La resolución del Plan de Ajuste de Deuda todavía está a semanas o meses de producirse, pero hoy terminaron los argumentos a favor y en contra.

La jueza Laura Taylor Swain cerró los argumentos finales de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) con un mensaje a los puertorriqueños y con un plato lleno de controversias que quedan por resolver y que anticipan que su decisión final sobre la confirmación del Plan no vendrá probablemente hasta fines de enero o febrero.

La vista de hoy duró apenas dos horas ya que se limitaba al turno final de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para refutar a los opositores del Plan, aunque se concentraron en atender las objeciones del bonista individual Peter C. Hein.

Hein sostiene que el Gobierno de Puerto Rico tiene suficiente dinero acumulado para pagar la totalidad de sus deudas, sin recorte, y que la jueza debe descartar el Plan porque no tiene datos apropiados en sus fundamentos ni métodos confiables para sus conclusiones. Martin J. Bienenstock, representante de la Junta, resumió su refutación comentándole a la jueza que "el señor Hein no produjo evidencia de que el Gobierno de Puerto Rico podía sobrevivir bajo su régimen".

Sobre las objeciones de los maestros, entre otros puntos, el abogado le resaltó a la jueza que durante los cuatro años y medio de vigencia de la quiebra, se han mantenido recibiendo aumentos de sueldos. En su comentario no tomó en cuenta el salario bajo que tenían los maestros, y que todavía tienen en comparación con otras clases de funcionarios públicos.

Al decretar que el Plan había quedado sometido formalmente para su consideración, Swain agradeció a varias personas, incluyendo al "pueblo de Puerto Rico" que hablaron y le enviaron miles de cartas "sobre sus vidas y para dar a conocer que ellos son los más que se afectan cada día" con la quiebra y las decisiones que se toman en el proceso.

"Sus voces han sido escuchadas... mientras tomo mis decisiones legales, siempre tendré en mente sus vidas y el futuro de su patria", añadió la jueza, que presidió las sesiones finales de la vista desde su estrado en Nueva York, después de sesionar en Hato Rey al principio del proceso. En el segundo día de vista, el tribunal abrió el podio a comentarios del público, pero la sesión quedó recortada cuando no aparecieron todas las personas que habían pedido participación. También hubo quejas de que el tribunal no accedió a escuchar a otros miembros del público que llegaron a la sala.

Swain concedió a las partes hasta el domingo a las 3:00 pm para que sometan sus conclusiones de hecho y derecho en torno al PAD, un trámite final antes de que la controversia esté realmente lista para resolución. Pero aún cuando las partes sometan esas conclusiones el domingo, la jueza tiene la mesa de controversias llena y también tiene que esperar al 7 de enero para que el Departamento de Justicia federal decida si va a entrar formalmente en el caso para defender la constitucionalidad de la Ley PROMESA ante reclamos de algunas partes de que es inconstitucional en cuanto al tratamiento de la compensación de los que alegan haber sido objeto de expropiaciones por parte del gobierno.

Además de esa punto constitucional, la jueza tiene que adjudicar qué interpretación dará al lenguaje de la Ley 53 sobre "cero recortes" a las pensiones, a la luz de que la Junta quiere establecer que se limita a eliminar la reducción del 8.5% a los pagos de pensiones que tenía el Plan, mientras que maestros y jueces quieren que interprete que abarca el no poner en vigor los cambios a los planes de retiro de empleados activos así como el mantener la suspensión del aumento a las pensiones por el costo de la vida (COLA, en inglés).

Otro asunto que tiene que resolver es la inclusión de las leyes 80, 81 y 82 de 2020 por parte de la Junta en la lista de leyes ocupadas, o invalidadas, como parte del Plan. El Gobierno de Puerto Rico presentó una postura aguada en la que dijeron que, al final del día, apoyan el Plan, pero no creen que estas leyes deban estar en la lista de invalidadas. La oposición de la Junta es que, en general, la aplicación de estas leyes vuelven a reactivar, para algunos tipos de empleados, los planes de retiro en las condiciones que tenían antes de 2013, cuando el gobierno los cambió para atender las primeras manifestaciones de la insolvencia de esos planes de retiro.

En particular, la aplicación de la Ley 80 a la Policía fue lo que el senador Gregorio Matías negoció con La Fortaleza para conceder su voto decisivo a la aprobación del proyecto que se convirtió en la Ley 53 y viabilizó las emisiones de bonos de deuda nueva que el PAD requiere.

Para minimizar riesgos, la Junta no dejó la controversia por las leyes 80, 81 y 82 solo dentro de los asuntos a atender en el PAD, sino que adelantó que someterán demandas separadas si el gobierno las pone en vigor.

Mientras la jueza no haya adjudicado la confirmación del PAD, la Junta puede seguir sometiendo modificaciones al Plan. De surgir materias que haya que discutir con el tribunal, la próxima vista regular del caso está pautada para el 15 y 16 de diciembre.

En la vista de hoy, la jueza dedicó también unos minutos para recibir la información relacionado con la reestructuración consensual de deuda bajo el Título VI de la Ley PROMESA en las autoridades del Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC).

El proceso de Título VI es un proceso alterno que se podía seguir, que no implica litigio sino solo notificarle los resultados a la jueza. Todavía hay opción para que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que viene después de que se termine el PAD para el gobierno central, se tramite bajo esa sección de la ley en vez de bajo el Título III, como la deuda del gobierno general. Aún con los costos y complicaciones en el Título III, por admisión de las partes, la mayoría del trabajo se realizó como parte del proceso de mediación que estableció la jueza Swain.

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