El informe sobre la investigación de la deuda que comisionó la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico se queda corto a la hora de fijar responsabilidades e identificar con nombre y apellido a los responsables de la crisis financiera que atraviesa la Isla.

Este fue el consenso que recogió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras entrevistar a expertos, funcionarios, activistas y otras fuentes en torno al informe que se divulgó el pasado 20 de agosto.

La Junta rechazó comentar sobre el resultado de la investigación que encomendó hace casi un año a John Couriel y su bufete Kobre & Kim. El portavoz de la entidad, Jose Luis Cedeño, dijo al CPI que no harán expresiones hasta tanto se discuta el tema durante una vista pública el 18 de septiembre.

Pero antes de este cónclave, la Junta anunció la creación de un comite especial, donde cuatro de sus miembros evaluarán el informe y determinarán que harán con sus hallazgos.

La comisión especial quedó compuesta por los miembros Ana Matosantos, David Skeel, Andrew Biggs y Arthur González. Mientras que Carlos García, Jose R. González y Jose Carrión no forman parte del grupo. García y González fungieron como presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), agente fiscal de la Isla, y trabajaron en el Banco Santander, mientras que Carrión tiene vínculos familiares con el Banco Popular, otra de las instituciones financieras que participó de emisiones de deuda pública y que se señala a traves del informe.

El CPI había cuestionado en julio a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, si miembros que puedan tener conflictos de interes se abstendrían de votaciones relacionadas a la investigación comisionada por el ente rector, según requiere el protocolo aprobado en mayo de 2017 para investigaciones como la que realizó Kobre & Kim.

Jaresko dijo que no podía contestar la pregunta debido a que no recordaba el protocolo aprobado el año pasado, según el cual Kobre & Kim recomendaría a la Junta si debe adoptar o no 'hallazgos investigativos' sobre conducta indebida. La Junta evaluaría esta recomendación, y de adoptar hallazgos, debe anunciar que acción tomaría al respecto. Es en este punto que los hallazgos deben ser publicados, 'según sea apropiado bajo PROMESA y cualquier procedimiento de la Junta'.

De las posibles reclamaciones que pudiera hacer el Gobierno identificadas en el informe, el investigador de la Junta opina que el tiempo pasó para la mayoría de ellas, mientras que otras serían difícil de probar en un tribunal.

La entidad -- que representa al Gobierno en el proceso de quiebra -- rechazó contestar si el investigador recomendó a la Junta adoptar hallazgos de conducta impropia, según dispone el protocolo.

El anuncio de la Junta sobre la creación del comite es una nueva estrategia de la entidad que busca mantener el mayor control posible sobre el proceso de investigar la deuda y los actores que involucra, sin importar si al final del día no toma algún tipo de acción a base del informe, opinaron dos abogados consultados por el CPI. El anuncio de la Junta de iniciar una investigación de la deuda se dió en momentos que el comite que representa a acreedores no asegurados en los casos de Título III (UCC en ingles) pedía autorización al Tribunal Federal para investigar instituciones financieras como el BGF, Popular y Santander.

Grupos como el UCC y la comisión que exige un proceso de auditoría ciudadana han tratado infructuosamente de realizar sus propias pesquisas sobre la deuda pública. La Junta y la falta de acceso a información pública han sido dos de los principales obstáculos, según documentos revisados por el CPI.

La potestad de llevar cualquier reclamación del Gobierno relacionada a su deuda se la atribuye la Junta, argumentando que PROMESA le da ese poder exclusivo. Esto incluye levantar en el proceso de quiebra cualquier ilegalidad o irregularidad en emisiones de bonos de Puerto Rico que le evite al Gobierno pagar parte de esa deuda, o cambiar la prioridad de pago entre acreedores.

'Pienso que la Junta quiere ver que sale de esta investigación para realizar cualquier determinación sobre cualquier cosa. No puedo decir que sean mutuamente excluyentes hasta que veamos el informe', dijo Jaresko en junio durante la entrevista al preguntársele si la entidad apoyaba esfuerzos como la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.

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