Durante la Administración Fortuño, oficiales del gobierno ejecutaron acciones de crimen organizado para obligar a las cooperativas a comprar bonos del gobierno que casi inmediatamente se fueron a pique, sostiene un grupo de cooperativas que esta semana pidió a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que les permita añadir nuevas alegaciones a una demanda que habían radicado anteriormente.

Las cooperativas quieren que se mantenga la obligación del Gobierno de Puerto Rico de repagarles completamente los bonos comprados, en vez de parcialmente o de quedarse sin pago alguno. El gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) ya habían alegado que la demanda de las cooperativas fallaba en demostrar que la compra de los bonos fue producto de coerción.

Pero en el documento radicado el 1 de abril, con extensos anejos, las cooperativas buscan establecer que, entre 2009 y 2012, se ejecutó un plan de coerción para obligarlas a comprar deuda del gobierno mediante la presión del ente que las regula, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y mediante los miembros gubernamentales de dicha corporación, que incluyen representantes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

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'En violación a la Ley contra el Crimen Organizado, el Gobierno de Puerto Rico, a traves del BGF y COSSEC, corporaciones públicas que eran controladas por el gobierno, ejecutaron un patrón de actividad criminal organizada para la apropiación ilegal de millones de dólares de las cooperativas mediante fraude, y entonces el gobierno usó ese dinero para su operación central', sostienen los demandantes.

Enfatizaron tambien que Carlos M. García, demandado como miembro de la JCF igual que los demás miembros, fue 'presidente del BGF del 2 de enero de 2009 al 1 de marzo de 2011, que es dentro del periodo en que se hizo la oferta y la venta de los bonos de Puerto Rico a las cooperativas'.

La demanda enmendada se basa tambien en hallazgos que se encuentran en el reciente informe de Kobre & Kim sobre las emisiones de deuda en las que se resaltó que el BGF emitió deuda que, aunque legal, era insostenible, que es de lo que las cooperativas dicen ser víctimas, de las maquinaciones del gobierno para venderles bonos que se sabía eran insostenibles.

Los argumentos de las cooperativas llegaron la misma semana que la JCF confirmó su intención de potencialmente demandar a cientos de inversionistas de bonos de Obligaciones Generales para que devuelvan los intereses que recibieron por unos $6,000 millones en bonos que la Junta sostiene fueron emitidos ilegalmente. Además, la JCF ausculta la posibilidad de someter esas acciones de recobro en otras emisiones del gobierno y corporaciones públicas, pero enfrentan fechas límites del 2 y 20 de mayo de 2019, que están pidiendo al tribunal que atrase.

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Los bonos del gobierno que adquirieron las cooperativas suman $976 millones, o aproximadamente 65% de todas las inversiones del sistema cooperativista y, tomada como un todo, esa inversión actualmente ha perdido por lo menos el 51% de su valor.

El pliego enfoca en dos actos de COSSEC, las emisiones de las cartas circulares 09-03 y la 12-02. Con la primera, se autorizó el que las cooperativas compraran los bonos del gobierno que se ofrecían en ese momento y, con la segunda, se cambió la proporción de inversiones que se le permitía a las cooperativas para aumentar la cantidad que podían tener invertido en bonos del gobierno.

Con esas dos palancas, miembros de la Junta de Directores de COSSEC y su Director Ejecutivo 'pidieron a las coopertivas que 'cooperaran' con las necesidades financieras y económicas del gobierno y 'advirtieron' que, en ausencia de dicha 'cooperación', sería necesario reevaluar la exención contributiva de las cooperativas' y, además, que 'COSSEC usó su poder regulatorio de manera selectiva basándose en cuán 'alineadas' estaban las cooperativas con las políticas de la Administración (Fortuño)', indica la demanda.

'[L]os demandados se apropiaron ilegalmente de dineros de las cooperativas para financiar las operaciones gubernamentales. A cambio, a las cooperativas se les entregaron bonos gubernamentales que no tenían valor, lo cual no representó una justa compensación', añaden.

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Más reciente, los demandantes plantean que entraron en el proceso de reestructuración de la deuda del BGF, pero el gobierno y la JCF prosiguieron con un plan de reestructuración que erosiona el capital de las cooperativas y aumenta los riesgos que hay en el sistema cooperativo. Además, dicen que esto altera los planes fiscales y de manejo de deuda del caso de quiebras porque la falla de las cooperativas afectaría más a los envejecientes y los pobres.

Los demandantes forman parte del 'Sistema Financiero Cooperativo' compuesto por 116 cooperativas. Este sistema tiene un total de activos de $8,715 millones y cuenta con 1,014,388 depositantes miembros y 300,000 depositantes no miembros. Además, emplea a 2,915 personas y cuenta con más de 120 sucursales en todos los municipios de Puerto Rico.

Los demandantes son: Cooperativa de Ahorro y Credito Abraham Rosa; Cooperativa de Ahorro y Credito de Ciales; Cooperativa de Ahorro y Credito de Juana Díaz; Cooperativa de Ahorro y Credito de Lares y Región Central; Cooperativa de Ahorro y Credito de Rincón; Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta; y Cooperativa de Ahorro y Credito Dr. Manuel Zeno Gandía.

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