La vista de confirmación se encamina a terminar antes de lo previsto, pero jueza advierte que tiene cabos sueltos que atender antes de una decisión final.

En su tercer día, ya la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) comenzó su cuesta abajo con solo un día adicional de testimonios proyectado y con la jueza Laura Taylor Swain pidiéndole a las partes que vayan pensando en sus argumentos de cierre, pero también que quiere tener una discusión sobre la Ley 53 y con la advertencia de que no va a decidir confirmación hasta atender procesos de restructuración en dos entidades gubernamentales.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está presentando testigos que solo están siendo contrainterrogados por Peter C. Hein, un bonista individual que se representa por derecho propio en los procesos de quiebra y cuya tesis es que el PAD no se debe confirmar porque el Gobierno de Puerto Rico tiene suficientes recursos para pagar toda la deuda a los bonistas, en el orden de prelación que establece la Constitución del Estado Libre Asociado, o lo mismo que primero se pagan los bonos antes que cualquier otro gasto público.

La JSF presentó el miércoles seis testigos: su directora ejecutiva, Natalie Jaresko; su presidente, David Skeel (quien no testificó porque solo se presentó su declaración escrita y nadie pidió contrainterogarlo); Steve Zelin, socio y jefe de Reestructuración de PJT Partners; Ojas Shah, socio de McKinsey Group; Sheva Levy, de Ernst & Young (EY); y Gaurav Malhotra, también de EY.

La manera en que opera el proceso, los testimonios están sometidos al tribunal de antemano y lo único que ocurre en sala durante la vista es el contrainterogatorio, lo cual acorta la exposición y resalta directamente cuáles son los puntos que el opositor, Hein, quiere atacar.

Con más de un testigo, Hein quiso exponer cómo el proceso de mediación que se usó extensamente para llegar a acuerdos con bonistas, y al que se hubieran tenido que someter la Junta, el Gobernador y la Legislatura si no hubieran llegado al acuerdo sobre recorte de pensiones que está recogido en la Ley 53, se está usando de manera perniciosa en el caso. Esto, porque es un proceso secreto que no está sujeto a divulgación de sus interioridades, pero la Junta lo presenta en las declaraciones de varios testigos como base para que la jueza apoye el Plan.

Hein también logró que más de un testigo admitiera que no tenían datos base para algunas de las presunciones que se hacen en el PAD. Esto ocurrió particularmente en el turno de Shah, cuya declaración versa sobre el análisis de "mejor interés de los acreedores" que la Junta sometió en defensa del Plan y que la Ley PROMESA requiere que la jueza Swain tome en cuenta como factor para confirmar el PAD.

“El plan es factible y está en los mejores intereses de los acreedores, lo cual requerirá que el tribunal considere si los remedios disponibles según las leyes que no sean de quiebra y la constitución del territorio resultarían en una mejor recuperación para los acreedores que la que dispone dicho plan”, es el requirimiento textual que tiene la ley.

Shah admitió que, a pesar de que McKinsey ha cobrado unos $150 millones por su consultoría a la Junta para varios aspectos de la quiebra del gobierno, ni él ni su patrono pueden certificar de manera independiente el estudio de "mejor interés" que sometieron porque lo único que tomaron en cuenta fueron los datos y supuestos que la propia Junta le proveyó. No hubo verificación independiente de los datos al punto que, como planteó Hein en una pregunta, si la Junta les decía que la población de la isla es 2.9 millones de personas, pero el dato oficial del Censo es casi 3.3 millones, se iba con la cifra que proveía la Junta. "Correcto, se usarían los supuestos del Plan Fiscal", contestó Shah a este escenario que le planteó Hein.

"¿Nadie en McKinsey respalda las información o los supuestos?" "Correcto", fue otro intercambio.

McKinsey ha tenido señalamientos por su desempeño en otras quiebras y consultorías a nivel internacional y por su intervención en la crisis de los opiáceos.

Con Jaresko, Zelin, Levy y Malhotra, Hein continuó su esfuerzo de plantear lo que entienden son deficiencias en los supuestos y datos de Plan. Expuso que no hay cálculos confiables de cuántos empleados del gobierno realmente se presentan a trabajar; que no se proyectaron completamente los costos de darle bonificación a los empleados porque sus sindicatos apoyaran el Plan ni tampoco de los pagos que se le ofrecen a los empleados si el gobierno se desempeña económicamente mejor que lo proyectado (lo que es un disparador también de más pagos a acreedores); y que no hay verificación de los gastos que algunos acreedores están sometiendo para agenciarse su parte proporcional de costos de cierre o consumación del Plan que se calculan en 1.5% de la cantidad total de reclamaciones de ciertas clases de acreedores que no incluyen a los individuales, como Hein. Estos últimos gastos son en base a reembolso, pero Hein hizo que se consignara en récord que no hay verificación de esos gastos reclamados sino que solo se evalúan para determinar razonabilidad.

Al final de la vista, los abogados de la Junta anticiparon que terminarían la presentación de prueba en la próxima sesión, pautada para el viernes, con los testimonios de: el economista de la Junta, Andrew Wolfe; Marti P. Murray, de The Brattle Group; Jay Herriman, gerente director de Alvarez & Marsal North America, LLC; Adam Chepenik, otro ejecutivo de EY; David M. Brownstein, gerente director de Citigroup Global Markets Inc.; y Juan Santambrogio, de EY.

La jueza Swain anticipó que quiere tener una discusión con las partes sobre la Ley 53, que es la que viabiliza la emisión de bonos necesaria para el PAD pero también propone condicionarla a un esquema de "cero recortes" de pensiones que ya el gobernador Pedro Pierluisi concedió que no tiene que ver con los cambios que se harán en los sistemas de retiro de los empleados activos.

También adelantó que luego de la vista de confirmación, entraría en vistas para la reestructuración de la deuda de la Autoridad para el Distrito de Convenciones y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura bajo el Título VI de la Ley PROMESA. Eso lo atendería antes de resolver sobre la confirmación del Plan.

La jueza había separado hasta el 23 de noviembre para atender la vista de confirmación.

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