Dos de los miembros del ente fiscal advirtieron que no es correcto que haya un compromiso para aumentar a $2,000 el límite de las pensiones recortadas, pero están abiertos a considerarlo.

Ante señalamientos que denotarían fallas en el Plan de Ajuste de Deudas (PAD) que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió a la consideración del Tribunal de Quiebras, dos de los miembros del ente defendieron que el Plan no tiene que ser perfecto para ser viable y aseguraron que están más cerca que nunca de que el Gobierno de Puerto Rico se comprometa con el mismo.

“Tenemos un acuerdo sobre principios”, declaró el presidente de la Junta, el profesor David Skeel, mientras que Andrew Biggs abundó que “el final de la quiebra está tan cerca que ya lo podemos ver”. Ambos, que son parte de los miembros del ente fiscal que han servido desde su inicio en 2016, ofrecieron una entrevista programada para coincidir con la reunión pública hoy en la que tienen la discusión del PAD en agenda, pero dos eventos que surgieron ayer mismo se impusieron.

Ante la declaración del senador popular Juan Zaragoza Gómez de que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, les había dicho el miércoles que estaban “dispuestos a subir el umbral (para recortes de pensiones) a 2,000 dólares” mensuales, en vez del umbral de $1,500 fijados ahora, Biggs aclaró que “no hay un acuerdo de la Junta para cambiar la propuesta sobre el ajuste de pensiones”, pero que están dispuestos a discutirlos porque recordó que la jueza que preside la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain ha mostrado “una preferencia por los acuerdos consensuados”.

Otro desarrollo fue la firma en ley por parte del gobernador Pedro Pierluisi de un proyecto de la autoría del presidente cameral Rafael Hernández, que reestablece poderes de la Legislatura para insertarse en el proceso de discusión presupuestaria entre la Junta y el Ejecutivo, así como que deroga la Ley 33 de 1942 que faculta al Secretario de Hacienda a emitir bonos. Horas después, la Cámara aprobó el candidato de Pierluisi para secretario de Estado, Omar Marrero Díaz.

La movida resultó sorpresiva porque se trata de una medida que había causado impase entre la Cámara y el Gobernador y porque saca de la mesa una posibilidad que ya la Junta había planteado al tribunal, de que si la Legislatura no accedía a utilizar sus poderes constitucionales para emitir los bonos necesarios bajo el PAD, irían a hacerlo a través del Secretario de Hacienda bajo esa ley.

Skeel y Biggs recién conocían de la movida cuando hablaron con NotiCel el jueves en la tarde y advirtieron que no podían comunicar una posición definitiva de la Junta sobre eso, pero Skeel enfatizó que “cualquier legislación cae bajo nuestra revisión para determinar si es consistente con el Plan Fiscal y vamos a examinar esa”.

A la vez, minimizó el plan de recurrir a la ley de 1942 porque “no nos estamos enfocando en alternativas” a que sea la propia Legislatura la que emita los bonos. “Nuestro deseo es que se pase la legislación (aprobando nuevos bonos)”, secundó Biggs. Skeel dijo que tampoco están mirando un escenario en el que la Junta recurre a los poderes que le otorga la Ley PROMESA para de alguna forma aprobar un PAD sin intervención del tribunal y presentó que, si la jueza no lo aprueba, la opción sería hacerle cambios y seguirle presentando versiones hasta conseguir su aprobación.

Ambos establecieron que, al día de hoy, la conversación con el Gobierno de Puerto Rico está básicamente trabada entre que la Junta quiere que la Legislatura autorice los bonos nuevos necesarios bajo el PAD, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo quieren conseguir un trato más beneficioso para los pensionados, incluyendo el que no haya ningún recorte a las pensiones. Hay también la necesidad de legislación para que los maestros coticen al Seguro Social, pero sobre eso no hay controversia, aseguraron.

La legislación habilitadora del plan, observó Skeel, debe estar lista para el 4 de octubre, de cara a un proceso de evaluación judicial que empieza en noviembre y que no preveen que se posponga.

“El Plan de Ajuste ses una victoria masiva para Puerto Rico”, propuso Biggs al considerar que, solamente en el tema de pensiones, cuando la Junta llegó el sistema de retiro estaba quebrado con $0 para responderle a jubilados, mientras que ahora más de un 70% de estos tienen sus pensiones reestablecidas y no enfrentan recortes.

El PAD tiene que cumplir con varios requisitos bajo la Ley PROMESA, dos de los cuales son que sea “factible” y que esté en el “mejor interés de los acreedores”, pero hay detalles que levantan dudas sobre si cumple con los mismos.

El Plan Fiscal, que es la base del PAD, proyecta que el gobierno vuelve a caer en déficit para el 2036, por lo que se le preguntó a Biggs y Skeel si ese dato no significa que el plan no es sostenible porque pone al gobierno fallando en sus obligaciones dentro del tiempo en que dura el plan. Pero Biggs señaló que un déficit no es sinónimo de quiebra y que el propio Gobierno de los Estados Unidos, así como la mayoría de los gobiernos estatales, corre con un déficit y no están en quiebra.

“Sostenible significa que no estás de frente a una segunda quiebra, déficit es distinto a estar en quiebra y lo que estamos proyectando no es un segundo incumplimiento en el pago de deudas”, acotó. Sin embargo, lo que sí significa es que, para esa fecha, el gobierno de la isla tendría que haber hecho los ajustes necesarios en gastos o haber logrados los niveles de reforma de sus operaciones suficientes como para cumplir con los $1,150 millones anuales proyectados en pago de deuda.

De hecho, para Skeel, haber bajado el pago de deuda anual de unos $4,000 millones a $1,150 millones está dentro de “cualquier definición de sostenible”, además de que ese nivel de reducción en la deuda es uno de los elementos que usarán para probarle al tribunal que el plan es “factible”.

También se le señaló que el propio plan consigna que la Junta, aún después de cinco años metida en las finanzas del gobierno, “no puede dar fe de la corrección de los datos” del gobierno que usó para confeccionar el plan. Pero Biggs ripostó que ese tipo de advertencia o reserva es típico de cualquier proceso de quiebras en el que una entidad está dependiendo de los datos que le provee otra y que, de otra parte, la Junta tampoco tiene razón para creer que está usando datos incorrectos.

Otro elemento del PAD es que, al estar basado en el Plan Fiscal, está sujeto a las mismas incertidumbres que está sujeto ese plan cuyas premisas dependen de el flujo futuro de fondos federales para la reconstrucción posthuracanes y de que el gobierno realice reformas, tanto de su operación como en la economía general de la isla, que provoquen eficiencias y mayores ingresos al fisco. Se le preguntó entonces cómo el PAD, que queda fijado por orden judicial, se podría ajustar si esas premisas del Plan Fiscal no se cumplen al pie de la letra.

Para Skeel y Biggs la clave está en el Instrumento de Valor Contingente (CVI en inglés), algo novedoso en la quiebra de Puerto Rico que, incluso, dijeron no estaba presente en la quiebra de Detroit. Como funciona es que los acreedores se comprometen a que una parte de sus pagos va a depender de que a Puerto Rico le vaya tan bien que sobrepasen las expectativas económicas, específicamente cierto nivel de recaudo del Impuesto sobre las Ventas y Uso. Si se sobrepasan, ellos reciben en pago una parte de ese rendimiento adicional. Si no se sobrepasan, no reciben ningún pago. Esto, proponen, Skeel y Biggs, es el mecanismo de ajuste para las imperfecciones o incertidumbres que pueden surgir dentro del PAD.

“Sabemos que hay incertidumbre… (pero con el CVI) una parte de ese riesgo e incertidumbre será asumido por los bonistas”, resumió Biggs.

“Es hora de que Puerto Rico salga de la quiebra. Necesita hacerse. La Legislatura y el Gobierno necesitan pasar la legislación que aprueba esta reestructuración”, exhortó Skeel.