La movida del gobierno federal amenaza los acuerdos con los bonistas, se alega, mientras que la Junta le recuerda al Gobierno de Puerto Rico que la Ley 53 tendrá consecuencias económicas.

Al filo de lo que se espera sea el último día en las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) se desarrolló un detente entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), algunos acreedores y el Gobierno de los Estados Unidos por la solicitud de este último de que la confirmación del Plan sea detenida hasta que puedan decidir si van a defender la constitucionalidad de la Ley PROMESA ante quejas de acreedores que reclaman expropiación ilegal de su propiedad.

Los argumentos finales de cierre a favor y en contra de la confirmación del Plan se escucharán durante todo el día el lunes, pero lo que suceda después de eso ha quedado totalmente en el aire con la intervención del Departamento de Justicia federal, la cual la jueza Laura Taylor Swain tiene que decidir. Si el tribunal acepta la solicitud, a Justicia federal se le concedería hasta el 31 de enero de 2022 para decidir si intervienen y, si deciden hacerlo, hasta marzo para presentar su postura en torno a la constitucionalidad de la aplicación de PROMESA a los reclamos de expropiación forzosa ilegal que han hecho siete acreedores.

Para los acreedores agrupados como los Acreedores PSA Iniciales (PSA), el aplazamiento que pide Justicia federal es inadmisible porque, precisamente, el 31 de enero de 2022 es el plazo más tardío contenido en su acuerdo con el gobierno para que se consuma el Plan o, de lo contrario, se retirarían del acuerdo. El grupo propone que la jueza confirme el Plan haciendo una reserva especial de los $400 millones que tomaría atender las reclamaciones de los siete acreedores, de forma tal que la constitucionalidad de las expropiaciones pueda ser litigada posterior a la confirmación del Plan.

En su oposición a la petición del gobierno federal, la JSF argumentó a la jueza que una posposición de la confirmación "pesa en contra de la política pública congresional que sostiene a PROMESA".

En su moción del viernes en la tarde insistiendo en su solicitud, el gobierno federal califica su aplazamiento de "modesto", particularmente a la luz de que "el aplazamiento es por 49 días, (mientras que) este caso ha estado pendiente por 1,661 días". En un mensaje directo a la jueza, enfatizaron en que esperar a que el gobierno presente su posición sobre las expropiaciones "añadiría más legitimidad a cualquier decisión que el tribunal tome con respecto a la confirmación (del Plan)". La jueza podría proseguir con una confirmación que sostenga la constitucionalidad de PROMESA, según aplicada a las expropiaciones, pero no puede declarar la ley inconstitucional hasta que se exprese el gobierno federal.

Los siete acreedores que presentan objeciones constitucionales basados en que el gobierno les ha expropiado bienes sin asignarles una compensación justa en el PAD son: Sucesión Pastor Mandry Mercado, PFZ Properties, Inc., Arthur Samodovitz (bonista individual), Finca Matilde, Inc., Peter C. Hein (bonista individual), Suiza Dairy Corp. y un grupo de siete cooperativas de ahorro y crédito. Estas últimas tienen pendiente dos demandas que la jueza Swain no ha resuelto todavía.

En una orden el viernes también, Swain incluyó la discusión de cómo podrían acomodarse en el Plan los reclamos por las expropiaciones forzosas entre los tres puntos que quiere que los abogados se limiten a abordar en sus argumentos finales del lunes.

Si la jueza Swain acepta las reclamaciones, los $400 millones que la Junta ha calculado que tomaría para satisfacerlas saldrían de otras partidas, como la del financiamiento del fideicomiso de pensiones que se establece en el Plan como un mecanismo para garantizar que las pensiones de empleados públicas no vuelvan a estar desfalcadas.

Ese nuevo fideicomiso es objeto de una escaramuza de última hora entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, el cual reclama que se le conceda flexibilidad en cuanto a cómo financiar el fideicomiso durante los próximos 10 años. Pero la Junta le contestó que la rigurosidad en la orden de financiamiento, que establece una aportación mínima anual de $175 millones por parte del gobierno, se hizo aún más urgente después de que se adoptó la Ley 53 en la que la emisión de bonos para habilitar el Plan se condicionó a que se eliminara la reducción del 8.5% en el pago mensual de pensiones que contemplaba el Plan.

La eliminación de ese recorte ha sido contabilizado en $1,900 millones y la Junta aprovechó para volverle a plantear al gobierno que la forma de tener más respiro flexibilidad en el uso de fondos es implementar las reformas estructurales que no han implementado en todos los años que lleva la Junta y el proceso de quiebra.

La jueza recordó a la jueza Swain que la fórmula de financiamiento fijo para el fideicomiso de pensiones responde a que no se lo pueden dejar a la discreción del gobierno porque "como está bien documentado, y como nos enseña su historial, el gobierno frecuentemente ha optado por no ejercer su discreción de una manera suficientemente protectora de sus obligaciones de pensiones".

"La posición del gobierno, prometer más pagos de pensiones sin asegurar su pago, invita a la recurrencia de los pecados del pasado", concluyeron al recordar también que la confiabilidad y certeza en el pago de pensiones aporta al desarrollo económico de la isla y a desincentivar la emigración.