Mientras el gobernador Ricardo Rosselló Nevares promulga el lema 'Puerto Rico está abierto para negocios', convertir la palabra en acción requerirá, más que ajustes fiscales, cambios estructurales en tiempo record.

La carrera contra el reloj, avisada en un análisis de Estudios Tecnicos, Inc. y por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, busca aprovechar la catapulta económica que representa la inyección de fondos federales, otorgados para la recuperación tras el huracán María.

'¿Por que ahora? Si hay algún resquicio de esperanza de ese huracán tan horrendo, no solo es que vamos a reconstruir nuestra infraestructura, sino que esperamos que sea mejor a como estaba. Cuando salgamos de ese período de estímulo, en el cual podemos implementar las reformas, y cuando ese estímulo comience a caer porque los fondos federales disminuyeron por haberse completado el trabajo, hayamos creado una tendencia económica nueva', afirmó Jaresko.

Sus declaraciones formaron parte de un mensaje que brindó ante el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) en la Conferencia de Desarrollo Económico.

En la mirilla inmediata, según Jaresko y Rosselló Nevares, se encuentran tres elementos crónicos: reducción del costo de energía electrica, reforma laboral y facilitar el proceso para hacer negocios en la Isla.

'Puerto Rico está abierto para hacer negocios y no solo eso, lo vamos a hacer más fácil para que se hagan negocios aquí', apuntó Jaresko tras aludir a la posición de la Isla en escalas mundiales que comparan el tiempo que toma a una jurisdicción otorgar permisos o registrar propiedades.

El Primer Ejecutivo, por su parte, exclamó que la carencia de confiabilidad y resiliencia del sistema electrico actual es un factor limitante para, por ejemplo, el crecimiento de negocios locales, por lo que arreglarlo redundaría en retención de empleos.

'En el caso de energía, determinamos que el mecanismo más efectivo para hacer esto ante la crónica deficiencia que hemos tenido en la Autoridad de Energía Electrica (AEE), pues es hacer un modelo de privatización, concesión y de venta de activos a traves de los recursos que se tienen', aseguró, por su parte, Rosselló Nevares.

'Eso nos lleva a donde queremos estar. La privatización no es el fin, es el mecanismo para poder lograrlo', añadió el gobernador, quien se presentó solo.

Alta dependencia en la inversión

A ese dinero proveniente de los Estados Unidos parece adjudicársele gran parte o la totalidad del crecimiento económico de la Isla por los próximos años. Sin embargo, y tal como exclamaron los deponentes, de nada valdrá si no se emplea en reformar estructuralmente al País.

Algunas recomendaciones para el mejoramiento de los sistemas pueden encontrarse en el estudio 'Puerto Rico: A Development Roadmap' --liderado por el economista Joaquín Villamil--, y presentado en la conferencia auspiciada por el CCPA.

Entre las seis áreas esenciales a incorporarse se encuentran: robustecer el sistema industrial, repensar las estrategias de promoción, optimizar el manejo de programas y fondos federales, y definir el rol de los municipios.

Igualmente, en el 2019, se proyecta que el sector de construcción verá una inversión por parte del Gobierno quebrado de un 411.5%.

'Lo que es bastante claro es que el 2019 es el año fiscal que va a recibir el mayor impacto de las compañías de seguro y los fondos federales. Por eso el 2019 va a ser un año donde se va a notar un crecimiento del producto interno bruto', aseguró Villamil en la actividad.

Esta porción más que generosa surgirá luego de la declive de -10% del año fiscal 2017 y de un tímido 29.2% del año fiscal en curso. Luego, para el 2020, ese capital de inversión regresará a las cifras negativas con -16.7%.

En terminos de inversión, Estudios Tecnicos baraja un crecimiento de cinco por ciento entre los años fiscales 2021 y 2025, muy por encima de la base de 0.6% proyectada.

El Plan Fiscal del Gobierno incluye de manera preliminar $49.1 billones como ingresos provenientes de ayuda por concepto de desastre, ya que Rosselló Nevares solicitó al Congreso una friolera de $94 billones.

Sumado a eso, considera $21 billones de seguros privados.

El escrito fija la migración neta para el año 2018 en 140,000 personas. Aunque se espera que la cantidad baje en los años subsiguientes, no sería hasta el 2021 que la suma sería menor a 50 mil.

Estos números contrastan en gran medida con las proyecciones del Plan Fiscal presentado por Rosselló Nevares, en el cual se asumen contracciones poblacionales más severas. Al 2020, por ejemplo, el documento estima que habrán 2.9 millones de habitantes, mientras que el estudio especial señala que sería poco más de tres millones.