos porque, como parte del PAD, hay una prohibición al gobierno de crear o modificar condiciones de retiro de los empleados públicos.

En cuanto a otros empleados, Jaresko adelantó algunos aumentos específicos, pero confirmó también que a partir de 2023 se reinstalan los aumentos automáticos por inflación y explicó que algunos aumentos van a estar condicionados a que el gobierno instale medidas de eficiencia, productividad y consideraciones de mérito en la fuerza trabajadora pública.

Los maestros tienen autorizado un aumento de hasta $5,640, que representa un 20% por encima de su salario actual. La mitad del aumento entra automático en 2021, pero la otra mitad depende de cambios en el sistema de registro de asistencia y de que los maestros registren la asistencia de los estudiantes.

Los oficiales correccionales tienen un aumento de $3,700, también dividido en una parte automática y otra parte condicionada a mantener sistemas de registro de asistencia. Además, los bomberos tienen aumento de $1,500 y también empleados de agencias fiscalizadoras como la contraloría, los residentes médicos y de la Rama Judicial. Para estos últimos, la directora ejecutiva no adelantó las cantidades de los aumentos.