'La transición a una nueva estructura reguladora [de la Autoridad de Energía Electrica] debe ocurrir inmediatamente con una enmienda a la Ley Orgánica de la Comisión de Energía de Puerto Rico que estipule que la Comisión de Servicio Público no tendrá la autoridad para escuchar apelaciones de la Oficina de Energía', estipuló la Junta de Control Fiscal (JCF) en su más reciente versión del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, publicado el miercoles.

Esta enmienda garantizaría que la estructura y financiamiento de la Oficina de Energía quede establecido antes de que se soliciten las ofertas para la privatización de activos de la AEE.

El organismo instaurado por la Ley federal PROMESA certificó el jueves el plan que incluye su descripción de lo que debe ser el regulador de energía.

'El regulador debe tener autonomía para tomar decisiones y la autoridad para aprobar el Plan de Recursos Integrados (IRP, por sus siglas en ingles) así como la revisión de tarifas a intervalos de dos a tres años, consistente con el Plan Fiscal', abundó la última versión del plan fiscal.

No obstante, la Junta aclara que la autoridad de la Comisión de Energía debe tener un periodo de transición hasta que la AEE salga del Título III de PROMESA, proceso con el cual organizaría su deuda de $9,000 millones.

El organismo regulador del sector energetico debe estar compuesto de cinco comisionados que sirvan a termino de seis años, quienes deben ser nombrados de acuerdo a sus experiencia tecnica, con la posibilidad de ser evaluados por un panel independiente de expertos.

Durante el periodo de transición, el gobernador podrá nombrar nuevos comisionados de energía y los fondos de la oficina pueden ser menores, tomando en cuenta que la JCF llevará a cabo algunas de sus funciones, tales como: aprobar los gastos del IRP, autorizar emisiones de bonos a traves del plan de ajuste así como nuevos contratos, sean de concesión de servicios o venta de activos. El regulador tendrá autoridad para atender casos de micro redes y distribución de generación durante este periodo.

Asimismo, debe existir la posición de un defensor independiente del consumidor que puede ser ocupada por alguien designado por la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

El presupuesto de la Comisión de Energía, que idealmente debe rondar entre $20 a $30 millones, vendrá de las tarifas de la AEE, otros cargos y/o el rendimiento de inversiones, pero tendrá que legislarse. No obstante, la Junta deja claro que las tarifas deben aumentarse al menos .0015 centavos el kilovatio hora para reflejar los gastos de las funciones de esta oficina en el proceso de transformación de la corporación pública.

La Junta describió algunas de las autoridades que debe tener la Comisión de Energía, a saber:

Aprobar estructuras tarifarias que minimicen riesgos y anticipen 'shock' del mercado.

Evaluar el rendimiento operacional de la AEE y el total de su estructura de compensación, tomando en cuenta la rentabilidad del capital en el mercado.

Aprobar un IRP que guíe los requisitos de generación y capacidad, incluyendo los acuerdos de compra de energía y otros contratos, así como la certificación de conveniencia y necesidad de generadores.

Aprobar cualquier nueva emisión de deuda o patrimonio al igual que cualquier reorganización o disposición de activos.

Apoyar la integración de recursos renovables, distribución de generación y nuevas tecnologías energeticas, cónsono con el plan fiscal de la AEE.

Contar con los mecanismos para garantizar el refuerzo de eficiencias, órdenes finales y determinaciones.

Solicitar retroalimentación del público en asuntos relacionados a tarifas, IRP y transformación del sistema electrico para compartirlo con la JCF.