Seguido de su carta dirigida al Gobierno para desmenuzar los puntos de incumplimiento entre el presupuesto sometido y el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, descartó acudir a los tribunales o al Congreso de los Estados Unidos para resolver las discrepancias.

En su lugar, apostó al diálogo entre las partes y el sumo entendimiento de lo que está en juego: la necesidad de que una isla sumida en una deuda pública de más de $70,000 millones y aún en plena recuperación de una catástrofe natural implemente reformas significativas que aporten a su crecimiento económico.

'Yo creo que nadie quiere ir a la corte. Ciertamente, la Junta no quiere ir a la corte. A nosotros nos gustaría alcanzar un entendimiento, queremos implementar esto sin el costo añadido, no solo financiero, sino todos los costos que conlleva demandarnos uno al otro en la corte. Por eso la Junta ha sido colaborativa y lo más abierta al diálogo posible', reveló Jaresko durante una mesa redonda con la prensa.

Ese coste, a fin de cuentas, lo pagaría Puerto Rico, ya que el presupuesto de la JCF consiste de fondos públicos, al igual que el Gobierno.

El pasado junio, la JCF invocó la Ley PROMESA y dio paso al presupuesto consolidado para Puerto Rico para el año fiscal 2017-2018 con cambios sugeridos al gobierno local que incluían recortes adicionales a la Legislatura.

Esa determinación surgió tras otro desacuerdo entre las partes respecto a las acciones correctivas que el gremio federal recomendó.

En su carta, con fecha de ayer, jueves, Jaresko otorgó al Gobierno hasta el 15 de mayo para someter el presupuesto con los arreglos requeridos.

Su enunciado dista de las decisiones previas de la JCF, pues en agosto de 2017 dejó en manos de la judicatura la reducción de jornada laboral en la Rama Ejecutiva, esto, según una carta enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El pleito fue retirado un mes despues por el ente federal a raíz del paso del huracán María. No obstante, con cada discordia, acecha la posibilidad de retornar a los tribunales.

Rosselló Nevares, por su parte, se ha reafirmado en la Sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles), por entender que los asuntos concernientes a política pública están fuera de la jurisdicción del grupo encargado de las finanzas del País.

La reducción de jornada laboral fungió como un tipo lenguaje restrictivo, ya que su puesta en vigor se justificó como una respuesta a la escasez de ahorros en el Gobierno.

Mira este video de la mesa redonda de hoy:​​​​​​​

En su encuentro con la prensa, llevado a cabo en las oficinas de la JCF en Hato Rey, Jaresko enumeró dos fraseos alternos para motivar el cumplimiento de las metas fiscales.

'El año pasado era específicamente sobre achicar el Gobierno. Este año hay una variedad de lenguajes de aplicación que deben ser incorporados al presupuesto. Es más amplio', aseguró.

Uno de ellos busca reducir o eliminar ciertas tasas de impuestos o eliminar impuestos en ciertas categorías a cambio de ingresos neutrales o fuerza de pago para evitar una reducción en los ingresos del Gobierno.

Mientras, la segunda cortapisa restringiría el cinco por ciento del presupuesto de una agencia en caso de que esta no cumpla con las expectativas de desempeño.

'Los ingresos en Puerto Rico son inciertos luego del huracán. Los comercios están tomando decisiones, los individuos están tomando decisiones literalmente mientras lo discutimos aquí. De tal manera que, mientras el año fiscal transcurre, si la cantidad de ingresos generados no son los que se predijeron, si son significativamente bajos, ese aguante de cinco por ciento no será liberado', explicó Jaresko.

'Si los ingresos se mantienen en línea con lo predicho, pues no hay problema, liberamos esa suma. Es una herramienta de acción que tiene que estar en el presupuesto porque, de otro modo, se gasta todo lo que se planificó que se iba a gastar sin necesariamente tener lo que se iba a gastar', añadió.

Fuera del panorama el Congreso

A medida que los desacuerdos entre el ente federal y el gobierno local continúan, ya resulta común conversar sobre una posible intervención del Congreso en aras de enmendar la Ley Promesa para adjudicarle mayores poderes a la JCF.

Sin embargo, la ejecutiva se reafirmó en el diálogo como vía hacia la resolución, a la vez que rechazó solicitarle auxilio al cuerpo legislativo federal para que sirva de intercesor entre la JCF y el Gobierno con el fin de hacer valer las disposiciones del documento aprobado y certificado el pasado 19 de abril.

'Nadie le está pidiendo al Congreso que atienda estas cosas. […] Todavía es nuestra esperanza que continuemos las discusiones a nivel local, no en el Congreso, y que podamos buscar la manera de implementar reformas, como la laboral, que son necesarias para crecer la economía de Puerto Rico, cambiar y mejorar su competitividad, y que ocurran ahora para no estar pateando la lata por la calle luego', afirmó al ser abordada sobre la reforma laboral.

En el Plan Fiscal, la JCF aprobó una reducción de días feriados y la prohibición de liquidación por concepto de días de la enfermedad y vacaciones, aplicable a los empleados públicos.

A finales de abril del año en curso, el ente federal envió el borrador de legislación que abordaba los cambios en ese renglón. En ellos tambien se incluye un aumento escalonado al salario mínimo condicionado al incremento en la tasa de participación laboral.

A pesar de que --respecto al Plan Fiscal-- ambos grupos han establecido un acuerdo de al menos 80%, la puesta en vigor de la reforma laboral persiste como una de las medidas en que los dos entes de gobernanza difieren.

Según Jaresko, empero, el Plan Fiscal no es un menú del cual se pueden elegir elementos predilectos para utilizar, sino un paquete que debe ser incorporado en su totalidad y de forma precisa.

'Yo creo que es esperado y normal que tengamos este tipo de ida y vuelta, discusión y diferencia de opinión, diálogo, y el intento de entendernos mejor. Creo que fue valioso hacer eso por los pasados cuatro meses hasta llegar al Plan Fiscal certificado. Eso no significa que al final vamos a estar de acuerdo al cien por ciento, pero sí significa que en muchos casos puedes estar de acuerdo en 99 por ciento, 95 por ciento, 90 por ciento, y yo creo que eso es valioso', declaró.