Junta impone sus recortes para los trabajadores
El plan fiscal de la Junta de Control Fiscal (JCF) contempla la eliminación del Bono de Navidad de todos los empleados del gobierno, así como la estandarización de los beneficios por seguro de salud de los trabajadores públicos a $100 mensuales a partir del 1 de julio.
Con la eliminación del bono de Navidad, la Junta proyecta que el gobierno se ahorrará $69.9 millones en el próximo año fiscal, aunque su eliminación aún no está contenida en legislación alguna.
Por otro lado, propone reducir otras compensaciones no relacionadas a salarios. Por ejemplo, a partir del 1 de julio se limitarán a 15 los días feriados en el gobierno. Actualmente, son 17 los días oficiales.
Sobre los gastos de seguro medico, el organismo instaurado por la Ley federal PROMESA plantea que actualmente existen diferentes planes medicos con diferentes cubiertas y costo para las agencias, por lo que ordena se uniforme el pago de seguro medico de todos los empleados públicos. Por lo tanto, el Gobierno debe pagar $100 mensuales por empleado.
Según la JCF, estandarizar el pago de los beneficios de seguros medicos redundará en $56.4 millones en ahorros. Menciona como ejemplo que, actualmente, la Autoridad de los Puertos paga un promedio mensual de $487.00 por el seguro de un empleado mientras que en la Comisión Estatal de Elecciones solo se pagan $90.
La medida. que se debe implantar al inicio del próximo año fiscal, no aplica a empleados del Departamento de Educación ni del Departamento de Seguridad Pública.
La última versión del plan fiscal ordena, además, que se extienda la congelación de todo gasto de nómina hasta el año fiscal 2023 con lo que estima $276.6 millones en ahorros adicionales. No solo se extiende la congelación de plazas, sino que ordena que toda plaza que se entienda necesaria abrir debe ser aprobada por la JCF.
Además, queda prohibido que un empleado público acumule días de vacaciones o enfermedad de un año a otro. Tampoco se podrán liquidar días por vacaciones y de enfermedad.
Todas estas medidas deben ahorra $402.9 millones anuales hasta el 2023.
Condicionan aumento al mínimo y lo limitan a mayores de 25
Para los empleados de la empresa privada, el aumento al salario mínimo se propone como una medida para contrarrestar otra serie de medidas de austeridad aplicables a este sector.
Aunque el plan no reconoce directamente las consecuencias que tendrían estas reformas sobre la calidad de vida de los trabajadores, anticipan un 'modesto' aumento al salario mínimo para 'contrarrestar algunas de las protecciones reducidas'. La cuantía de ese aumento podría llegar hasta $1 - cuantía que el gobernador Ricardo Rosselló fijó al anunciar la segunda reforma laboral que posteriormente retiró - pero, tal como la última versión del plan fiscal, sería de forma escalonada y sujeta al cumplimiento de una serie de metas.
Los aumentos, sin embargo, no serían aplicables a trabajadores menores de 25 años. Sobre este detalle, el plan argumenta que mantener estos trabajadores en el mínimo federal de $7.25, 'aumentará oportunidades para que la juventud gane experiencia y destrezas valiosas en la fuerza laboral y evitar empeorar la tasa alta de desempleo juvenil'.
El primer aumento de 25 centavos entraría en vigor tan pronto se elimine el bono de Navidad. Los próximos tres aumentos serían de una peseta cada uno y sujeto al aumento en la tasa de participación laboral, según el Negociado de Estadísticas del Trabajo (BLS por sus siglas en ingles), a 45%, 50% y finalmente a 55%. De lograr esas metas, el salario mínimo alcanzaría $8.25 la hora.